Lula vetó la ley que reduciría la pena de Jair Bolsonaro y otros condenados por el intento de golpe en Brasil

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, vetó este jueves de forma integral el proyecto de ley aprobado por el Congreso que busca aminorar las penas del ex mandatario Jair Bolsonaro, condenado a 27 años de prisión, y de otros participantes en la conspiración golpista ocurrida tras las elecciones de 2022.

La negativa del jefe de Estado se firmó durante un acto conmemorativo celebrado en Brasilia, en el tercer aniversario del asalto a las sedes de los tres poderes perpetrado por simpatizantes de Bolsonaro.

El veto de Lula puede ser derrumbado por el mismo Congreso Nacional, que está en condiciones de aprobar el proyecto legislativo sin la firma del mandatario.

La propuesta, avalada por el Senado brasileño, contempla una rebaja sustancial de las penas para los implicados en el asalto a las instituciones ocurrido el 8 de enero de 2023, con reducciones de hasta un 70% en algunos casos.

Según Lula, es fundamental esclarecer todos los detalles de lo sucedido, antes de considerar cualquier medida de clemencia. “Todavía no ha acabado el proceso”, había indicado el mandatario en diciembre, reafirmando la necesidad de preservar la memoria democrática para evitar riesgos futuros.

El propio Bolsonaro, condenado a 27 años de prisión como cabecilla de la trama golpista, podría ver reducida su pena mínima a dos años y cuatro meses en régimen cerrado si el proyecto legislativo entra en vigor. Actualmente, el ex presidente cumple condena en una sala especial de la sede de la Policía Federal de Brasilia.

La iniciativa fue impulsada originalmente por sectores de la oposición que promovían una amnistía general, pero en el Congreso fue reformulada para acotar su alcance exclusivamente a los crímenes contra el Estado Democrático de Derecho.

El senador Esperidião Amin, relator del proyecto, enfatizó que no se trata de un perdón indiscriminado, sino de una revisión de la proporcionalidad de las penas para evitar castigos excesivos. “La intención siempre fue corregir distorsiones en las condenas vinculadas a los hechos del 8 de enero”, explicó durante la sesión en diciembre.

La norma había sido aprobada con 48 votos a favor y 25 en contra, y llegó al pleno tras un acuerdo de procedimiento entre oficialismo y oposición para acelerar su tratamiento antes del cierre del año legislativo.