El retiro del subsidio a los combustibles, vigente en Bolivia durante más de dos décadas, ha desencadenado una ola de protestas encabezada por sindicatos agrupados en la Central Obrera Boliviana (COB) y mineros estatales.
Desde hace una semana, estos sectores mantienen una huelga indefinida y han intensificado las movilizaciones en ciudades clave del país para exigir la derogación del decreto 5503, que estableció aumentos del 86% en la gasolina y del 162% en el diésel respecto al precio subvencionado.
El líder de la COB, Mario Argollo, encabezó este lunes una nueva marcha en La Paz y anunció la incorporación de un grupo de mujeres mineras a una huelga de hambre en señal de protesta.
“Me duele que mis compañeras tomen esta medida extrema para conmover y tocar el corazón de los gobernantes y que no sean insensibles”, expresó Argollo.
La dirigente Beatriz Choque, representante del distrito minero de Porco, en la región andina de Potosí, reafirmó el compromiso del sector.
“Lucharemos de pie hasta el triunfo mis queridos bolivianos, por nuestros hijos y por nuestros nietos”, dijo.
El impacto de la medida ha sido inmediato en la economía cotidiana. El precio del litro de gasolina subió de 53 centavos de dólar a un dólar, mientras que el diésel pasó de 53 centavos a 1,4 dólares. Consumidores y comerciantes reportan incrementos en los costos de productos y servicios.
Miriam Huarina, una de las huelguistas, describió el efecto en el día a día: “Se ha disparado el costo de todo”. Un plato de comida en un mercado popular saltó de 15 a 22 bolivianos (de 2,15 a 3 dólares) tras la eliminación del subsidio.
El gobierno boliviano, encabezado por el presidente Rodrigo Paz, mantiene firme su decisión y descarta la posibilidad de restituir el esquema de subvenciones.
El Ejecutivo argumenta que la política de precios congelados, sostenida durante los gobiernos de Evo Morales y Luis Arce, resultó en una sangría de divisas y agravó la crisis económica. Paz ha defendido que el retiro del subsidio era inevitable para evitar el colapso de las reservas internacionales y garantizar la provisión regular de combustibles, que escasearon durante más de un año en el país.
El decreto 5503, que entró en vigor hace poco más de una semana, fue acompañado por medidas compensatorias. El salario mínimo nacional aumentó de 2.750 a 3.300 bolivianos (de 395 a 474 dólares), y se anunciaron incrementos en el bono para estudiantes del sistema público y en la renta para adultos mayores sin aportes a la seguridad social. Sin embargo, para los sindicatos movilizados, estas medidas no compensan la pérdida del poder adquisitivo ni el encarecimiento de la canasta básica.
Las protestas han sido especialmente visibles en La Paz y Cochabamba, donde mineros de la Federación Departamental de Cooperativas Mineras (Fedecomin) también marcharon por las calles principales. Dirigentes como Praxides Castañón advirtieron que las movilizaciones “van a ser indefinidas hasta que se pueda abrogar el decreto”. Castañón criticó al Ejecutivo por convocar al diálogo sin estar dispuesto a revertir la medida: “Nosotros vamos a estar hasta las últimas consecuencias”, afirmó.
La COB, que durante años fue aliada de los gobiernos de izquierda, ha convocado a una huelga general, aunque solo los mineros estatales y los maestros la cumplen de forma indefinida. Otros sectores, como transportistas, comerciantes y la mayoría de los mineros cooperativistas, han abandonado las protestas tras alcanzar acuerdos parciales con el gobierno.
En contraste, parte de la población paceña ha expresado rechazo a las marchas y bloqueos, argumentando que agravan la situación económica y afectan la movilidad urbana.
En el trasfondo del conflicto, Bolivia enfrenta una inflación interanual que superó el 20% en noviembre, tras un pico de casi 25% a mediados de año.
El retiro de las subvenciones es visto por el gobierno como un paso necesario para frenar el deterioro fiscal y evitar el contrabando de combustibles subsidiados a países vecinos. Sin embargo, los sindicatos exigen una respuesta inmediata a la pérdida de ingresos y al aumento del costo de vida.
Las conversaciones entre la COB y el presidente Paz no han logrado destrabar el conflicto. El Ejecutivo insiste en que el reemplazo del subsidio por transferencias directas y el aumento salarial son la única vía sostenible para equilibrar las cuentas públicas y reactivar la economía.
Los sindicatos, en cambio, mantienen la presión en las calles y advierten que no levantarán las medidas hasta que se derogue el decreto 5503 y se restablezca el subsidio a los combustibles. El país se mantiene a la expectativa de una resolución que permita recuperar la estabilidad social y económica.
(Con información de EFE y AFP)
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