El gobierno de Boric quitará todos los privilegios a militares presos por delitos de lesa humanidad

Luego que dos recursos judiciales fueran declarados inadmisibles, el ministro de Justicia, Jaime Gajardo, informó este martes que Gendarmería retirará a la brevedad refrigeradores personales y otros enseres pertenecientes a militares presos por delitos de lesa humanidad en el ahora expenal Punta Peuco, el que ya recibió a su primer reo común y pasó a convertirse en una cárcel como cualquier otra en el el país, por expresa instrucción del presidente Gabriel Boric.

“El recinto ya es un penal común. No existen más establecimientos especiales para quienes cometieron graves delitos durante la dictadura militar”, señaló Gajardo a la salida de un desayuno con miembros de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos.

De acuerdo a Gajardo, “aún existe una restricción que se estaba aplicando respecto a la paquetería externa. Eso es lo único que está paralizado. Lo demás, como el retiro de refrigeradores o toldos, no tiene ninguna medida judicial vigente”, aseguró.

Debido a esto, desde ahora “Gendarmería tiene que administrar ese establecimiento como cualquier otro penal del país. Es un establecimiento penal común. Entendamos eso (...) Aquí hay personas que han cometido los crímenes mas horrendos de nuestra historia. No tiene que haber tratamientos especiales”, señaló el secretario de Estado.

Así las cosas, la autoridad detalló que continúan los trabajos para adecuar el recinto a la llegada de sus nuevos huéspedes.

“Tal como en cualquier penal común, se están haciendo las modificaciones que se requieren para llevar adelante este proceso (...) Todo lo demás sigue su curso normal”, remató.

La cárcel

Cabe recordar que el ahora expenal Punta Peuco -con capacidad para 112 personas-, fue inaugurado en 1995 durante el gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle. Alberga actualmente a 139 internos, entre ellos exagentes como Miguel Krassnoff, condenado a más de 1.000 años de prisión por 25 causas ratificadas de secuestro, tortura y desaparición de personas, y Álvaro Corbalán, sentenciado a 100 años por cinco homicidios y un secuestro calificado.

El penal, que desde sus inicios estuvo en el centro de la polémica por sus condiciones privilegiadas, está compuesto de cuatro módulos con varias celdas, algunas individuales y otras dobles. El lugar cuenta con cocina, multicancha, enfermería, biblioteca, una sala de estar y otros espacios comunes donde los reos pueden recibir visitas.

La última polémica que envolvió a sus obligados residentes se produjo a mediados de este año, cuando familiares interpusieron un recurso de amparo para impedir que Gendarmería retire los refrigeradores personales dejando uno por cada cinco presos, y luego otro para detener modificaciones en el recinto.