Brasil anunció medidas para combatir la subida de los precios de los combustibles por la guerra en Medio Oriente

El Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva activó un paquete de subsidios y exenciones fiscales para frenar el aumento de los precios de los combustibles, específicamente diésel, gas licuado de petróleo y combustible de aviación, a raíz del impacto de la guerra en Medio Oriente.

El paquete contempla subsidios directos al diésel refinado y al importado, apoyo económico al gas de cocina y líneas de crédito para aerolíneas, junto con la eliminación temporal de impuestos federales sobre el biodiésel y el queroseno de aviación.

Estas medidas, vigentes al menos por dos meses y prorrogables, buscan contener la inflación provocada por la crisis geopolítica y evitar que el alza alcance a consumidores y sectores clave en Brasil, informaron fuentes oficiales.

El diésel refinado en el país tendrá un subsidio de 80 centavos de real por litro, mientras que el importado recibirá 1,20 reales por litro. Al sumar exenciones anteriores, el apoyo total para el diésel importado alcanzará 1,52 reales por litro.

Para el gas licuado de petróleo (GLP), fundamental para muchos hogares brasileños, el subsidio será de 850 reales por tonelada importada, de modo que el precio final iguale al nacional. El gobierno destacó que esta ayuda está destinada a “reducir el impacto de la guerra sobre el día a día de la población más vulnerable”.

El paquete también elimina los impuestos federales sobre el queroseno de aviación y reserva hasta 9.000 millones de reales en líneas de crédito enfocadas en la reestructuración financiera de las compañías aéreas, que sufrieron por el aumento del 55% en el precio del combustible de aviación anunciado por Petrobras. Estas medidas tienen el propósito de contener el traslado del incremento de los costos a los pasajes y estabilizar el mercado aéreo nacional, según comunicó el Ejecutivo.

Razones y efectos esperados de las medidas de subsidio

Según el ministro de Hacienda, Dario Durigan, la prioridad del Gobierno es “evitar que la población brasileña sea afectada por una guerra en la que Brasil no tiene nada que ver y de la que tenemos una posición crítica”. El Ejecutivo pretende impedir que el choque internacional de precios se traslade a los hogares, el transporte y la producción local.

El Gobierno subrayó la importancia del diésel para la logística y el sector agrícola, así como su efecto indirecto sobre la inflación. E indicó que las acciones buscan aliviar a consumidores y sectores productivos, “reduciendo los efectos internos del shock de precios causado por la guerra”.

Para las familias de menores ingresos, el subsidio al gas de cocina significa una protección inmediata en la canasta básica. El programa Gás do Povo, ampliado en 2026, ya beneficia a 15 millones de familias que reciben entre cuatro y seis recargas anuales, según datos oficiales.

En lo referente al sector aéreo, la previsión oficial es que los créditos y exenciones fiscales permitan amortiguar una posible subida cercana al 20% en el precio de los pasajes, producto del alza en el costo del combustible de aviación.

Contexto internacional e impacto político en un año electoral

El aumento en los precios internacionales del petróleo se originó tras los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán el 28 de febrero, que ocasionaron el cierre del estratégico Estrecho de Ormuz. Como consecuencia, las referencias WTI y Brent superaron los 110 dólares por barril, encareciendo los costos energéticos globales.

Brasil importa un 30% del diésel que consume, lo que incrementa su exposición a la volatilidad mundial y ejerce presión sobre los sectores del transporte y la agroindustria. El efecto de los primeros subsidios implementados a partir de marzo ha sido limitado, debido a la escasa adhesión inicial de grandes importadoras como Vibra, Ipiranga y Raízen.

El contexto de ser un año electoral intensifica la presión sobre el Gobierno de Lula da Silva, que enfrenta la amenaza de una huelga de camioneros y la preocupación ciudadana por la inflación. Frente a ello, la administración reforzó la fiscalización a través de la Agencia Nacional del Petróleo y envió al Congreso un proyecto legislativo para penalizar la manipulación abusiva de precios durante crisis internacionales.

La combinación de subsidios, exenciones y controles regulatorios orienta la respuesta de Brasil frente a la crisis energética global, buscando proteger la economía nacional y garantizar el abastecimiento ante la inestabilidad geopolítica.