Ortega ejecuta una nueva purga en la Corte Suprema y afianza su control del tribunal con jueces leales

La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo propuso a cinco de sus figuras más leales para ser electos magistrados de la Corte Suprema de Justicia, tras la renuncia la semana pasada de cinco de los diez magistrados que quedaban en ese poder del Estado.

La propuesta de nuevos magistrados está firmada por Gustavo Porras, presidente de la Asamblea Nacional, y constituye un mero trámite legislativo, en tanto el parlamento aprueba “por unanimidad” y sin discusión lo que decide la dictadura.

Para el abogado exiliado Yader Morazán, antiguo funcionario del Poder Judicial, los magistrados que han renunciado tenían una función “meramente ornamental” en la Corte porque se limitaban, dice, “a formalizar las órdenes que llegan desde El Carmen”, la residencia de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

Las cartas de renuncia presentadas por los magistrados depuestos, todas fechadas el 18 y 21 de noviembre, fueron redactadas con el mismo formato, el mismo estilo y tipo de razonamiento, lo que lleva al abogado a concluir que esas salidas son también “una orden de El Carmen”.

“El Estado funciona como una mafia, nadie se puede ir por su propia voluntad”, dice. “Sé de muchos casos de gente que está inconforme desde 2018 y sigue operando desde sus cargos porque cualquier señal de que no quieren seguir se tomaría como una deslealtad, y se sabe cómo se castiga en Nicaragua la deslealtad a la dictadura”, añade.

“La doctora Yadira Centeno, por ejemplo, tiene 82 años, está muy enferma, pero estaba obligada a seguir trabajando. No les aceptaban las renuncias ni las solicitudes de jubilación porque los estaban utilizando”, dice. La salida de centeno fue finalmente ordenada junto con la de Ellen Joy Lewin Downs, ambas alegando motivos de salud en una carta idéntica.

También fueron oficializadas las renuncias de José Manuel Martínez Sevilla, Virgilio Gurdián y Armengol Cuadra López. Las cinco salidas, sumadas a la nueva configuración establecida por la reforma constitucional vigente desde febrero de 2025, dejan la Corte como un apéndice del Ejecutivo.

El cambio en la Corte, según Morazán, obedece a que los dictadores decidieron ajustar el modelo de control que tienen sobre el poder judicial, colocando en los máximos cargos a sus figuras más leales, algunos señalados por crímenes de lesa humanidad y ejecutores de la represión y persecución contra opositores.

La estructura judicial opera bajo una cadena de mando vertical en la cual los magistrados no deciden, sino que refrendan órdenes transmitidas por operadores políticos del régimen.

Morazán detalla que esas órdenes llegan a través del secretario general administrativo del Poder Judicial, Roger Martínez Domínguez y de Arlen Idalia Reyes “que es el oído de Fidel Moreno”, figura clave del círculo de Rosario Murillo.

La reforma constitucional de febrero pasado redujo el número total de magistrados de 16 a nueve y, sobre todo, eliminó la independencia judicial.

El régimen ha designado como candidata a magistrada a la fiscal general Ana Julia Guido, señalada por Estados Unidos y por el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN) de la ONU por su rol central en la fabricación de casos contra presos políticos.

Según el GHREN, Guido recibía órdenes directas de Ortega y Murillo o transmitidas a través del asesor presidencial Néstor Moncada Lau (actualmente en prisión). Supervisaba investigaciones junto a la Policía y dirigía la instrumentalización del Ministerio Público para procesar a opositores.

Los otros dos candidatos de mayor peso político y represivo son los magistrados de apelaciones Octavio Rothschuh Andino y Ernesto Rodríguez Mejía. Ambos están señalados por Estados Unidos, organismos internacionales y víctimas de la represión por ejecutar procesos ilegales destinados a despojar de su nacionalidad a opositores.

Rodríguez fue quien presidió la lectura de la resolución que despojó de la nacionalidad a 94 nicaragüenses en febrero de 2023. Al leer las sentencias, declaró que los opositores “ejecutaban y continúan ejecutando actos delictivos en perjuicio de la paz y la soberanía” y que “no se les puede considerar ciudadanos nicaragüenses”. Fue sancionado por Estados Unidos el 19 de abril de 2023.

Rothschuh, por su parte, es señalado por despojar de la nacionalidad a 222 presos políticos en su calidad de presidente de la Sala Penal Uno del Tribunal de Apelaciones de Managua. Las resoluciones surgieron de órdenes políticas directas emanadas del Ejecutivo y transmitidas a través de magistrados como Marvin Aguilar y la jueza Karen Chavarría.

El GHREN define a Rodríguez y a Rothschuh como piezas de alta jerarquía que usaron sus posiciones para “asegurar la fabricación de casos y la privación arbitraria de nacionalidad y bienes de cientos de opositores”.

Los otros dos candidatos completan un cuadro igualmente alineado con el régimen. Shura Bonilyn Welcome Crawford, jueza del Distrito Penal de Juicio de Bluefields, ha sido una figura disciplinada dentro del aparato judicial del Caribe Sur, sin notoriedad pública más allá de su afinidad con el partido de gobierno. Su designación se interpreta como parte del cumplimiento de la cuota femenina establecida por la reforma constitucional y como premio a su lealtad.

El quinto candidato es José Manuel Fuertes Toledo, secretario político departamental del Frente Sandinista (FSLN) en Boaco. Su inclusión en la lista muestra el peso de la estructura partidaria dentro del sistema judicial. No viene del ámbito técnico del derecho, sino del aparato territorial del FSLN.

Morazán advierte que estas designaciones son la conclusión de un proceso iniciado desde 2023. “Yo me remonto al 2023 porque es a partir de ese momento que se tomó la decisión de reformar el poder judicial, y que se terminó de concretar con la reforma constitucional que se formalizó en febrero de 2025”, dice.

Agrega que la Corte pasó a funcionar como una estructura híbrida entre las viejas normas y las nuevas, donde magistrados y administradores operan “de facto” bajo un sistema doble: un nivel judicial simbólico y un nivel administrativo donde se toman las decisiones reales.

“Como el mismo gobierno lo ha admitido, a través de una reforma constitucional, dejó de ser el poder judicial, y por lo tanto dejó de ser una Corte Suprema de Justicia”, dice.

Afirma que los nuevos magistrados serán elegidos por su lealtad y no por sus capacidades técnicas, y pone de ejemplo el caso de Ernesto Rodríguez, que cuando participó en el último concurso para jueces penales de Managua que se hizo en Nicaragua, en noviembre de 2012, sacó la peor nota de los 13 participantes que disputaban el puesto.