Ecuador se somete a la quinta evaluación del FMI con un posible desembolso en puerta

El equipo técnico del Fondo Monetario Internacional (FMI) iniciará en marzo de 2026 la quinta revisión de metas del acuerdo de crédito vigente con Ecuador, en el marco del Servicio Ampliado del Fondo (SAF), un programa de 48 meses aprobado en mayo de 2024 y ampliado en julio de 2025. De superarse esta evaluación, el país podría acceder a un nuevo desembolso estimado en alrededor de USD 400 millones, según el cronograma previsto del programa.

El acuerdo contempla un financiamiento total equivalente a DEG 3.750 millones —aproximadamente USD 5.000 millones— y tiene como objetivo fortalecer la sostenibilidad fiscal y de la deuda, proteger a los grupos vulnerables, reconstruir los colchones de liquidez, salvaguardar la estabilidad macroeconómica y financiera y avanzar en reformas estructurales orientadas a un crecimiento sostenible e inclusivo. Desde su entrada en vigencia, Ecuador ha recibido desembolsos acumulados por cerca de USD 3.330 millones, tras completar cuatro revisiones previas, según reportó Primicias.

La más reciente evaluación concluida por el Directorio Ejecutivo del FMI fue la cuarta revisión, en diciembre de 2025, que permitió un desembolso inmediato de aproximadamente USD 630 millones. En esa ocasión, el organismo señaló que el desempeño del programa seguía siendo sólido, que se cumplieron todos los criterios cuantitativos de desempeño a finales de octubre de 2025 y que las metas estructurales correspondientes a esa etapa habían sido alcanzadas. Con ese desembolso, el total entregado hasta entonces ascendió a alrededor de USD 3.300 millones bajo el acuerdo vigente.

La quinta revisión evaluará el cumplimiento de compromisos correspondientes al cierre de 2025 e inicios de 2026. Entre las metas estructurales previstas se encuentran la preparación y socialización de un marco conceptual y operativo para actualizar el Sistema Oficial de Contrataciones Públicas (SOCE), así como la aprobación y publicación de un plan estratégico para mitigar riesgos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo identificados en la Evaluación Nacional de Riesgos aprobada en 2024, de acuerdo con medios locales. El cumplimiento de estos hitos, junto con los objetivos cuantitativos en materia fiscal y financiera, es condición para que el Directorio autorice el nuevo desembolso.

Los programas tipo SAF establecen revisiones periódicas que combinan metas cuantitativas —como resultados fiscales, acumulación de reservas o límites al endeudamiento— y compromisos cualitativos o estructurales, que pueden incluir reformas normativas, planes de acción institucional o mejoras en la gobernanza. El esquema opera bajo el principio de desembolsos escalonados: cada tramo se libera una vez que el país demuestra avances en los objetivos acordados.

En el balance macroeconómico más reciente divulgado por el FMI tras la cuarta revisión, el organismo destacó que la economía ecuatoriana mostraba señales de recuperación, con un crecimiento proyectado del PIB real de 3,4% en 2025, baja inflación promedio y superávits en cuenta corriente, lo que contribuía al fortalecimiento de las reservas internacionales. También subrayó avances en la consolidación fiscal y en la reducción de los diferenciales soberanos, aunque advirtió que la economía sigue expuesta a riesgos externos, como la volatilidad de los precios del petróleo y de los mercados financieros internacionales.

De aprobarse la quinta revisión, quedarían pendientes cuatro evaluaciones adicionales hasta 2028 y desembolsos por aproximadamente USD 1.265 millones en el marco del programa actual. Paralelamente, el país enfrenta un calendario creciente de pagos al propio FMI por créditos contratados en años anteriores: en 2026 deberá cancelar alrededor de USD 1.090 millones, cifra que aumenta en 2027 y 2028.

En este contexto, la evaluación prevista para marzo se inscribe en una fase en la que los desembolsos tienden a disminuir progresivamente, mientras el país avanza hacia la parte final del programa. La decisión del Directorio dependerá del grado de cumplimiento de las metas acordadas y de la valoración técnica sobre la consistencia de la política fiscal y de las reformas estructurales en curso.