El Régimen Penitenciario de Bolivia rechaza acusaciones de Luis Arce y niega actos de “tortura psicológica”

La Dirección General de Régimen Penitenciario de Bolivia negó, a través de un comunicado, las acusaciones realizadas por el expresidente Luis Arce (2020-2025), quien, a través de una carta publicada el lunes, denunció haber sido víctima de “tortura psicológica” durante los primeros días en prisión y se declaró perseguido político del Gobierno de Rodrigo Paz.

“Se desmienten, de manera categórica, las afirmaciones referidas a la existencia de actos de ‘tortura psicológica’ al interior del Recinto Penitenciario de San Pedro”, señala la nota institucional y añade que “en apego a los principios de transparencia” se dispuso la verificación de los hechos denunciados para detectar si hubo alguna irregularidad.

Arce también reclamó por la grabación y difusión de su imagen dentro del penal sin su consentimiento, luego de que el mes pasado se viralizara un video grabado por un youtuber colombiano que ingresó al penal de San Pedro como quien hace una visita de turismo y lo grabó mientras recibía visitas en un área común. En respuesta, el Régimen Penitenciario señaló que se está investigando el ingreso ilegal de turistas y de equipos de grabación.

La carta manuscrita que el exmandatario publicó en sus redes sociales está dirigida a sus conciudadanos, la comunidad internacional, organismos de Derechos Humanos e “instituciones democráticas”. A través de la misiva, Arce exige que se aplique “el debido proceso” en las investigaciones que enfrenta y se respeten las leyes y la objetividad de jueces y fiscales “sin presiones políticas ni instrucciones por parte del gobierno”.

“Lo que se está haciendo no sólo es venganza, sino también excusa para ocultar la incapacidad y la corrupción de un gobierno que le miente al pueblo boliviano”, escribió el expresidente encarcelado de manera preventiva desde el 12 de diciembre, luego de que una alta exfuncionaria de su Gobierno lo acusara de haberla abandonado cuando estaba embarazada y de negar la paternidad de un supuesto hijo en común.

Arce afirmó que fue privado de libertad sin ninguna notificación previa y sin que existiera una orden legal de aprehensión, calificando el hecho como “un secuestro al margen de la ley”. Adicionalmente, afirmó que todas las solicitudes de su defensa fueron rechazadas, incluida una petición para someterse a exámenes médicos.

El expresidente, que también es investigado por presunto desvío de capitales del Fondo Indígena, mientras fue ministro de Economía entre 2006 y 2017, defendió su inocencia en la carta: “Yo no he robado, yo no he matado, yo no he mentido al pueblo boliviano”, escribió.

Arce concluyó su pronunciamiento calificando el proceso en su contra como una “persecución política, mediática e institucional” y una forma de “venganza”, en el marco de lo que considera un deterioro del Estado de Derecho en el país.

Durante el Gobierno de Arce, organizaciones de derechos humanos estimaron que había más de 200 “presos políticos”, aunque no fueron detenidos simultáneamente. Entre ellos se incluyeron figuras de alto perfil (como líderes políticos de oposición) y también activistas, vinculados principalmente a la crisis política de 2019 que derivó en la renuncia de Evo Morales.

Uno de los casos con mayor repercusión fue el de la exministra de Salud, María Eidy Roca, quien fue detenida por supuestos delitos vinculados a la gestión pública. Durante el proceso, informes médicos reportaron que su estado de salud era crítico y que padecía esclerosis lateral amiotrófica (ELA), una enfermedad degenerativa que la mantenía con parálisis progresiva, asistencia respiratoria y sin capacidad de comunicarse. En esas condiciones, le fue negada la solicitud de cesación de la detención preventiva para someterse a exámenes médicos dentro y fuera del país, lo que generó denuncias de trato inhumano y violación de sus derechos por parte de varios organismos .

El debate en torno al encarcelamiento de opositores está altamente polarizado en Bolivia, donde no se reconoce legalmente la figura de “preso político”. En los últimos años, los gobiernos de turno sostuvieron que se trataba de procesos judiciales por delitos comunes mientras que los acusados y algunas organizaciones civiles los consideraban detenciones con motivaciones políticas.