El Gobierno de Rodrigo Paz abre diálogo con otros sectores por el decreto 5503 mientras persisten los bloqueos

El miércoles amaneció con 13 piquetes contra el decreto que establece medidas económicas para enfrentar la crisis. Ante la resistencia de la Central Obrera, el Gobierno busca acuerdos con otros sectores

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A person stands amid tear
A person stands amid tear gas as miners affiliated with the Central Obrera Boliviana (COB) clash with riot police after taking part in the "Bolivia is Not for Sale" march against Decree 5503 and rising diesel and gasoline prices, in La Paz, Bolivia, January 5, 2026. REUTERS/Claudia Morales

En el segundo día de bloqueos, se registran al menos 13 cortes de ruta en Bolivia, la mayoría concentrados en el norte y el occidente del país. La Central Obrera Boliviana (COB) encabeza la medida de presión a la que se sumaron otros sectores que reclaman la abrogación del Decreto Supremo 5503 que establece una serie de medidas económicas para enfrentar la crisis fiscal que atraviesa el país.

El lunes, los dirigentes de la COB abandonaron una reunión con el Gobierno luego de protagonizar una marcha de tres días —a la que denominaron “Bolivia no se vende”— en rechazo a la negativa de abrogar la norma. A partir de entonces, advirtieron con radicalizar sus protestas y bloquear caminos a nivel nacional.

La propuesta de la COB busca separar el contenido de decreto promulgado por el presidente Rodrigo Paz el 17 de diciembre: por un lado establecer la subvención de los combustibles y el incremento de bonos sociales que ya están contenidos en la norma actual; y por otro, remitir a la Asamblea Legislativa otros artículos del decreto que según los dirigentes de los trabajadores merecen un tratamiento diferenciado.

Mineros afiliados a la COB
Mineros afiliados a la COB marchan en La Paz en rechazo a las medidas económicas del Gobierno. 29 de diciembre de 2025. REUTERS/Claudia Morales

La polémica gira básicamente en torno a un nuevo procedimiento administrativo para los contratos de inversión sobre recursos naturales. El decreto establece un mecanismo “fast track” de aprobación expedita mediante decreto, lo que según analistas eliminaría el rol de la Asamblea Legislativa y omitiría otros requisitos constitucionales, como los estudios ambientales y la consulta previa en comunidades afectadas, por la estrechez de los plazos definidos.

Mientras la COB persiste con las protestas y exige la eliminación de la norma y la liberación de afiliados detenidos en las protestas del lunes, el gobierno busca lograr consensos con otros sectores. El martes hubo una reunión entre dos ministros y representantes de más de 40 organizaciones sociales para explicar el contenido del decreto, aclarar observaciones y escuchar las preocupaciones en torno a las medidas.

“Todo lo que son bloqueos es el pasado, el pasado ya no puede estar dentro de los bolivianos, lo que nosotros hacemos es dialogar con todos los sectores. La COB está invitada a dialogar, es la idea tener este tipo de diálogo maduro, no podemos cerrarnos”, manifestó el ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora.

Para este miércoles se tiene previsto otro encuentro entre el Gobierno y sectores sociales, pero no se ha confirmado la presencia de la Central Obrera. Félix Nina, dirigente del ente obrero en La Paz, condicionó la presencia del movimiento de los trabajadores a la liberación de al menos 20 detenidos el lunes, durante los enfrentamientos que hubo en La Paz al finalizar la marcha.

Si bien algunos ministros han manifestado que existe disposición para hacer ajustes al decreto, descartan la abrogación de la norma.

“Abrimos un espacio de diálogo, pero lamentablemente (la COB) venía sólo con una consigna: abrogación del 5503. Obviamente la respuesta es no, el 5503 no se va a abrogar”, manifestó el ministro de la Presidencia, José Luis Lupo en una entrevista con el medio El Deber. Sin embargo, señaló que están “abiertos a discutir artículo por artículo” para ver si hay “alguna corrección, mejora o contribución”.

En ese contexto, las negociaciones entre el movimiento obrero y la administración de Rodrigo Paz están en punto muerto: por un lado, la intransigencia de dialogar hasta que no se abrogue el decreto y, por otro, la negativa categórica del Gobierno a dar marcha atrás.

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