La Fiscalía General de Cuba instruyó cargos por terrorismo contra los seis detenidos sobrevivientes del incidente armado protagonizado por una lancha rápida con matrícula de Florida que entró la semana pasada en aguas territoriales cubanas.
La dictadura de Miguel Díaz-Canel solicitó prisión provisional para los arrestados, en una causa que incluye la muerte de cuatro tripulantes durante el intercambio de disparos con las Tropas Guardafronteras.
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El comunicado oficial sostiene que la Fiscalía “continuará actuando de conformidad con su encargo constitucional, en el marco de la legalidad, en la defensa de nuestro pueblo y las instituciones del país”. La versión difundida por el Ministerio del Interior (Minint) atribuye a los detenidos la intención de cometer “actos terroristas, promover desorden público y atacar unidades militares”.
Según la reconstrucción de los hechos, los diez tripulantes, todos cubanos residentes en Estados Unidos, zarparon de la Florida de madrugada en dos embarcaciones. Por una falla mecánica, cinco de ellos y el armamento que transportaban se trasladaron a la lancha rápida FL7726SH, que finalmente entró en aguas territoriales cubanas a las 7:10 de la mañana.
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El régimen cubano justificó su accionar al afirmar que la embarcación navegaba con exceso de carga y que, además de diez personas a bordo, transportaba aproximadamente una tonelada y media de armas, municiones y otro material militar.
El centro de mando de las Tropas Guardafronteras detectó la presencia de la lancha a través de medios técnicos y ordenó el envío de una patrulla para identificar el objetivo naval. El encuentro tuvo lugar a unos dos kilómetros de la costa, a más de 10 millas náuticas dentro de aguas cubanas.
Según la versión de la dictadura, el primer disparo provino de la lancha rápida, lo que dio inicio a un tiroteo a corta distancia, aproximadamente 20 metros. El Minint contabilizó 21 impactos de bala en la lancha y 13 en la embarcación de la guardia.
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El régimen cubano presentó frente a la televisión estatal el arsenal incautado: catorce fusiles de asalto y combate, cerca de 13.000 balas de diferentes calibres, tres fusiles AKM, fusiles AM-15, once pistolas, 134 cargadores, chalecos antibalas, escopetas, una planta eléctrica, equipo satelital, un dron, uniformes, diez módulos militares completos, cuchillos, herramientas y otros pertrechos militares.
El jefe del Estado Mayor de la Dirección de Tropas Guardafronteras, Ivey Daniel Carballo, afirmó: “Es armamento de combate” y aseguró que la intervención de las fuerzas cubanas evitó posibles bajas de su lado.
Carballo describió la respuesta de la guardia fronteriza como “correcta, adecuada, enérgica y firme”, señalando que la actuación estuvo “refrendada en modelos de actuación” y que se mantuvo comunicación “casi a tiempo real” con las contrapartes estadounidenses, tanto en la embajada de EEUU en La Habana como en territorio estadounidense.
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El fiscal jefe leal a Díaz-Canel, Edward Roberts Campbell, adelantó que los delitos imputados a los seis sobrevivientes tienen un “marco sancionador elevado” que contempla penas de 10 años de prisión “hasta la privación de libertad perpetua y la pena de muerte”.
Campbell explicó que la investigación continúa y que aún se están definiendo los cargos formales, aunque por el momento la Fiscalía ya solicitó la prisión provisional para los arrestados.
El incidente ocurre en un contexto de elevada tensión diplomática entre Cuba y Estados Unidos, tras la imposición de un asedio petrolero por parte de Washington y el endurecimiento de las demandas de cambio político a La Habana.
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La dictadura cubana insiste en vincular el episodio con actos de terrorismo y sabotaje, mientras que los detalles sobre la operación y los objetivos reales de los ocupantes de la lancha permanecen bajo investigación.
(Con información de EFE)
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