Ecuador anunció ajustes a la tarifa del crudo colombiano tras la suspensión de venta de electricidad de Bogotá

En medio de un cruce de medidas comerciales y energéticas entre Ecuador y Colombia, el Gobierno ecuatoriano anunció una modificación en la tarifa de transporte del crudo colombiano que circula por el Oleoducto de Crudos Pesados (OCP), como parte de una política de “reciprocidad” tras la suspensión de la venta de electricidad desde el país vecino y el anuncio previo de una tasa de seguridad a las importaciones colombianas. El pronunciamiento fue realizado, la mañana de este jueves, por la ministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano, quien vinculó la decisión con la seguridad fronteriza, la balanza comercial y la seguridad energética del país.

“El Ecuador prioriza su seguridad en fronteras, su balanza comercial, así como su seguridad energética. La tarifa de transporte del crudo colombiano por el OCP tendrá la reciprocidad recibida en el caso de electricidad”, escribió la ministra en su cuenta de X. Aunque no precisó montos ni fechas de aplicación, el mensaje dejó en claro que la medida se inscribe en el “ping-pong” de decisiones que siguió al anuncio presidencial de imponer una tasa del 30 % a las importaciones provenientes de Colombia, una iniciativa presentada como “tasa de seguridad”.

Horas antes, el presidente Daniel Noboa había informado que la tasa se aplicaría desde el 1 de febrero a productos colombianos, bajo el argumento de una supuesta falta de reciprocidad y de acciones firmes de Bogotá en la lucha contra el narcotráfico en la frontera común. Según el mandatario, Ecuador ha sostenido esfuerzos de cooperación mientras enfrenta, con escasa contraparte, a grupos criminales vinculados al narcotráfico y la minería ilegal. Posteriormente, la Presidencia precisó que la medida no alcanzaría a donaciones, efectos personales, ayudas técnicas, la venta de electricidad ni los servicios logísticos de hidrocarburos.

Pese a esa precisión, el Gobierno colombiano reaccionó anunciando un gravamen del 30 % a la importación de una veintena de productos ecuatorianos —sin detallar el listado— y comunicó la suspensión de la venta de energía eléctrica a Ecuador, invocando su “soberanía energética”. Ese movimiento reactivó la discusión sobre la interdependencia energética entre ambos países, conectados por una interconexión con capacidad de 400 kilovatios, y recordó el papel de Colombia como proveedor clave durante la crisis energética ecuatoriana de 2023 y 2024, cuando la sequía redujo la generación hidroeléctrica y obligó a racionamientos que llegaron a durar hasta 14 horas diarias.

En ese contexto, la referencia de Manzano a la “reciprocidad” trasladó el foco del intercambio eléctrico al ámbito de los hidrocarburos. El crudo colombiano utiliza el Oleoducto de Crudos Pesados desde 2013, cuando ambos países firmaron un acuerdo para facilitar el transporte y la exportación de hidrocarburos. Ecuador cobra una tarifa por ese servicio, aunque el valor específico no ha sido divulgado.

El OCP es el segundo oleoducto más importante del país y transporta crudos de mayor densidad desde la Amazonía hasta la costa de Esmeraldas, donde se ubican terminales de exportación.

La decisión de revisar esa tarifa introduce un elemento sensible en la relación bilateral, al tocar un servicio estratégico para la salida del petróleo colombiano hacia mercados internacionales.

Analistas del sector advierten que el intercambio de medidas, aun cuando se presente como temporal y condicionado a compromisos de cooperación, puede generar incertidumbre en cadenas productivas y energéticas que dependen de reglas previsibles. También subrayan que, en el marco andino, los flujos de electricidad y de hidrocarburos han estado históricamente regulados por esquemas de integración y disposiciones comunitarias que buscan evitar decisiones unilaterales con efectos desproporcionados.

Mientras tanto, el Gobierno ecuatoriano insiste en que el objetivo central es la seguridad. “La medida se mantendrá hasta que exista un compromiso real para enfrentar juntos el narcotráfico y la minería ilegal en la frontera, con la misma seriedad y decisión que hoy el Ecuador asume”, escribió Noboa. La modificación de la tarifa del OCP, aún pendiente de detalles técnicos, se suma así a una secuencia de decisiones que redefinen, al menos por ahora, la relación comercial y energética entre Quito y Bogotá, en un escenario marcado por la presión política, la seguridad fronteriza y la necesidad de garantizar el abastecimiento energético.