El Tribunal Constitucional de Bolivia analiza recursos contra dos decretos de Rodrigo Paz

El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) registró acciones de inconstitucionalidad en contra de dos decretos supremos emitidos en las últimas semanas por el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz: el 5503 y 5515.

Según informó la presidenta del TCP, Paola Prudencio, las acciones están en análisis en la Comisión de Admisión. “El TCP ha recibido una serie de acciones de inconstitucionalidad relativas a estos dos decretos”, afirmó sin precisar la cantidad de acciones presentadas y dijo que éstas deben seguir el trámite establecido en el Código Procesal Constitucional.

Sin embargo, la determinación final puede quedar trunca debido a la falta de quórum en el TCP tras la salida de los jueces que estaban prorrogados en sus cargos.

Actualmente la sala plena está conformada por cuatro magistrados electos, cuando la ley exige al menos cinco votos para resolver acciones de control normativo, acciones de inconstitucionalidad y recursos de nulidad.

El magistrado Ángel Dávalos explicó que para resolver el fondo de estas y otras acciones, es necesario contar con una ley que establezca el funcionamiento provisional del TCP en sus condiciones actuales.

“Estamos esperando la decisión de la Asamblea Legislativa de emitir una ley corta de funcionamiento provisional del Tribunal Constitucional, que permita contar con quórum y emitir un pronunciamiento”, afirmó Dávalos citado por el periódico La Razón. “Las autoridades de la Asamblea lo saben, por eso es importante un pronunciamiento rápido e inmediato para dar tranquilidad y seguridad jurídica respecto a estos temas”, afirmó.

La promulgación de dos decretos supremos genera controversia en Bolivia. El primero, el 5503, incluye una serie de medidas económicas para enfrentar la crisis fiscal, como la eliminación del subsidio a los combustibles y el incremento de bonos sociales.

Sin embargo, otros artículos como el que establece un mecanismo de aprobación expedita de contratos de inversión sobre recursos naturales por decreto genera polémica porque la Constitución Política del Estado (CPE) establece que éstos deben ser validados por la Asamblea Legislativa y que deben contar con estudios ambientales y procesos de consulta previa a comunidades afectadas lo que, según algunos analistas, sería omitido por la estrechez de los plazos fijados en el decreto.

La otra norma en cuestión es la 5515 que faculta al presidente Paz para gobernar a distancia por medios tecnológicos cuando se encuentre temporalmente fuera del país. El decreto fue promulgado el 29 de diciembre tras confirmar su participación en el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, entre el 19 y 23 de enero.

Este decreto busca evitar que el vicepresidente Edmand Lara, con quien se han expuesto profundos desacuerdos, asuma el mando del país. Este decreto estaría en contradicción con el artículo 169 de la CPE que establece que ante la ausencia temporal del presidente, el mando del país lo asume el vicepresidente y a falta de éste, el presidente del Senado y de Diputados, en ese orden.

El Decreto Supremo 5515 ha generado amplio debate en las últimas semanas. Por un lado, el Gobierno defiende la norma bajo argumentos que giran en la modernización del ejercicio del mando presidencial, la seguridad jurídica y la prevención de discrepancias políticas; pero enfrenta observaciones de analistas y abogados constitucionalistas.

El analista y exdirector del Observatorio Político de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, Daniel Valverde, apunta que las atribuciones de las dos principales autoridades del país están delimitadas en la CPE y afirma que “no puede un gobernante autoregularse y establecer la manera en que ejercerá sus funciones, excepto que sea una monarquía o dictadura, y se disuelva la soberanía popular”.

El analista señala que si bien es posible realizar una reforma constitucional que regule el ejercicio de la “presidencia digital”, por lo pronto corresponde ajustarse a las normas vigentes.

Fuera de las consideraciones jurídicas, Valverde señala que al tratarse de un conflicto de carácter político, “lo responsable serían que antes de deportillar la CPE, Paz y Lara, se confinen en una bóveda con temperatura bajo cero, hasta encontrar una salida política que les permita compatibilizar sus diferencias, coordinar y convivir los 5 años de mandato”.