El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, anunció este martes la aplicación de una tasa de seguridad del 30% a las importaciones provenientes de Colombia a partir del 1 de febrero, una medida que, según explicó, responde a la falta de reciprocidad y de acciones conjuntas frente al narcotráfico y la minería ilegal en la frontera común. La decisión se produce un día después de que el presidente colombiano, Gustavo Petro, publicara un mensaje en el que pidió la liberación del exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glas, condenado por corrupción, alegando presunta “tortura psicológica”.
En un mensaje difundido en su cuenta oficial en X, Noboa sostuvo que su Gobierno ha realizado “esfuerzos reales de cooperación con Colombia”, incluso asumiendo un déficit comercial que, según afirmó, supera los USD 1.000 millones anuales. Sin embargo, señaló que mientras Ecuador ha insistido en el diálogo bilateral, sus fuerzas armadas continúan enfrentando en la frontera a grupos criminales vinculados al narcotráfico “sin cooperación alguna” del lado colombiano. Bajo ese argumento, el mandatario justificó la imposición de la tasa como una medida de presión para forzar compromisos concretos en materia de seguridad.
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La disposición, definida por el Ejecutivo como una “tasa de seguridad”, se mantendrá vigente hasta que exista, según Noboa, un compromiso real para enfrentar de manera conjunta el narcotráfico y la minería ilegal en la frontera, con la misma “seriedad y decisión” que —afirmó— hoy asume Ecuador. El anuncio introduce un componente económico en una relación bilateral ya tensionada por diferencias políticas y declaraciones cruzadas en los últimos días.
El contexto inmediato de la medida está marcado por el pronunciamiento público de Petro sobre la situación judicial de Jorge Glas, quien cumple una condena de ocho años de prisión por el caso Sobornos 2012-2016. En su mensaje, el mandatario colombiano calificó a Glas como “vicepresidente de la República del Ecuador, ciudadano colombiano” y sostuvo que debía ser liberado, comparando su situación con la de presos políticos en Venezuela y Nicaragua. Petro aseguró, además, que el estado físico de Glas evidenciaría un supuesto cuadro de “tortura psicológica”, afirmaciones que generaron rechazo en sectores del Gobierno ecuatoriano y reavivaron el debate sobre la injerencia en asuntos internos, según conoció Infobae.
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Aunque Noboa no mencionó directamente el tuit de Petro en su anuncio sobre la tasa del 30%, la cercanía temporal entre ambos hechos ha sido interpretada por analistas como un nuevo episodio de fricción diplomática. Desde la óptica del Ejecutivo ecuatoriano, la seguridad en la frontera norte se ha convertido en un eje central de la política gubernamental, en un contexto de escalada de violencia asociada al crimen organizado y de creciente presión interna para mostrar resultados concretos.
Colombia es uno de los principales socios comerciales de Ecuador en la región andina, con un intercambio significativo de bienes industriales, alimentos y productos de consumo. Incluso, Ecuador ha comprado energía a Colombia para solventar la demanda interna.
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Desde el ámbito diplomático, la medida plantea interrogantes sobre su compatibilidad con los compromisos de integración regional y con los mecanismos de solución de controversias existentes. También abre un nuevo frente en una relación bilateral históricamente compleja, marcada por la cooperación en seguridad, pero también por episodios de desconfianza y desacuerdos políticos.
La decisión del Ejecutivo ecuatoriano abre un flanco jurídico en el marco de la Comunidad Andina (CAN), de la que Ecuador y Colombia forman parte. El Acuerdo de Cartagena prohíbe la imposición de aranceles o gravámenes de efecto equivalente a las importaciones intracomunitarias, salvo excepciones específicas vinculadas a seguridad nacional u orden público.
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Aunque el Gobierno ha calificado la medida como una “tasa de seguridad”, su aplicación general a productos colombianos podría ser interpretada como un gravamen restrictivo del comercio andino si no se enmarca formalmente en los mecanismos excepcionales previstos por la normativa comunitaria, lo que abriría la posibilidad de una controversia ante las instancias del sistema andino.
Todavía se espera una reacción oficial de Bogotá y pronunciamientos de los gremios empresariales.
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