La ONG Human Rights Watch (HRW) expresó su preocupación por el reglamento emitido por el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas de Ecuador que establece un sistema de evaluación y clasificación de medios de comunicación para autorizar su acreditación en eventos institucionales, al considerar que podría abrir la puerta a restricciones indebidas al ejercicio del periodismo.
La organización internacional reaccionó tras la difusión del “Procedimiento de Acreditación, Evaluación y Gestión Estratégica de Medios de Comunicación”, contenido en el informe CCFFAA-DCS-2026-0001, remitido mediante oficio oficial el 28 de enero de 2026 a los comandantes de las tres fuerzas. El documento dispone la aplicación obligatoria de criterios técnicos para invitar y acreditar a medios en actos organizados por las Fuerzas Armadas, en los niveles estratégico, operacional y táctico.
Entre los criterios definidos constan la “línea editorial del medio”, el “tratamiento informativo histórico respecto a las Fuerzas Armadas”, el “rigor informativo y conducta profesional” y la “postura institucional frente al rol constitucional de las Fuerzas Armadas”.
Asimismo, se ordena evitar la acreditación de comunicadores que, de manera reiterada y documentada, mantengan una posición “contraria, desinformativa o perjudicial para la imagen, misión y valores institucionales”.
El informe técnico anexo desarrolla estos lineamientos y señala como uno de sus objetivos “prevenir la participación de medios o comunicadores cuya actuación reiterada resulte perjudicial para la imagen institucional”. También establece una matriz de evaluación con ponderaciones específicas para calificar a los medios, incluyendo su línea editorial (25%), tratamiento histórico (20%), rigor informativo (20%) y postura institucional (10%), entre otros factores. Con base en el puntaje obtenido, los medios pueden ser clasificados como “Apto/Afín”, “Apto Condicionado” o “No Apto para acreditación”.
El reglamento incorpora además fichas de control para medios acreditados y para “medios no afines”, contemplando incluso la “inclusión selectiva” de estos últimos únicamente en eventos de “alto valor simbólico, histórico o patriótico”, cuando su participación pueda “fortalecer la legitimidad y la imagen institucional”. Entre los criterios estratégicos se menciona la posibilidad de generar “validación indirecta” o exponer un “contraste narrativo” frente a medios críticos.
Para Human Rights Watch, la adopción de parámetros vinculados a la línea editorial o a la postura institucional como condición para el acceso a información pública puede ser incompatible con los estándares internacionales sobre libertad de expresión. La organización advirtió que las Fuerzas Armadas, como institución pública, deben garantizar que los mecanismos de acreditación respondan exclusivamente a razones logísticas, de seguridad o de orden público estrictamente necesarias y proporcionales, y no a valoraciones sobre el contenido o el enfoque de la cobertura periodística.
La preocupación de HRW se suma a cuestionamientos de actores nacionales que consideran que la clasificación de medios como “afines, neutrales o críticos” y la posibilidad de negar acreditaciones por mantener posturas contrarias podría configurar una forma de restricción indirecta al derecho a la información. Desde esa perspectiva, condicionar el acceso a eventos oficiales a criterios editoriales podría generar un efecto inhibidor sobre la prensa.
En respuesta a la controversia, el Comando Conjunto difundió un comunicado público en el que aseguró que las disposiciones no buscan restringir el trabajo periodístico ni afectar el derecho a la información, sino “ordenar, planificar y garantizar” una cobertura adecuada y segura en instalaciones militares. La institución sostuvo que los registros y evaluaciones constituyen mecanismos administrativos y preventivos para mejorar la coordinación comunicacional y proteger información institucional.
El debate se produce en un contexto de tensión entre autoridades y medios por investigaciones recientes sobre contrataciones y gestión institucional. Organismos internacionales han reiterado que cualquier regulación que incida en el acceso a información estatal debe cumplir con los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad, y evitar criterios vagos o amplios que permitan decisiones discrecionales.
Human Rights Watch instó a las autoridades ecuatorianas a revisar el reglamento para asegurar que no se utilice como herramienta para excluir a medios críticos o limitar el escrutinio público. También recordó que las Fuerzas Armadas, al ser parte del Estado, están sujetas a obligaciones reforzadas de transparencia y rendición de cuentas, y que el pluralismo informativo constituye un componente esencial de una sociedad democrática.
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