Más de 50 periodistas, medios y ONG de Ecuador exigieron eliminar sistema de calificaciones de FF.AA. para acreditaciones

Más de 50 periodistas, medios de comunicación y organizaciones nacionales e internacionales firmaron un pronunciamiento público en el que exigen la derogatoria inmediata del sistema de calificaciones y control implementado por el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas (FF.AA.) para regular la acreditación de prensa en eventos institucionales. A la par, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) alertó que los lineamientos militares configuran una “restricción ilegítima” y un mecanismo de censura previa incompatible con estándares democráticos.

El documento suscrito el 12 de febrero de 2026, dirigido al jefe del Comando Conjunto, general Henry Delgado Salvador, sostiene que los “Lineamientos para la coordinación, acreditación y gestión estratégica de medios de comunicación en eventos institucionales de las Fuerzas Armadas” son incompatibles con la Constitución y con los estándares internacionales de libertad de expresión. Entre los firmantes constan Reporteros Sin Fronteras, Fundamedios, Fundación Periodistas Sin Cadenas, Reporteros Sin Fronteras, GK, Ecuador Chequea, La Defensa, Lupa Media, Central360,La Barra Espaciadora, La Fuente así como decenas de periodistas y trabajadores de la comunicación de distintas regiones del país.

Infobae conoció por parte de oficiales de las FF.AA. que hablaron en condición de anonimato que los lineamientos también han causado molestia dentro de la institución militar.

En la carta, los suscriptores afirman que el esquema de acreditación no se limita a aspectos técnicos, logísticos o de seguridad, sino que incorpora criterios basados en la línea editorial, el tratamiento informativo histórico y la denominada “postura institucional” del medio. También cuestionan que el sistema contemple matrices de evaluación con puntajes, clasificación de medios como “afines, neutrales o críticos”, fichas de control e indicadores como el “porcentaje de cobertura positiva” o el “respeto al mensaje institucional”.

Los firmantes consideran que estas disposiciones configuran un régimen de acceso condicionado tanto por el contenido como por la valoración institucional de la crítica. En su criterio, ninguna entidad del Estado puede calificar o discriminar a periodistas y medios en función de su enfoque editorial o de sus coberturas previas. Por ello, exigen la derogación inmediata de los lineamientos y de todos sus anexos, una disposición pública de no aplicación de esos criterios y la adopción de un protocolo de acceso basado exclusivamente en parámetros objetivos y no discriminatorios.

El pronunciamiento se suma a la postura de la Sociedad Interamericana de Prensa, que expresó su “profunda alarma” por los lineamientos emitidos por las FF.AA., al considerar que instauran un sistema de control, evaluación y exclusión que configura censura previa. Según la SIP, condicionar el acceso de periodistas a información pública en función de su línea editorial o de su postura frente a una institución estatal vulnera principios constitucionales y estándares interamericanos que prohíben toda forma de censura.

La organización hemisférica indicó que tuvo acceso al documento oficial y constató que prevé evitar la acreditación de medios cuya actuación sea considerada “perjudicial para la imagen institucional”, establecer evaluaciones periódicas del desempeño informativo y aplicar estrategias para gestionar la participación de “medios no afines”.

El presidente de la SIP, Pierre Manigault, sostuvo que ninguna entidad del Estado puede erigirse en árbitro de la prensa ni decidir qué medios son aceptables en función de su posición editorial, mientras que la presidenta de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, Martha Ramos, señaló que el modelo es incompatible con la democracia y con el rol fiscalizador de la prensa .

Asimismo, la Unión Nacional de Periodistas de Ecuador (UNP), la Federación Nacional de Periodistas del Ecuador (FENAPE) y el Colegio de Periodistas de Pichincha también enviaron una comunicación al alto mando militar solicitando que se dejen sin efecto las disposiciones que, a su juicio, establecen parámetros discriminatorios para el libre ejercicio profesional. Las organizaciones argumentan que el acceso a información de interés público —incluida la relacionada con las Fuerzas Armadas— debe regirse por reglas objetivas, transparentes, verificables y no por criterios de contenido.

Las FF.AA., por su parte, difundieron un comunicado institucional en el que señalaron que los lineamientos no buscan restringir el trabajo periodístico ni afectar el derecho a la información, sino ordenar y planificar la cobertura en eventos oficiales y garantizar condiciones de seguridad en instalaciones estratégicas. La institución afirmó que los procesos de acreditación responden a mecanismos administrativos y preventivos, y reiteró su respeto al rol constitucional de los medios de comunicación.

El debate se produce en un contexto de creciente escrutinio sobre la gestión comunicacional del Estado y ha reactivado discusiones sobre los límites entre seguridad institucional y libertad de prensa. Mientras los gremios y organizaciones sostienen que la acreditación no puede utilizarse como herramienta para premiar coberturas favorables o castigar el periodismo crítico, las autoridades militares insisten en que su objetivo es fortalecer la coordinación comunicacional sin vulnerar la normativa vigente.

Hasta el momento, no se ha informado sobre una eventual modificación del reglamento. Entretanto, la controversia ha escalado al plano internacional con el pronunciamiento de la SIP y el respaldo de múltiples actores del ecosistema mediático ecuatoriano, que demandan garantías de no discriminación y de acceso igualitario a la información pública.