Al menos 46 presos políticos detenidos durante las protestas antigubernamentales de 2021 en Cuba murieron en prisión debido a la negación de asistencia médica, según denunció el martes una coalición de organizaciones civiles.
El 11 de julio de 2021, miles de cubanos salieron a las calles en manifestaciones inéditas desde la Revolución de 1959, que concluyeron con un asesinado, decenas de heridos y cientos de aprehendidos por el régimen cubano.
Entre enero de 2025 y los primeros días de marzo, 46 presos de esas movilizaciones murieron por “negación o retraso deliberado de la atención” médica en cárceles, explicó Camila Rodríguez, directora de la organización de derechos humanos Justicia 11J, durante una audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Ciudad de Guatemala.
Rodríguez aclaró que las muertes corresponden a un monitoreo realizado por grupos de la sociedad civil y que las personas privadas de libertad murieron en prisión o en hospitales a los que fueron trasladadas cuando su estado ya era irreversible.
El recuento abarca un total de 294 casos de detenidos a quienes se les negó atención médica en ese periodo. “Hasta la fecha no tenemos conocimiento de investigaciones independientes ni de funcionarios penitenciarios que hayan sido responsabilizados por estas muertes bajo custodia estatal”, agregó Rodríguez.
Por su parte, Cristhian Jiménez, representante de Amnistía Internacional (AI), afirmó que la privación de libertad en Cuba sigue siendo “una herramienta sistemática de castigo contra quienes ejercen derechos humanos como la libertad de expresión, reunión pacífica, asociación y protesta”.
Jiménez señaló que la excarcelación de más de 500 presos hace un año estuvo marcada por “ambigüedades, discrecionalidad política y ausencia de transparencia”, y que seis personas fueron devueltas a prisión, entre ellas varias calificadas como “presas de conciencia” por AI. “Hoy, un año después, la realidad es inequívoca. La represión en Cuba continúa”, concluyó.
En la audiencia participaron también representantes del Centro de Documentación de Prisiones Cubanas (CDPC), Programas de la Asociación Civil y la Iniciativa para la Investigación y la Incidencia, entre otras organizaciones.
Cabe recordar que el CDPC reportó 59 violaciones a los derechos humanos y la muerte de un recluso por negligencia médica en cárceles cubanas durante enero de 2026. Según el informe difundido, la organización —con sede en México— identificó al menos 31 personas privadas de libertad por motivos políticos, 29 hombres y 2 mujeres, entre las víctimas de estas vulneraciones.
El CDPC lamentó el fallecimiento del preso político Lázaro García Ríos, condenado a 20 años de prisión desde 2022 por cargos de propaganda enemiga y sabotaje. García Ríos fue sometido a una cirugía cardíaca y, pese a que los informes médicos indicaban una recuperación incompleta, fue devuelto a la prisión Combinado del Este en La Habana. Posteriormente, su salud se deterioró y no consta que recibiera atención médica adecuada y oportuna por parte de las autoridades penitenciarias.
La organización documentó casos de violaciones de derechos en 22 cárceles de 14 provincias, siendo Las Tunas (en particular la prisión “El Típico”) la que registró más denuncias. El informe destacó que los grupos más afectados continúan siendo los presos por motivos políticos, personas afrodescendientes y quienes padecen enfermedades crónicas, categorías que pueden coincidir en una misma persona.
El informe describió las condiciones de vida en las prisiones como una “constante generalizada” de alimentación insuficiente y en mal estado, desnutrición severa, escasez de agua potable, infraestructura deteriorada, falta de colchones, presencia de plagas y brotes epidemiológicos sin tratamiento adecuado.
(Con información de EFE)
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