Los cuatro de Guayaquil: familias exigieron disculpas presenciales del ministro de Defensa

Las familias de los cuatro adolescentes víctimas del caso Las Malvinas –como se llamó jurídicamente a la desaparición forzada que resultó en el asesinato de los cuatro niños de Guayaquil– solicitaron que el ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, comparezca personalmente para ofrecer disculpas públicas y rectificar declaraciones emitidas en las primeras etapas del proceso, luego de que el Tribunal de Garantías Penales notificara por escrito la sentencia que condenó a 16 militares por desaparición forzada con resultado de muerte. El pedido fue formulado el 25 de febrero de 2026 en Guayaquil, en una rueda de prensa convocada por el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH).

La sentencia reconoce la responsabilidad penal de una patrulla militar por la aprehensión y posterior muerte de Josué e Ismael Arroyo, Steven Medina y Nehemías Arboleda, de entre 11 y 15 años, quienes fueron retenidos el 8 de diciembre de 2024 en el sector de Las Malvinas, en el sur de Guayaquil.

Sus cuerpos fueron hallados 16 días después, el 24 de diciembre, en una zona rural vinculada al sector de Taura. El tribunal determinó que la muerte fue consecuencia directa de la desaparición forzada y descartó que el estado de excepción o la obediencia debida puedan justificar la comisión de delitos por parte de agentes estatales.

En el fallo se ordenaron medidas de reparación integral, entre ellas disculpas públicas por parte del Ministerio de Defensa y del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. No obstante, los abogados patrocinadores de las familias sostienen que el texto no precisa la modalidad del acto de desagravio ni los plazos para su cumplimiento, por lo que anunciaron la presentación de un recurso de ampliación dentro del término legal.

Fernando Bastias, integrante del CDH, afirmó que la reparación moral debe concretarse en un acto directo y no únicamente en una declaración formal. Según indicó, el ministro debería “sentarse frente a las familias, disculparse y rectificar” la narrativa que, a criterio de la defensa, afectó la honra de los menores. En la misma línea, el abogado Abraham Aguirre señaló que el Ejecutivo podría ejecutar las disculpas sin esperar la ejecutoria de la sentencia, como una manifestación de cumplimiento de buena fe.

Durante la comparecencia pública, los familiares insistieron en que la decisión judicial restituye la memoria de los adolescentes, quienes, según expresaron, fueron objeto de estigmatización tras su desaparición. En declaraciones posteriores a la notificación del fallo, uno de los padres sostuvo que el reconocimiento judicial de la inocencia de los menores constituye un paso relevante, pero que el acto de disculpas es indispensable para reparar el daño causado a su imagen y a la de sus familias.

El tribunal impuso 34 años y ocho meses de prisión a 11 militares como autores directos del delito de desaparición forzada, mientras que otros cinco recibieron penas reducidas por cooperación eficaz . Dos defensas técnicas presentaron recursos de apelación, por lo que la sentencia aún no se encuentra ejecutoriada.

Además de la condena penal, la sentencia dispuso medidas inmateriales que incluyen disculpas públicas en un medio de comunicación nacional y una ceremonia de desagravio en la Base Aérea de Taura, con la colocación de una placa que reconozca la responsabilidad estatal e institucional. Para las organizaciones de derechos humanos que acompañan el caso, la precisión sobre el “cómo” y el “cuándo” de estas medidas resulta clave para evitar demoras o interpretaciones restrictivas.

El CDH calificó el fallo como un precedente en materia de graves violaciones a derechos humanos y pidió que se aceleren otras investigaciones por desaparición forzada en el país, así como la apertura de archivos institucionales para el esclarecimiento de responsabilidades. Mientras tanto, las familias reiteraron que el acto de disculpas presenciales no es un gesto simbólico menor, sino una condición necesaria para avanzar en el proceso de reparación integral y garantías de no repetición.