Brasil: un narcotraficante internacional apareció entre los inversores del Banco Master

El caso del Banco Master hasta ahora ha sido tratado como un importantísimo caso de fraude financiero. Su fundador, Daniel Vorcaro, según las investigaciones de la Policía Federal, defraudó el sistema financiero brasileño vendiendo títulos no garantizados y trasladando la cuenta al Fondo de Garantía de Créditos (FGC), que es pagado por los principales bancos del país. Sin embargo, ahora el caso parece haber entrado en una nueva y más compleja fase que incluso involucra al narcotráfico internacional. Según una información exclusiva del sitio brasileño ICL Noticias, el fondo con el que Daniel Vorcaro compró en 2017 el Banco Máxima, que luego se convirtió en Banco Master en 2021, habría tenido como inversor a un destacado narcotraficante español, Oliver Ortiz de Zárate Martin. ICL Noticias informa que Ortiz aparece en la lista de suscriptores de fondos administrados por la ex Foco DTVM (hoy Sefer Investimentos) vinculados al Grupo Aquilla en un documento fechado el 30 de octubre de 2015, dos años después de su condena por tráfico de drogas en Brasil.

Según ICL Noticias, la lista de suscriptores de las empresas del Grupo Aquilla de 2015 muestra que Ortiz, a través de persona física y de sociedades, era uno de los inversores del Aquilla Fundo de Investimento Imobiliário, que a su vez invirtió en el Fundo São Domingos, utilizado en la operación de adquisición del Banco Máxima. Una fuente del mercado financiero declaró a ICL Noticias que se trataba de una triangulación financiera mediante la cual el narcotraficante emergía de hecho como inversor del banco de Vorcaro. “Los recursos utilizados para constituir los fondos inmobiliarios y también para la adquisición del Banco Master, que era la institución financiera que le faltaba al Grupo Aquilla para expandir las ramificaciones de sus negocios, provienen del lavado de dinero del narcotraficante Oliver Ortiz”, dijo la fuente del mercado financiero a ICL Noticias, cuyos periodistas tuvieron acceso a documentos relativos a transacciones financieras, “además de expedientes judiciales y registros de la Comisión de Valores Mobiliarios (CVM) que corroboran tales afirmaciones”. Oliver Ortiz era un inversor que compraba terrenos a precios muy bajos en la región de la Baixada Fluminense, en el estado de Río de Janeiro y, posteriormente, los aportaba como capital a cambio de cuotas de fondos de inversión gestionados por Aquilla y administrados por Foco", explicó la fuente del mercado financiero. Y es precisamente esta una de las fraudes señaladas por la Policía Federal en la investigación sobre el Banco Master, que consistía en inflar el valor de los activos dentro de fondos de inversión. Los terrenos, comprados a precios bajos, una vez dentro del fondo eran evaluados al “valor de mercado”. Como el fondo registraba esos terrenos con el nuevo precio más alto, su patrimonio aumentaba, haciendo incrementar también el valor de las cuotas poseídas por Ortiz. El resultado final, además, es que el dinero que provenía del narcotráfico o de operaciones opacas se transformaba en una inversión aparentemente legítima.

Pero, ¿quién es Oliver Ortiz de Zárate Martin? Según los procesos y las condenas que lo han tenido como protagonista, su red incluye las principales mafias y grupos criminales actualmente operantes entre América Latina, Estados Unidos y Europa. Originario de Valladolid, Ortiz había terminado en la mira de la DEA, la agencia antidrogas de Estados Unidos, por un cargamento de 300 kg de cocaína incautado en Australia en 2011 en un velero procedente de Colombia. Fue arrestado en junio de 2013 en Río de Janeiro, donde vivía, acusado de lavado de dinero y tráfico internacional de drogas, por lo cual posteriormente fue condenado. El español también estuvo involucrado en 2017 en la operación Brabo, que reveló una banda criminal responsable del envío de 8 toneladas de cocaína a Europa desde el puerto de Santos. La operación involucraba al PCC, la mafia italiana ’ndrangheta y mafias balcánicas, en particular la serbia. En esa ocasión fueron arrestadas cerca de cien personas. Ortiz estaba entre los estrategas del grupo para el envío de cocaína por vía marítima, siendo además buzo. Según la denuncia del Ministerio Público Federal de Río de Janeiro, para lavar el dinero del tráfico, Ortiz compró inmuebles en Brasil declarados a valores inferiores al real, utilizó empresas pantalla y registró bienes a nombre de testaferros. Las investigaciones demostraron que el narcotraficante poseía áticos, locales nocturnos y restaurantes en Río de Janeiro. El 20 de marzo del año pasado la Policía Federal le notificó la decisión de expulsión de Brasil, tal como establecía la sentencia judicial.

En estos días, otras informaciones surgidas de las investigaciones han encendido la alerta. Según la Policía Federal, el Banco Master mantuvo relaciones financieras con las gestoras patrimoniales Trustee DTVM y Reag Investimentos, involucradas en la anterior operación Carbono Oculto que desmanteló un sistema de fraude y lavado de dinero del Primeiro Comando da Capital (PCC) en el sector de los combustibles. Según el sitio de noticias Metrópoles, el banco utilizó a Reag como agente fiduciario en la compra del Banco Pleno en 2023. El Banco Pleno fue liquidado por el Banco Central en febrero. Las investigaciones de la Policía Federal también revelaron que Vorcaro intentó ocultar 2 mil millones de reales (385,2 millones de dólares) en una cuenta de su padre, también en el gestor Reag. Además, según lo revelado por el diario Folha de São Paulo el pasado febrero, el Banco Master habría realizado alrededor de 2,8 mil millones de reales (539,2 millones de dólares) en transacciones en moneda extranjera para una empresa investigada por sospecha de lavado de dinero vinculado al PCC (Primeiro Comando da Capital) y al grupo terrorista Hezbollah. Esta empresa utilizó cuentas en el Banco Master para comprar bitcoin por cuenta de individuos condenados por lavado de dinero para organizaciones criminales, sin presentar la documentación requerida por el Banco Central en ese momento. Estas remesas ocurrieron entre 2018 y 2021, un período anterior al cambio de nombre y estrategia de la institución, que en ese momento se llamaba Banco Máxima. En febrero, la defensa del Banco Master declaró a Folha de São Paulo que el caso fue objeto de un acuerdo con el Banco Central, que cerró la investigación.

De las investigaciones también emergen los enormes gastos de Vorcaro. Para su fiesta de compromiso en Italia gastó 21 millones de reales (4 millones de dólares), mientras que, según lo reconstruido por el sitio Gazeta do Povo, habría gastado al menos 170 millones de dólares en su vida de jet set, entre viajes a lugares exclusivos e incluso el proyecto de un espectáculo musical en Sicilia con invitados de honor como Andrea Bocelli y Coldplay, que luego no se realizó, pero que, según la prensa brasileña, habría sido igualmente pagado. Durante una fiesta en su casa de Trancoso, en el estado de Bahia, el banquero hizo utilizar un dispositivo de bloqueo de drones normalmente empleado por militares. Además, su hija, a quien Vorcaro dedicó una fiesta de cumpleaños que costó 15 millones de reales (2,9 millones de dólares), fundó la Fundación Solar, según informa su sitio web, de la cual también es embajadora. Entre los propietarios de esta fundación figura el dueño de una empresa citada por la Policía Federal por haber presuntamente pagado a algunos funcionarios del Banco Central para que proporcionaran información privilegiada a Vorcaro. La Fundación Solar, en su sitio web, se presenta como una organización no gubernamental que financia proyectos sociales y educativos en África.

Muchos se preguntan ahora si el Banco Master no fue utilizado por narcotraficantes y por terroristas como Hezbollah, que operan en América Latina, como una caja para mover dinero de un continente a otro y lavarlo. Consultora de compliance del banco era la abogada Derci de Moraes, la esposa del juez del Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, quien quedó en el centro de la polémica por haber negado haber tenido reuniones con Vorcaro a pesar de que la Policía Federal afirmó lo contrario. Por sus consultorías, el despacho de Derci Moraes recibió, por su propia admisión, un pago de 129 millones de reales (24,84 millones de dólares), una cifra considerada por bufetes de abogados entrevistados por el diario O Estado de São Paulo “incompatible con las cifras del mercado”.

Mientras tanto, ha generado polémica la decisión del nuevo juez del caso en el STF, André Mendonça, de autorizar un encuentro entre Vorcaro, recluido en la prisión federal de máxima seguridad de Brasilia —donde también se encuentra el jefe del PCC Marcos Willians Herbas Camacho, conocido como Marcola— y sus abogados sin la videograbación obligatoria en las cárceles federales. Según el sitio Metrópoles, que tuvo acceso al documento firmado por el director interino de la Policía Penitenciaria Federal, José Renato Gomes Vaz, la policía penitenciaria teme que esta decisión pueda crear un peligroso precedente en el sistema penitenciario federal, ya que la grabación obligatoria fue una medida adoptada hace tres años tras graves incidentes registrados en el sistema carcelario federal, como asesinatos de miembros del personal y el envío de órdenes de líderes criminales desde las cárceles.

Por lo tanto, según cómo sea gestionado el caso del Banco Master —si es enterrado o si, por el contrario, es perseguido correctamente dentro de los términos de la ley con una respuesta firme del Estado— podría representar para Brasil un punto de inflexión. Precisamente en estos días se ha reavivado el debate entre Estados Unidos y Brasil sobre la clasificación del Comando Vermelho y del PCC como organizaciones terroristas. El domingo, el ministro de Relaciones Exteriores Mauro Vieira mantuvo una conversación telefónica con el secretario de Estado Marco Rubio. Brasil se manifestó en contra de la propuesta de la administración Trump para evitar darle el fundamento jurídico para posibles incursiones estadounidenses en su territorio, como ya ocurrió en Ecuador junto con el Ejército de ese país. Sin embargo, el gigante latinoamericano manifestó su disposición a cooperar en la lucha contra el narcotráfico.

Seguramente sobre el posible escenario futuro de Brasil también pesan otros factores. En primer lugar, su no participación en el Escudo de las Américas, la alianza militar propuesta por Trump en la región contra el narcotráfico, podría empujar a varios grupos criminales —entre ellos los cárteles mexicanos y las mafias albanesas muy presentes en Ecuador— a trasladarse masivamente a Brasil. También requerirá considerable atención en términos de seguridad la reciente decisión de algunos couriers internacionales de trasladar su hub de clasificación para envíos procedentes de Asia de Miami al aeropuerto de San Pablo Guarulhos. Una decisión que, si no va acompañada de un plan de controles estrictos en coordinación con las autoridades brasileñas, podría funcionar como detonante para el desarrollo de la producción de drogas sintéticas, visto el papel de Asia en la producción de precursores. Cabe recordar que el aeropuerto de Guarulhos, en los últimos años, ha presentado serios problemas en términos de seguridad. Han sido varios los casos de pasajeros desprevenidos en cuyas maletas redes criminales han introducido cocaína dentro del aeropuerto, además de enjambres de drones que lo han sobrevolado para permitir al PCC monitorear sus cargamentos aéreos de cocaína. El último episodio que provocó el cierre durante algunas horas del espacio aéreo sobre el aeropuerto ocurrió hace menos de un mes.