El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, promulgó el viernes un nuevo decreto supremo con el que modifica la estructura de la Vicepresidencia del Estado, eliminando ciertas funciones administrativas y limitando sus acciones a tareas de coordinación legislativa y asesoramiento jurídico.
A través del decreto 5552, algunas atribuciones de la Vicepresidencia se reducen a dos instancias —la Unidad de Gestión y Relacionamiento Legislativo y la Unidad de Asesoramiento Jurídico Legislativo—, mientras que el resto de sus direcciones, junto con el personal, el presupuesto y los programas en curso, se transfirieron a cuatro ministerios.
Esta medida, que reduce la autonomía administrativa de la Vicepresidencia, fue cuestionada por el vicepresidente Edmand Lara, quien la calificó como “un duro golpe a la democracia”.
A través de un video difundido en redes sociales, Lara manifestó: “Hoy relegan al vicepresidente a la última expresión, destrozan la estructura de la Vicepresidencia y me ponen bajo dependencia del Ministro de la Presidencia, un ministro puesto a dedo y no mediante voto democrático como ha sido mi persona”.
En un contacto con los medios el lunes, agregó: “Prácticamente soy un empleado de José Luis Lupo (ministro de la Presidencia). Lamentable la situación, no la esperaba”.
Antes del Decreto Supremo 5552, la Vicepresidencia contaba con la Secretaría General, Jefatura de Gabinete, Unidad de Comunicación, Unidad de Archivo Histórico y Biblioteca, Unidad de Auditoría Interna y Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción. De estas instancias dependían siete direcciones y otras 15 unidades administrativas, según su organigrama.
Con la nueva disposición, la Vicepresidencia del Estado cuenta con la Jefatura de Gabinete, la Unidad Técnica de Apoyo Vicepresidencial, la Unidad de Comunicación y Protocolo, la Unidad de Archivo Histórico, Legislativo y Biblioteca, la Unidad de Gestión y Relacionamiento Legislativo y la Unidad de Asesoramiento Jurídico y Legislativo.
“Aunque ahora nos quitaron todas las direcciones, el presupuesto y nos pusieron a disposición del ministro de la Presidencia, nadie puede estar por encima de la Constitución”, afirmó el vicepresidente y llamó a sus seguidores a mantenerse “en estado de emergencia” para evitar que “destruyan la democracia”.
Si bien la norma puede ser cuestionada desde una perspectiva de política, el abogado constitucionalista José Luis Santistevan explicó que se está enmarcada en el ordenamiento jurídico boliviano, que faculta al presidente a modificar la estructura del Gobierno sin necesidad de una ley. “La Vicepresidencia es parte del órgano ejecutivo y está sometida a las decisiones que dicta el presidente en materia administrativa”, señaló.
Esta disputa es la más reciente de una serie de desacuerdos entre las dos primeras autoridades del Estado. Rodrigo Paz y Edmand Lara conformaron un binomio electoral improvisado, constituido horas antes del cierre de la inscripción de candidatos, que mostró sus primeras fisuras después de haber ganado la elección.
A poco más de cien días de gobierno, el quiebre en la relación parece haber llegado a un punto sin retorno. Poco después de la posesión, Lara se quejó de que Paz lo excluía de la toma de decisiones clave y calificó como inconstitucionales algunas determinaciones del gabinete.
A través de videos publicados en TikTok, el vicepresidente también criticó a Paz, llamándolo “mentiroso”, “cínico” y acusándolo de no cumplir promesas de campaña o de gobernar solo “para los ricos”. En medio de la tensión, a mediados de diciembre se declaró “opositor” al Gobierno y alentó protestas contra un decreto que establecía ajustes económicos y de gestión de recursos naturales.
Paz ha evitado entrar en un debate público con su vicepresidente y ha optado por responder con una estrategia de contención institucional frente al conflicto: restarle presupuesto y autonomía administrativa representa el último movimiento en esta disputa política.
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