La Junta Directiva de la Asamblea Nacional (Parlamento) de Nicaragua juramentó este jueves a cinco nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia, entre ellos a tres jueces que están sancionados por Estados Unidos por apoyar la “represión” contra opositores por parte del régimen que dirigen los esposos y copresidentes, Daniel Ortega y Rosario Murillo.
Los nuevos magistrados, que fueron elegidos en la víspera, son la ahora ex fiscal general de la República Ana Julia Guido, los jueces de apelaciones Octavio Rothschuh y Ernesto Rodríguez, la jueza de Bluefields, Shura Bonilyn Welcome Crawford, y el abogado y exsecretario político del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) en el departamento de Boaco José Manuel Fuertes Toledo.
Guido, ex subdirectora de la Policía Nacional y ex guerrillera sandinista, fue sancionada por Estados Unidos por “permitir y beneficiarse de las actividades represivas” del régimen de Ortega y Murillo, y “crear una unidad especializada que fabrica acusaciones contra personas manifestantes y que realiza procedimientos jurídicos contra ellas”.
En tanto, Rothschuh y Rodríguez son dos de los jueces que despojaron de su nacionalidad a más de 300 disidentes —entre ellos a los escritores Sergio Ramírez y Gioconda Belli, y a los obispos Rolando Álvarez y Silvio Báez— y quienes fueron sancionados por Estados Unidos por esa razón.
Guido, Rothschuh y Rodríguez también forman parte de una lista 54 responsables de violaciones y crímenes en Nicaragua desde 2018, encabezada por el matrimonio Ortega y Murillo, elaborada por el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua, creado por la ONU.
Los cinco nuevos magistrados judiciales, que fueron propuestos por la Presidencia de la República, ocuparán las vacantes que dejaron Yadira Centeno, Ellen Lewin, Armengol Cuadra, Virgilio Gurdián y Manuel Martínez, quienes renunciaron a sus cargos por razones de edad o por motivos de salud en la última semana.
Desde febrero pasado, la Corte Suprema de Justicia quedó integrada por diez magistrados debido a una profunda reforma a la Constitución que disminuyó el número de jueces, que era de 16.
Esa reforma constitucional, junto a la Ley Orgánica del Sistema Judicial de la República de Nicaragua, faculta a Ortega y Murillo a nombrar al titular de la Corte Suprema de Justicia por un período de seis años.
Esa norma, que derogó la Ley Orgánica del Poder Judicial, subordina el Sistema de Justicia a la Presidencia de la República.
A mediados de febrero de 2025, Nicaragua puso en vigor una reforma profunda a la Constitución Política que transforma el Estado, elimina el balance de poderes, y otorga un poder total a Ortega y Murillo.
La reforma constitucional, que ha sido duramente criticada por la ONU, la Organización de Estados Americanos (OEA), Estados Unidos, el Parlamento Europeo y opositores nicaragüenses, amplía de cinco a seis años el período presidencial, establece la figura de “copresidenta”, que el Ejecutivo “coordine” los demás “órganos” del Estado, que dejan de llamarse poderes, y legaliza la apatridia.
(Con información de EFE)
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