Tras ser arrestado, el ex ministro de Luis Arce sumó al menos tres denuncias penales por secuestro, torturas e inacción

Al menos tres denuncias penales por presuntos delitos de secuestro, inacción y torturas fueron presentadas este martes contra el exministro de Gobierno (Interior) y ex candidato presidencial Eduardo del Castillo, pocas horas después de que fuera detenido en el aeropuerto internacional de Viru Viru, en Santa Cruz, acusado de “obstrucción a la Policía” cuando intentaba viajar a Chile junto a su familia.

El Gobierno informó que el arresto se produjo de madrugada, luego de que Del Castillo se negara a someterse a una inspección protocolar de documentación y equipaje en el principal aeropuerto del país, ubicado en la región oriental. Tras el incidente, efectivos policiales lo trasladaron a dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), donde permanece a la espera de que el Ministerio Público defina su situación jurídica.

La primera y más amplia de las denuncias fue presentada por el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, a través de su abogado. El recurso acusa a Del Castillo de privación de libertad, desaparición forzada, resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes, incumplimiento de deberes, vejaciones y torturas, además de desobediencia a resoluciones judiciales.

Camacho sostuvo en sus redes sociales que durante la gestión de Del Castillo como ministro se produjo un quiebre institucional en Santa Cruz. “Secuestraron al gobernador elegido en las urnas y posteriormente dieron un golpe al Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz, imponiendo un gobernador de facto en contra de una ley departamental”, afirmó.

El trasfondo de esa acusación se remonta a diciembre de 2022, cuando Camacho fue detenido en Santa Cruz y trasladado a La Paz bajo cargos de terrorismo, cohecho y seducción de tropas, por su rol en las protestas que denunciaron un fraude electoral a favor del entonces presidente Evo Morales en los comicios fallidos de 2019. Del Castillo, como ministro de Gobierno, encabezó el operativo policial que culminó con el encarcelamiento preventivo del líder opositor, quien recuperó la libertad recién en agosto de este año.

Una segunda denuncia fue interpuesta por el padre de un joven policía asesinado en 2022 durante una intervención antidrogas en Santa Cruz. Según medios locales, el demandante acusa a Del Castillo de “inacción” por no haber gestionado, cuando era ministro, la extradición desde Perú de los presuntos responsables del crimen, pese a que existían pedidos formales de cooperación judicial.

La tercera causa fue presentada por familiares de Luis Fernando Aramayo, ex director del entonces Fondo de Desarrollo para los Pueblos Indígenas Originarios y Comunidades Campesinas (Fondioc), quien murió tras permanecer casi siete años encarcelado sin sentencia firme. El hijo de Aramayo denunció a Del Castillo por supuestos vejámenes y torturas sufridos por su padre en prisión.

Aramayo había sido acusado de irregularidades en el manejo de recursos del Fondioc, pese a que fue él mismo quien detectó y denunció la existencia de proyectos fantasma y desvíos de fondos dentro de la institución. “Sobre todo porque él fue ministro cuando Aramayo estaba vivo, por las torturas y vejámenes que sufrió dentro de la cárcel”, declaró Joel Lara, abogado de la familia.

El caso del Fondo Indígena volvió recientemente al centro del debate político y judicial, luego de que fuera encarcelado el expresidente Luis Arce, investigado por la aprobación de proyectos irregulares cuando se desempeñaba como ministro de Economía durante el Gobierno de Morales. El proceso ha reavivado denuncias sobre el uso del sistema judicial con fines políticos.

En paralelo, el fiscal general del Estado, Roger Mariaca, defendió el procedimiento policial contra Del Castillo y aseguró que la detención se realizó mediante una “acción directa”. Precisó que, al momento del arresto, “no existía ninguna denuncia de ninguna persona o institución” en contra del exministro.

Mientras el Ministerio Público evalúa los antecedentes del incidente en el aeropuerto y las denuncias presentadas, el caso vuelve a exponer la persistente polarización política en Bolivia y la fragilidad de la confianza en las instituciones judiciales, en un contexto marcado por disputas no resueltas desde la crisis electoral de 2019.