Mineros de Bolivia se enfrentaron a la Policía con dinamita y petardos en protesta por el fin del subsidio al combustible

Los sindicatos bolivianos protagonizaron este martes enfrentamientos con la Policía en el centro de La Paz durante una nueva jornada de protestas contra el decreto gubernamental que eliminó la subvención a los combustibles.

Las movilizaciones incluyeron detonaciones de dinamita y petardos por parte de los manifestantes, mientras las fuerzas de seguridad respondieron con gases lacrimógenos y gas pimienta para contener el avance hacia la sede del poder político.

Las protestas se concentraron en los accesos a la plaza Murillo, donde se encuentran el Palacio de Gobierno y la Asamblea Legislativa. Según reportes oficiales y testimonios de prensa local, los manifestantes intentaron ingresar por distintos puntos, bloqueados con vallas metálicas y resguardados por unidades antidisturbios.

En varias esquinas del casco histórico, grupos de mineros detonaron pequeñas cargas de dinamita para forzar el repliegue policial, una práctica habitual en las protestas del sector minero boliviano desde hace décadas.

La Central Obrera Boliviana (COB), la mayor organización sindical del país, encabezó las movilizaciones junto a la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (Fstmb). A las marchas se sumaron trabajadores fabriles, maestros y otros gremios urbanos.

Andrés Paye, máximo dirigente de la Fstmb, declaró a los medios que “cualquier medida gubernamental tiene que beneficiar al pueblo” y reiteró la exigencia de que se anule el decreto 5503, que puso fin a la subvención estatal a los carburantes. Paye afirmó que los mineros se mantendrán “firmes” en las protestas, incluso durante las festividades de Año Nuevo.

El detonante del conflicto fue el retiro de un subsidio que había mantenido congelados los precios de la gasolina y el diésel por más de 20 años. Con el nuevo esquema, el precio de la gasolina aumentó un 86 %, mientras que el diésel registró un alza de hasta 162 %.

El Gobierno del presidente Rodrigo Paz, que asumió el poder en noviembre, sostiene que la medida era inevitable para garantizar el abastecimiento y aliviar la presión sobre las finanzas públicas.

El ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, afirmó que el subsidio se había convertido en una “sangría económica” y en una de las principales causas del déficit fiscal, que este año rondaría el 13 % del producto interno bruto.

Bolivia importa gran parte del combustible que consume debido a la baja producción local, un factor que agravó la escasez registrada durante casi un año y medio, con largas filas en estaciones de servicio y efectos directos sobre el transporte y la producción de alimentos.

Desde el Ejecutivo aseguran que la eliminación del subsidio permitió normalizar el suministro de gasolina y diésel y generar un ahorro diario estimado en 10 millones de dólares. La decisión fue acompañada por otras medidas económicas, como el aumento del salario mínimo de 2.750 a 3.300 bolivianos y el incremento de bonos para estudiantes del sistema público y adultos mayores sin aportes a la seguridad social.

Sin embargo, los sindicatos cuestionan el alcance del ajuste. Mario Argollo, dirigente de la COB, sostuvo que “nuestra protesta no es solo contra la eliminación del subsidio a los carburantes, sino contra este decreto maldito que busca hipotecar el país y a las futuras generaciones”.

Argollo también criticó las disposiciones que autorizan al Banco Central de Bolivia a gestionar el financiamiento externo sin aval legislativo, lo que, según dijo, “viola la Constitución”.

Aunque la COB convocó a una huelga general indefinida desde el 22 de diciembre, el impacto ha sido desigual. Los mineros estatales son el núcleo más activo de la protesta, mientras que transportistas, comerciantes y mineros cooperativistas suspendieron sus medidas tras alcanzar acuerdos parciales con el Gobierno.

En paralelo, un grupo de mujeres mineras inició huelgas de hambre para aumentar la presión.

Las protestas generaron rechazo entre algunos transeúntes de La Paz, que cuestionaron los daños y el uso de dinamita en zonas urbanas.

La Policía no ha informado de heridos ni detenidos, mientras el Gobierno reiteró que no dará marcha atrás con el decreto y que mantiene abierta la vía del diálogo sin condicionamientos.

(Con información de EFE y The Associated Press)