Cuba alcanzó un récord de 1.214 presos políticos: “La represión es una constante frente a cualquier expresión de descontento”

Cuba cerró febrero con 1.214 personas detenidas por motivos políticos, según informó Prisoners Defenders en su informe mensual, el mayor registro desde que la organización comenzó a documentar la situación carcelaria en la isla.

En diálogo con Infobae, Javier Larrondo, presidente de la ONG, advirtió que “la represión sigue siendo una constante frente a cualquier expresión de descontento”.

Durante el mes analizado, Prisoners Defenders verificó el ingreso de 28 nuevos presos políticos, mientras que 21 personas salieron de la lista, casi todas por cumplimiento de condenas vinculadas a las protestas del 11 de julio de 2021.

Uno de los nombres que dejó de figurar fue el de Luis Miguel Oña Jiménez, manifestante del 11J fallecido bajo custodia estatal tras años de torturas y abandono médico.

“El régimen ha ocasionado la muerte del preso político del 11J Luis Miguel Oña Jiménez, tras años de encarcelamiento marcados por el abandono médico y la tortura en prisión”, expresó Larrondo a este medio.

El informe describió un patrón de persecución dirigido contra personas sin afiliación política que expresaron críticas a través de carteles, grafitis y publicaciones en redes sociales.

Según la organización, la acusación de “propaganda contra el orden constitucional” se transformó en la herramienta legal más utilizada para justificar largas condenas. Los arrestos suelen ejecutarse sin orden judicial ni garantías procesales, en medio de operativos con allanamientos domiciliarios y citaciones policiales empleadas como emboscadas.

La ONG destacó el caso de 10 ciudadanos panameños encarcelados en Cuba tras llevar ayuda humanitaria y colaborar en la confección de carteles con mensajes de libertad.

“Se los acusa por el contenido de los carteles, no por el hecho en sí, con el cargo de propaganda contra el orden constitucional, lo que constituye censurar penalmente el derecho a la libertad de expresión”, detalló Larrondo. Para la organización, el gobierno de Panamá debe defender su repatriación y reconocer su labor solidaria.

El documento también señaló la muerte de siete presos políticos desde 2023 bajo custodia estatal, todos en contextos de torturas, falta de atención médica o suicidio. Al reciente fallecimiento de Luis Miguel Oña Jiménez, se suman los decesos en los últimos años de Lázaro García Ríos, Yoleisy Oviedo Rodríguez, Manuel de Jesús Guillén Esplugas, Yosandri Mulet Almarales, Geraldo Díaz Alonso y Luis Barrios Díaz, todos condenados por su activismo o participación en protestas.

El reporte incluyó a 31 menores de edad detenidos por razones políticas, cifra confirmada por el propio régimen ante Naciones Unidas. El texto precisó que muchos de estos adolescentes cumplen condena en centros penitenciarios denominados “Escuelas de Formación Integral”, pero gestionados por el Ministerio del Interior y no por el de Educación. Además, 131 mujeres figuran en la lista actual de la ONG, junto a 467 presos con enfermedades graves y 47 con trastornos de salud mental sin acceso a tratamiento adecuado.

Prisoners Defenders documentó casos recientes de represión contra activistas de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU). Entre ellos, Roilán Álvarez Rensoler inició una huelga de hambre tras su detención y fue hospitalizado en estado crítico. Otros activistas, como Arlet Torres Ferrer y Fernando Vázquez Guerra, fueron arrestados después de denuncias públicas o publicaciones en redes sociales.

El caso de Aniel Manuel Martín Barroso, catedrático universitario condenado a diez años por pintar consignas críticas, y el de Felipe Rodríguez Ledesma, de 68 años, detenido por circular con un cartel en su triciclo, ilustran la criminalización de la protesta pacífica.

En febrero también se reportó una protesta en la prisión de Canaleta, en Ciego de Ávila, que fue reprimida por fuerzas especiales del régimen. Testimonios recogidos por la ONG calculan varios muertos, decenas de heridos y traslados masivos de reclusos, mientras las autoridades minimizaron el episodio y sostuvieron que solo se trató de “un incidente controlado”.

“Estas cifras reflejan una realidad preocupante: la criminalización absoluta de la libertad de expresión y la persecución de quienes reclaman cambios políticos en Cuba a manos de un régimen criminal de lesa humanidad en sus últimos estertores, cuya única herramienta de control del poder es la represión más inhumana”, remarcó Larrondo a Infobae.

La organización concluyó que 1.981 personas fueron privadas de libertad por motivos políticos en la isla desde julio de 2021, de las cuales 1.834 ingresaron en prisión en ese periodo.

Los informes mensuales de Prisoners Defenders se distribuyen ante organismos internacionales, gobiernos y entidades de derechos humanos para documentar la situación, y exigir garantías legales y respeto a los derechos fundamentales en Cuba.