El número de funcionarios del sector público en Panamá continuó al alza y alcanzó en octubre de 2025 un total de 266,586 empleados, según el más reciente informe de la Contraloría General de la República.
La cifra representa un incremento interanual de 6,730 funcionarios frente a octubre de 2024, lo que equivale a una variación de 2.6%, en un contexto marcado por presiones fiscales y un desempeño débil de los ingresos del Estado.
Del total de funcionarios registrados, 243,206 corresponden a personal permanente y 23,380 a eventuales. La mayor parte de la planilla se concentra en el Gobierno Central, que agrupa a 172,196 funcionarios, mientras que el sector descentralizado suma 94,390 empleados.
El crecimiento anual estuvo impulsado principalmente por el aumento de funcionarios permanentes, que se incrementaron en 6,517 personas, mientras que los eventuales crecieron en 213.
En términos mensuales, la planilla estatal también mostró una expansión. En comparación con septiembre de 2025, el número de funcionarios aumentó en 1,332 personas, un crecimiento asociado principalmente a contrataciones en entidades del Gobierno Central.
Entre las instituciones que más incrementaron su personal en el último año destacan el Ministerio de Salud, con 2,729 funcionarios adicionales; el Ministerio de Seguridad Pública, con 1,299; el Ministerio de Educación, con 683; el Ministerio de Obras Públicas, con 531; además de la Caja de Seguro Social, la Procuraduría General de la Nación, el Órgano Judicial y el Ministerio de la Presidencia.
El aumento de la planilla también se refleja en el gasto salarial. En octubre de 2025, el sueldo bruto del sector público totalizó $451.1 millones, lo que representa un incremento de $17.7 millones frente al mismo mes del año anterior.
De ese monto, $422.7 millones correspondieron a funcionarios permanentes y $28.4 millones a eventuales. En comparación con septiembre, el gasto mensual en planilla aumentó en $2.3 millones, equivalente a una variación de 0.5%.
Entre enero y octubre de 2025, el gasto acumulado en sueldos del sector público ascendió a $4,338.8 millones. En el mismo periodo de 2024, el monto fue de $4,284.2 millones, lo que implica un aumento interanual de $54.6 millones, equivalente a un crecimiento de 1.3%.
El Gobierno Central concentró $2,701.2 millones del gasto acumulado, mientras que el sector descentralizado representó $1,637.6 millones.
Esa cifra de gasto salarial acumulado en 10 meses es comparable al costo actual estimado de grandes obras de infraestructura en el país, como la construcción de la Línea 3 del Metro de Panamá, un proyecto de 25 kilómetros que incluye un túnel por debajo del Canal de Panamá, un contraste que suele aparecer en el debate público cuando se discuten prioridades presupuestarias y margen de inversión.
El Ministerio de Educación se mantiene como la entidad con mayor peso dentro de la planilla estatal, con un gasto acumulado de $1,072.3 millones entre enero y octubre, seguido por el Ministerio de Seguridad Pública y el Ministerio de Salud.
Estas tres instituciones explican una proporción significativa del crecimiento tanto en número de funcionarios como en gasto salarial.
El comportamiento de la planilla estatal ocurre en un contexto fiscal complejo. Las calificadoras de riesgo han advertido de manera reiterada que el crecimiento sostenido del gasto corriente, particularmente en salarios, limita la capacidad del Estado para ajustar sus finanzas y atender compromisos estructurales como el servicio de la deuda y las transferencias obligatorias.
En informes recientes, firmas como Fitch Ratings y Moody’s han señalado que el aumento de la masa salarial reduce el margen de maniobra fiscal, especialmente cuando los ingresos tributarios muestran una evolución más lenta de lo previsto.
En esa misma línea, el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, y el presidente José Raúl Mulino han reconocido que reducir el gasto en salarios es particularmente complejo, en parte por la existencia de leyes especiales que establecen incrementos obligatorios para educadores, estamentos de seguridad, médicos y otros profesionales del sector público.
Esa rigidez, han señalado, dificulta ajustes rápidos del gasto corriente y obliga a que cualquier estrategia de contención se apoye en reformas de mayor alcance, mejoras de eficiencia y revisiones de estructuras salariales y de contratación.
Las agencias también han subrayado que, si bien parte del crecimiento responde a necesidades operativas en sectores como salud, educación y seguridad, la rigidez del gasto en planilla dificulta la consolidación fiscal y aumenta la presión sobre el déficit.
En ese contexto, han recomendado fortalecer los controles sobre el crecimiento del empleo público y mejorar la eficiencia del gasto, como parte de una estrategia más amplia para estabilizar las finanzas públicas.
Con los ingresos del Estado aún por debajo de las proyecciones iniciales y una elevada dependencia del gasto corriente, el desempeño de la planilla pública seguirá siendo un indicador clave para evaluar la sostenibilidad fiscal de Panamá en los próximos meses.
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