El Tribunal de Cuentas de la UE dice que las comunidades energéticas avanzan mucho más lento de lo previsto

El Tribunal de Cuentas Europeo, en su último informe, destaca que la confusión en torno a la normativa es uno de los principales factores que limita el avance de las comunidades energéticas en la Unión Europea. De acuerdo con la auditoría publicada por el organismo este lunes, las normas existentes en la UE carecen de la claridad necesaria sobre el proceso de creación de estas agrupaciones, la distribución de la electricidad generada entre sus miembros y la comercialización de los excedentes, dificultando así la expansión del modelo energético comunitario. Este escenario ha hecho que el desarrollo de las iniciativas de autoproducción y autoconsumo colectivo se mantenga significativamente por debajo de las expectativas, a pesar de los objetivos establecidos por Bruselas.

Según detalló el Tribunal de Cuentas Europeo, la Unión Europea dispuso que, para 2025, cada municipio de más de 10.000 habitantes debería contar con al menos una comunidad energética. Sin embargo, al inicio del año, solo cerca del 27% de ese objetivo se había materializado en el conjunto de los países miembros. El análisis, basado en auditorías realizadas en Países Bajos, Polonia, Italia y Rumanía, y complementado por una revisión de la labor de la Comisión Europea en la materia, concluye que el ritmo de implantación resulta mucho más lento de lo previsto y deja los objetivos comunitarios lejos de alcanzarse.

En sus primeras previsiones, la Comisión Europea consideró que las comunidades energéticas podrían llegar a representar hasta un 21% de la capacidad instalada de energía solar y un 17% de la eólica en el territorio de la UE para el año 2030. Sin embargo, el informe de los auditores europeos considera ahora estas expectativas excesivamente optimistas debido al rezago evidenciado hasta la fecha. El medio Tribunal de Cuentas Europeo agrega que, junto a la ambigüedad normativa, se suman otros problemas como la demora para conectar nuevas instalaciones a la red eléctrica y la inexistencia de apoyos específicos al almacenamiento de energía, lo que limita el potencial de estas agrupaciones para contribuir a la seguridad y flexibilidad del sistema energético comunitario.

La auditoría subraya la importancia de la energía dirigida por los ciudadanos como motor potencial en la transición hacia fuentes más limpias, aunque advierte sobre las dificultades que aún persisten para materializar ese potencial. João Leão, miembro del Tribunal responsable de la auditoría, afirmó: “A medida que la UE se esfuerza por cumplir sus objetivos climáticos y energéticos, la energía dirigida por los ciudadanos sigue siendo una idea convincente: prometedora en teoría, pero difícil en la práctica”.

Entre las recomendaciones planteadas por el Tribunal, se encuentra la necesidad de que la Comisión Europea aclare el marco normativo, ofrezca un seguimiento más robusto sobre las comunidades energéticas y fortalezca los incentivos para facilitar la participación de los ciudadanos, haciendo especial referencia a los hogares en situación de vulnerabilidad. Según consignó el Tribunal de Cuentas Europeo, estos incentivos resultan fundamentales para que el desarrollo de las comunidades energéticas sea inclusivo y pueda contribuir a la reducción de la pobreza energética.

Ante la publicación del informe, la Comisión Europea indicó que recibe “con satisfacción” las conclusiones de los auditores y valoró el documento como “un claro llamamiento” para redoblar los esfuerzos y apoyar a los Estados miembro en la implantación de marcos regulatorios sólidos. Según reportó el medio Tribunal de Cuentas Europeo, el Ejecutivo comunitario coincide con la mayor parte de las recomendaciones, en especial las que proponen normativa más clara para propietarios en bloques de viviendas, el establecimiento de objetivos concretos, y la creación de sistemas de registro y seguimiento eficaces para controlar el avance de las comunidades energéticas.

Bruselas también subrayó que las comunidades energéticas representan uno de los mecanismos esenciales para impulsar la acción colectiva y ciudadana en materia de energía, y ratificó su compromiso de fomentar su desarrollo en el proceso de transición hacia energías más limpias, según informó el Tribunal de Cuentas Europeo. De acuerdo a la Comisión, en próximas etapas se atenderán especialmente las recomendaciones dirigidas a los países auditados, y se hará un seguimiento puntual a través del futuro Paquete de Energía Ciudadana.

En su valoración, la Comisión remarcó que pondrá particular atención en que el acceso y la participación en las comunidades energéticas resulten posibles para todas las personas, con el objetivo de ampliar el alcance social de estas iniciativas. La integración de hogares vulnerables y la definición de incentivos económicos más efectivos destacan entre las prioridades delineadas tras el informe.

El estudio difundido por el Tribunal de Cuentas Europeo pone en relieve los retos y los retrasos de los procesos de transición energética a nivel local, resaltando la relevancia de diseñar políticas que garanticen tanto la escalabilidad como la equidad en el acceso. Los resultados muestran que, en lugar de converger rápidamente hacia los objetivos marcados, la implantación de las comunidades energéticas requiere de mayores esfuerzos normativos, técnicos y sociales. El seguimiento de las recomendaciones del Tribunal y la respuesta institucional desde la Comisión Europea figuran como los próximos pasos para tratar de acelerar el cumplimiento de las metas fijadas para la transición energética europea.