Ecuador: allanaron al alcalde de Cuenca en una investigación por enriquecimiento ilícito

La Fiscalía General del Estado realizó la madrugada del 17 de marzo de 2026 varios allanamientos vinculados a una investigación previa por presunto enriquecimiento ilícito contra el alcalde de Cuenca, Cristian Zamora. Las diligencias incluyeron intervenciones en el despacho de la Alcaldía y en al menos dos domicilios relacionados con el burgomaestre, como parte de una indagación que se originó tras información remitida por la Contraloría General del Estado.

El operativo fue ejecutado por personal de la Fiscalía y de la Policía Nacional. Según informó la institución a través de sus canales oficiales, durante las diligencias se recabaron indicios y evidencias que ahora forman parte del proceso investigativo. Entre los elementos levantados constan computadoras, un teléfono celular, dispositivos de almacenamiento digital y documentación relacionada con la investigación.

La intervención en las instalaciones municipales y en los domicilios se enmarca en una investigación por presunto enriquecimiento ilícito, delito que en el Código Orgánico Integral Penal sanciona el incremento patrimonial injustificado de funcionarios públicos durante el ejercicio de sus funciones o en relación con ellas. En este caso, las autoridades buscan determinar el origen de determinados movimientos financieros que habrían sido detectados durante una revisión administrativa.

El propio Zamora confirmó que su vivienda fue allanada durante la madrugada del martes. En un video difundido en redes sociales, el alcalde relató que agentes policiales llegaron alrededor de las 02:00 para ejecutar la orden judicial. Según su versión, el procedimiento se desarrolló sin incidentes y él permitió el ingreso de los uniformados para que cumplieran con las diligencias.

De acuerdo con la información conocida hasta ahora, la investigación se centra en movimientos financieros registrados en cuentas vinculadas al alcalde durante un período aproximado de cinco años, por un monto cercano a los USD 80.000 que, según la indagación preliminar, no contarían con justificación clara en los registros revisados por las autoridades.

Zamora rechazó las acusaciones y afirmó que los recursos cuestionados corresponden a préstamos realizados entre familiares y operaciones vinculadas a actividades empresariales. En sus declaraciones públicas, el alcalde sostuvo que los préstamos familiares son comunes y que los fondos provienen de personas con capacidad económica dentro de su entorno familiar. También señaló que parte de los depósitos investigados corresponderían a préstamos realizados por su padre a una de sus empresas para financiar operaciones.

Según el alcalde, estos movimientos financieros se habrían producido antes de que asumiera la Alcaldía de Cuenca, puesto que los registros examinados por la auditoría se remontarían al año 2020. Zamora agregó que los depósitos mencionados en la investigación fueron documentados mediante instrumentos notariales y que las personas que realizaron algunas transacciones serían trabajadores de su empresa, lo que explicaría su presencia en los registros bancarios.

Tras los allanamientos, el alcalde calificó el procedimiento como parte de una persecución política. “Quieren hacernos daño”, manifestó al referirse al proceso investigativo, y sostuvo que colaborará con las autoridades para aclarar el origen de los recursos cuestionados.

La Fiscalía, por su parte, no ha detallado aún los avances de la investigación ni si se formularán cargos en el corto plazo. El proceso se mantiene en fase de investigación previa, etapa en la que los fiscales recopilan información y evidencias para determinar si existen elementos suficientes que sustenten una acusación formal ante la justicia.

El caso ha generado reacciones en la ciudad de Cuenca. Durante la mañana posterior a los allanamientos, grupos de simpatizantes del alcalde se congregaron en los exteriores de una emisora radial local donde Zamora ofrecía entrevistas, expresando consignas de apoyo a la autoridad municipal.

Mientras tanto, las evidencias recabadas durante los allanamientos serán analizadas por los investigadores como parte del expediente. La Fiscalía deberá determinar si los movimientos financieros observados constituyen un incremento patrimonial injustificado.