La revelación de pagos millonarios del Banco Master a altos funcionarios, dirigentes políticos y miembros del poder judicial agudiza el escándalo de corrupción en Brasil a seis meses de las elecciones presidenciales.
Según información obtenida por el periódico Folha de São Paulo, la última etapa del caso señala transferencias a figuras como el ex presidente Michel Temer, ex ministros, presidentes de partidos y magistrados del Supremo Tribunal Federal.
Los documentos atribuidos al banco y su ex dueño, Daniel Vorcaro, detallan pagos multimillonarios a bufetes y consultoras, incluidos los de políticos activos y miembros del Supremo. Estos vínculos provocaron cuestionamientos sobre la transparencia institucional y el posible impacto en la confianza pública durante la carrera electoral hacia octubre.
Investigaciones basadas en documentos del fisco y remitidas a la comisión parlamentaria de investigación identifican a Daniel Vorcaro, ex propietario del Banco Master y actualmente detenido, como eje de una red de transferencias hacia personalidades de distintos sectores políticos.
Entre 2024 y 2025, el banco pagó 18,5 millones de reales (3,6 millones de dólares) a Henrique Meirelles, ex ministro de Hacienda de Temer y ex presidente del Banco Central con Lula desde 2003 hasta 2010; además de otros 14 millones de reales a consultoras asociadas a Guido Mantega, también ex ministro del actual presidente y de Dilma Rousseff.
La investigación periodística reveló que el bufete del ex presidente Michel Temer recibió 10 millones de reales en 2025, mientras que empresas de Antônio Rueda, presidente de União Brasil (partido de centroderecha), obtuvieron 6,4 millones de reales desde 2023.
También hubo desembolsos a ex ministros como Ricardo Lewandowski, quien además de haber sido juez de la Corte Suprema fue el titular de la cartera de Justicia hasta enero pasado; y a figuras como Antônio Carlos Peixoto Neto, más conocido como ACM Neto, y Ratinho Junior, gobernador de Paraná.
Las defensas de los implicados afirmaron que los pagos respondieron a servicios reales de consultoría o asesoría legal y que todas las operaciones fueron declaradas ante las autoridades fiscales.
Pagos a miembros del Supremo y conflictos de interés
El caso también involucra a jueces del Supremo en actividad, como José Antonio Dias Toffoli y Alexandre de Moraes. El primero se apartó de cualquier decisión vinculada al Banco Master tras revelarse la existencia de negocios entre su entorno y allegados a Vorcaro relacionados con un complejo hotelero.
En cuanto a De Moraes, la atención se centró en los ingresos de su esposa, Viviane Barci de Moraes, cuyo bufete recibió 80,2 millones de reales (15,7 millones de dólares al cambio de hoy) entre 2024 y 2025 por servicios al banco. El bufete negó la veracidad de los datos filtrados y recordó que los registros fiscales permanecen bajo confidencialidad.
El presidente Luiz Inácio Lula da Silva sugirió que De Moraes, siguiendo el ejemplo de Toffoli, debería abstenerse de participar en votaciones ligadas al caso. Sin embargo, el entorno del magistrado rechazó cualquier conflicto de interés.
Repercusiones políticas en pleno año electoral
El escándalo de Banco Master tiene un impacto inmediato en la campaña presidencial de Brasil. Las nuevas filtraciones afectan a ex ministros de distintos gobiernos, dirigentes partidarios y bufetes contratados con sumas millonarias.
Estas revelaciones generan presión sobre los candidatos y organizaciones, poniendo en duda la transparencia del financiamiento político y el papel de los pagos opacos en la obtención de favores institucionales. Los dirigentes implicados insisten en la legalidad de los contratos, aunque parte de los importes fue retenido por obligaciones fiscales.
Mientras tanto, partidos y bloques políticos aseguran que esperan el resultado de las averiguaciones, confiando en la imparcialidad del sistema judicial. Al mismo tiempo, la comisión parlamentaria sigue citando involucrados y Daniel Vorcaro negocia un acuerdo con la justicia, lo que podría arrojar nuevas revelaciones en plena carrera electoral.
Los métodos detectados por el Banco Central muestran el uso de propiedades y sociedades como pantallas para dificultar el seguimiento del dinero y la detección de favores indebidos. El caso refuerza la percepción de que redes de corrupción han penetrado estructuras políticas y financieras en Brasil, complicando la confianza pública en la transparencia institucional.
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