HRW cuestionó al Gobierno de Ecuador por congelar cuentas de organizaciones sociales con informes secretos de inteligencia

Human Rights Watch (HRW) cuestionó la decisión del gobierno de Ecuador de congelar las cuentas bancarias de varias organizaciones indígenas y ambientalistas, medida aplicada desde septiembre de 2025 mediante informes de inteligencia y sin órdenes judiciales previas. La organización internacional advirtió que estas acciones, ejecutadas por la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), representan un uso indebido de herramientas diseñadas para combatir el lavado de dinero y podrían afectar gravemente el trabajo legítimo de la sociedad civil.

El congelamiento ocurrió en medio de un contexto de protestas contra la eliminación de subsidios al diésel y el impulso de un proyecto minero en Azuay, movilizaciones encabezadas por varios de los grupos afectados por la medida.

Según HRW, la UAFE ordenó a la Superintendencia de Bancos congelar las cuentas de organizaciones, líderes y miembros de comunidades indígenas y colectivos ambientalistas. Las órdenes se basaron en la nueva Ley de Transparencia Social, aprobada en agosto, que permite inmovilizar fondos sin orden judicial cuando existan “indicios objetivos, graves y verificables” de operaciones sospechosas.

HRW señaló que, en la práctica, el Gobierno justificó esta acción con informes secretos de inteligencia a los que ni jueces ni abogados pudieron acceder durante los procesos de revisión. La organización documentó que, en varios casos, los jueces ordenaron levantar los bloqueos al no recibir ninguna evidencia que respaldara las medidas.

En la revisión realizada por HRW se identificaron 21 organizaciones e individuos afectados, entre ellos colectivos que llevan décadas trabajando en proyectos de salud, educación y protección ambiental. Algunas de las cuentas congeladas pertenecían a organizaciones con financiamiento de cooperación internacional, como Alianza Ceibo, que ejecuta programas apoyados por la Unión Europea y donantes estadounidenses.

La entidad descubrió el congelamiento recién cuando sus donantes no pudieron transferir fondos. Tras semanas sin información clara, un juez dispuso el descongelamiento el 5 de noviembre, pero las cuentas solo fueron habilitadas varios días después. Un patrón similar se repitió en otros casos examinados.

Otro de los bloqueos afectó a la Unión de Afectados por las Operaciones Petroleras de Texaco (UDAPT), una organización clave en litigios ambientales. Sus 14 cuentas fueron inmovilizadas sin aviso previo y sin explicación detallada. En noviembre, un juez ordenó desbloquearlas, pero el proceso se demoró casi dos semanas debido a la falta de colaboración de las entidades estatales encargadas de ejecutar la resolución. Representantes de las organizaciones dijeron que, durante semanas, no pudieron pagar salarios, servicios básicos ni continuar sus actividades en territorio, lo que paralizó programas esenciales para comunidades amazónicas.

HRW señaló además que las autoridades citaban la Ley Orgánica de Inteligencia, aprobada en junio de 2025, para negarse a revelar información sobre las supuestas transacciones sospechosas. Abogados y defensores de derechos humanos sostienen que esta normativa permite a las agencias estatales ocultar información incluso a los jueces, lo que dificulta el control judicial sobre decisiones que afectan derechos fundamentales. Varios colectivos han presentado demandas de inconstitucionalidad tanto contra esta normativa como contra la Ley de Transparencia Social, argumentando que el marco legal actual abre la puerta a abusos de poder.

El presidente Daniel Noboa afirmó públicamente que los fondos congelados se habrían destinado a “desestabilizar” al Gobierno a través de protestas. HRW respondió que las salvaguardias contra el lavado de activos deben servir para combatir el crimen organizado y no para detener manifestaciones pacíficas o castigar a organizaciones críticas. La Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) han establecido que las medidas de inmovilización de fondos deben ser excepcionales, proporcionales y no afectar indebidamente la labor legítima de las organizaciones sin fines de lucro.

HRW documentó también que las personas y organizaciones cuyas cuentas fueron posteriormente liberadas enfrentan investigaciones penales por presunto “enriquecimiento privado no justificado” y “financiación del terrorismo”. Estas investigaciones se iniciaron aproximadamente al mismo tiempo que las medidas de congelamiento. La directora para las Américas de HRW, Juanita Goebertus, advirtió que fiscales y jueces deben garantizar que los procesos se basen en pruebas creíbles y no se utilicen para intimidar o restringir el trabajo de defensores ambientales e indígenas.

HRW concluyó que las autoridades ecuatorianas deben revisar de forma urgente las disposiciones que permiten congelar cuentas basadas en informes de inteligencia, ya que estas medidas pueden afectar derechos como la propiedad, el debido proceso, la libertad de asociación y la protesta pacífica. Para la organización, el impacto generado en los colectivos afectados demuestra que las normas actuales no cumplen con los estándares constitucionales ni internacionales y requieren correcciones inmediatas.