El vicepresidente de Bolivia, Edmand Lara, anunció un proyecto de ley para frenar los decretos de Rodrigo Paz

La propuesta legislativa será presentada formalmente este jueves y pretende limitar la vigencia de medidas impulsadas desde el Ejecutivo, incluyendo disposiciones recientes que modifican políticas nacionales sobre subsidios y atribuciones presidenciales

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El vicepresidente de Bolivia, Edmand
El vicepresidente de Bolivia, Edmand Lara, intensifica la interna en el Ejecutivo de Bolivia (EFE/Luis Gandarillas)

Edmand Lara, vicepresidente de Bolivia, continúa siendo un dolor de cabeza para el titular del Ejecutivo y, en esta ocasión, anunció que presentará un proyecto de ley para frenar los decretos emitidos por el presidente Rodrigo Paz que considera “inconstitucionales”, entre ellos el que eliminó la subvención a los combustibles vigente por más de veinte años.

“En el transcurso de mañana presentaremos un proyecto de ley para poner un alto a esos decretos inconstitucionales. Y pedimos a todos los senadores y diputados del país ponerse la mano al pecho, pensar en el país porque la solución está en la Asamblea”, informó Lara.

A través de un video publicado en TikTok, la plataforma donde suele tener una presencia activa e intercambia diálogo con sus seguidores, centró sus críticas en el decreto 5503, que retiró la subvención de los combustibles, y también cuestionó el decreto 5515, que habilita a Paz a ejercer sus funciones presidenciales por medios tecnológicos en caso de ausencias temporales del país.

Paz, investido presidente el 8 de noviembre, podría realizar su primer viaje internacional como mandatario para participar en el Foro Económico Mundial (WEF) en Suiza, entre el 19 y 23 de enero. Esto implicaría dejar temporalmente el mando en manos del vicepresidente Edmand Lara, con quien mantiene marcadas diferencias.

Lara destacó que la alianza Libre, liderada por el ex presidente conservador Jorge “Tuto” Quiroga, emitió un comunicado rechazando los decretos y anunció que impulsará acciones para que ambos sean reconducidos al marco constitucional.

El vicepresidente y presidente de
El vicepresidente y presidente de la Asamblea Legislativa de Bolivia, Edman Lara (REUTERS/Claudia Morales)

El decreto 5503 fijó nuevos precios de 6,96 bolivianos (un dólar) por litro de gasolina especial, 11 bolivianos (1,58 dólares) para la gasolina premium y 9,80 bolivianos (1,40 dólares) para el diésel, lo que representa incrementos de hasta un 86% y 162% respecto a los valores subvencionados que estuvieron vigentes más de dos décadas.

En un mensaje reciente, Lara reconoció que la subvención a los combustibles debía eliminarse “en algún momento”, pero cuestionó la forma y el momento elegidos para hacerlo. El ex oficial de policía criticó el decreto al mencionar que varios de sus artículos serían “contrarios” a la Constitución, que “usurpan funciones” del Legislativo, que “ponen al servicio de empresas transnacionales” los recursos naturales bolivianos o que “atentan contra el Estado de derecho”.

La Central Obrera Boliviana (COB), que fue aliada de los gobiernos de Evo Morales y Luis Arce, lleva dos semanas de protestas callejeras y convocó a bloqueos de rutas, actualmente cumplidos por sindicatos campesinos, también cercanos al Movimiento al Socialismo (MAS).

La relación entre Paz y Lara comenzó a tensarse desde su victoria en la segunda vuelta electoral. Lara sostiene que ha sido marginado del Gobierno, al que critica frecuentemente y acusa de supuesta corrupción, llegando incluso a declararse en “oposición constructiva”.

El Tribunal Constitucional de Bolivia
El Tribunal Constitucional de Bolivia analiza recursos contra dos decretos de Rodrigo Paz

Por su parte, el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) de Bolivia recibió acciones de inconstitucionalidad contra los decretos supremos 5503 y 5515, emitidos recientemente por el presidente Rodrigo Paz.

La presidenta del TCP, Paola Prudencio, informó que las demandas están siendo analizadas en la Comisión de Admisión, aunque no precisó el número exacto de acciones presentadas. Prudencio explicó que estos recursos deberán seguir el procedimiento establecido en el Código Procesal Constitucional.

Sin embargo, la resolución final podría verse afectada por la falta de quorum en el tribunal, tras la salida de los jueces que estaban prorrogados en sus cargos. Actualmente, la sala plena cuenta con solo cuatro magistrados electos, mientras que la ley exige al menos cinco votos para decidir sobre acciones de control normativo, inconstitucionalidad y recursos de nulidad.

(Con información de EFE)