Una embarcación interceptada en aguas internacionales frente a la costa sur del Ecuador transportaba más de tres toneladas de cocaína cuando fue detenida en un operativo coordinado entre la Armada ecuatoriana y la Guardia Costera de Estados Unidos. El cargamento, que según estimaciones oficiales tendría un valor cercano a los USD 78 millones en el mercado norteamericano, fue incautado tras una operación de inteligencia marítima que culminó con la captura de tres tripulantes ecuatorianos.
La interdicción se produjo en el Pacífico oriental, en un punto cercano al límite marítimo entre Ecuador y Perú, una zona identificada por autoridades regionales como corredor frecuente para el tráfico de drogas hacia Centroamérica y Estados Unidos. De acuerdo con el Ministerio de Defensa, la embarcación navegaba sin documentación habilitante y fue detectada tras el intercambio de información entre unidades navales de ambos países.
La operación se ejecutó bajo esquemas de cooperación bilateral que permiten acciones conjuntas en aguas internacionales. En este caso, personal de la Armada ecuatoriana participó en la localización e interceptación, mientras que la Guardia Costera estadounidense intervino en el aseguramiento del cargamento y la aplicación de protocolos de cadena de custodia. Las autoridades informaron que la sustancia incautada corresponde a aproximadamente 3,12 toneladas de cocaína.
Tras la retención de la nave, los tres ocupantes fueron trasladados al puerto de Manta y puestos a órdenes de la Policía Nacional y de la Fiscalía para el inicio del proceso penal. Dos de los detenidos provienen de Manabí y uno de Salinas, provincias que en los últimos años han sido señaladas como puntos logísticos clave en la salida marítima de droga hacia el exterior. Uno de ellos registra antecedentes por narcotráfico, según confirmó el jefe de operaciones de Manta, mayor Christian Sarmiento, quien indicó que la investigación buscará determinar el punto exacto de embarque y posibles estructuras criminales asociadas.
Como parte del procedimiento, una fracción del cargamento —200 kilogramos— permanecerá en Ecuador para pericias químicas y judiciales, mientras que el resto será trasladado bajo custodia estadounidense para su destrucción, conforme a los acuerdos vigentes de cooperación antidrogas.
El decomiso ocurre en un contexto regional marcado por el incremento de envíos marítimos de gran escala. Informes de agencias internacionales han advertido que las organizaciones dedicadas al narcotráfico han diversificado sus métodos, utilizando embarcaciones pesqueras, lanchas rápidas e incluso semisumergibles para trasladar cargamentos desde la costa del Pacífico sudamericano hacia el norte. Ecuador, por su ubicación geográfica y la infraestructura portuaria que conecta con rutas comerciales internacionales, se ha convertido en un punto estratégico tanto para tránsito como para almacenamiento temporal de droga.
Las autoridades ecuatorianas han intensificado la cooperación con Estados Unidos en materia de interdicción marítima, especialmente después de que el país declarara un conflicto armado interno contra estructuras del crimen organizado. En ese marco, el mar se ha consolidado como uno de los principales escenarios operativos, dado que una proporción significativa de los envíos de cocaína hacia Norteamérica y Europa parte desde el litoral ecuatoriano o utiliza sus aguas como zona de tránsito.
El Ministerio de Defensa sostuvo que esta acción impacta directamente en las finanzas de organizaciones criminales que operan en rutas marítimas. Sin embargo, especialistas en seguridad han señalado en análisis previos que, aunque estos decomisos representan pérdidas económicas relevantes, las estructuras de narcotráfico tienden a absorber los golpes operativos y reconfigurar rápidamente sus rutas.
La investigación ahora se concentrará en establecer la cadena logística que permitió que el cargamento saliera al mar, así como las posibles conexiones con redes transnacionales. La Fiscalía deberá determinar si el caso será procesado íntegramente en Ecuador o si parte de la causa se desarrollará bajo jurisdicción estadounidense, algo que depende de los términos específicos de la operación y de los acuerdos bilaterales aplicables.
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