El ex ministro cubano de Economía y Planificación Alejandro Gil, una de las figuras centrales del gabinete de Miguel Díaz-Canel hasta su destitución en 2024, fue sentenciado a cadena perpetua por delitos de espionaje, cohecho y sustracción y daño de documentos, según informó este lunes el Tribunal Supremo Popular de Cuba en una comunicación divulgada por medios oficiales. El tribunal añadió que la conducta del ex funcionario vulneró normas de protección de información clasificada y atentó contra la seguridad del Estado.
Los jueces declararon a Gil culpable de varios delitos vinculados al manejo de documentación oficial, entre ellos la violación de sellos e infracciones en la protección de materiales clasificados. El primer juicio se celebró en La Habana entre el 11 y el 13 de noviembre, en un proceso que, según la versión oficial, expuso fallas graves en el uso de información sensible por parte del exministro.
El Tribunal Supremo también informó que Gil enfrentó un segundo proceso penal, realizado entre el 26 y el 29 de noviembre, por cohecho para cometer falsificación de documentos públicos, tráfico de influencias y evasión fiscal, todos con carácter continuado. Por esta causa recibió una pena adicional de 20 años de prisión, acumulada a la condena principal.
Ambas sentencias pueden ser recurridas en un plazo de diez días, aunque hasta ahora no se ha hecho pública ninguna reacción de la defensa. El tribunal justificó la severidad del fallo al afirmar que los “comportamientos altamente lesivos” atribuidos al ex ministro constituían una amenaza directa para el Estado, al considerar que la “traición a la Patria es el más grave de los crímenes”.
En su comunicado, las autoridades judiciales sostuvieron que Gil usó sus cargos para obtener beneficios personales mediante sobornos y pagos de firmas extranjeras. También señalaron que el ex ministro habría influido sobre otros funcionarios para legalizar la adquisición de bienes y manipular documentación oficial. La nota añadió que sus acciones “engañaron a la dirección del país y al pueblo”, generando perjuicios económicos y comprometiendo información clasificada.
La condena refleja un giro notable en la cúpula de la dictadura cubana. Gil ejerció como ministro de Economía y Planificación entre 2018 y 2024 y fue vice primer ministro, además de miembro del Comité Central del Partido Comunista de Cuba. Durante esos años se convirtió en uno de los colaboradores más cercanos de Díaz-Canel y en el rostro visible de las reformas económicas impulsadas en medio de la crisis estructural que atraviesa la isla.
Su destitución en febrero de 2024 se presentó inicialmente como un relevo relacionado con fallas en la implementación de políticas económicas. Sin embargo, un mes después, Díaz-Canel anunció públicamente que el ex ministro estaba bajo investigación por “graves errores” vinculados a corrupción, abriendo la puerta a un proceso penal sin precedentes recientes.
A finales de octubre, la Fiscalía confirmó que Gil enfrentaba once cargos penales, incluidos delitos económicos, administrativos y de seguridad del Estado. Ese comunicado fue la primera señal de la amplitud de la causa y anticipó un juicio de alta sensibilidad política en un contexto de escasez, inflación y tensiones sociales crecientes.
La condena ocurre en un momento en el que la dictadura cubana ha intensificado su discurso contra la corrupción administrativa, al tiempo que enfrenta presiones internas y externas por la profundidad de la crisis económica. Si bien La Habana suele anunciar sanciones contra funcionarios de rango medio, la caída de un exministro y vice primer ministro constituye un hecho excepcional.
La figura de Gil había sido central en la defensa oficial de medidas económicas polémicas, especialmente durante la unificación monetaria y la reestructuración del comercio estatal. Su caída, ahora formalizada con una cadena perpetua, marca una ruptura con la línea de continuidad que la dictadura había intentado sostener frente a la emergencia económica.
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