Luis Arce, ex presidente de Bolivia, no declaró tras su arresto en la causa de corrupción vinculada al Fondo Indígena

El fiscal general del Estado, Roger Mariaca, informó el miércoles que el ex presidente Luis Arce Catacora decidió no prestar su declaración informativa y optó por acogerse a su derecho constitucional al silencio en el proceso que afronta por el caso Fondo de Desarrollo Indígena, investigación que involucra presuntos hechos de corrupción en la administración de recursos públicos.

Mariaca señaló que la citación al exmandatario derivó de una orden de aprehensión emitida por la Fiscalía Departamental de La Paz, dentro de la ampliación de denuncia presentada el 9 de diciembre de 2025 por el nuevo representante legal del Fondo Indígena. Explicó que la indagación corresponde a hechos atribuidos al periodo en el que Arce ejercía como ministro de Economía durante el gobierno de Evo Morales.

“Hace unos minutos se le tomó su declaración informativa al señor Luis Arce y, haciendo uso de su derecho constitucional y estando asistido por su defensa técnica, decidió acogerse al silencio”, señaló el fiscal general.

Tras la toma de declaraciones, el exmandatario fue trasladado nuevamente a celdas policiales, mientras el Ministerio Público perfila la presentación de la imputación formal. “Vamos a esperar que la autoridad jurisdiccional pueda señalar la audiencia de medidas cautelares para esta persona que se encuentra en calidad de aprehendida”, afirmó Mariaca.

El Ministerio Público aclaró que todo el proceso se desarrolla en la vía ordinaria, dado que los hechos denunciados corresponden al tiempo en el que Arce se desempeñaba como autoridad ministerial, etapa anterior a su llegada a la Presidencia del Estado.

De acuerdo con Mariaca, la causa incluye “supuestos hechos de corrupción en los que se habrían dispuesto recursos económicos en montos significativos”, además de la participación de otros funcionarios también investigados. Señaló que los elementos reunidos dentro del cuaderno de investigación se presentarán en la audiencia de medidas cautelares, aunque evitó detallar los indicios específicos.

El fiscal general subrayó que la actuación del Ministerio Público se rige por el principio de objetividad y rechazó cualquier vinculación política en la apertura del proceso. “Estamos cumpliendo lo que manda la Constitución. No se trata de persecución, sino de una denuncia presentada por una institución del Estado y respaldada por informes policiales”, afirmó.

Con la declaración informativa concluida y el uso del derecho al silencio formalizado, la situación jurídica del exmandatario avanzará de la etapa preliminar a la fase preparatoria, que tendrá un plazo de seis meses. En ese periodo, la autoridad judicial deberá definir si Arce continuará la investigación en libertad o bajo medidas cautelares restrictivas.

Paralelamente, el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, informó el miércoles que Arce es investigado por cinco delitos vinculados al manejo del Fondo de Desarrollo Indígena. Indicó además que las autoridades estiman un daño económico preliminar de 360 millones de pesos bolivianos.

Oviedo añadió que existen otros hechos delictivos conexos vinculados al mismo caso. Según afirmó, el daño económico total podría superar los 700 millones de dólares si se consolidan las investigaciones en curso.