Jair Bolsonaro dijo que intentó quemar su tobillera electrónica por un episodio de “paranoia” vinculado a medicamentos

El ex presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, reconoció durante una audiencia judicial celebrada este domingo en Brasilia que intentó manipular la tobillera electrónica que llevaba como medida cautelar.

En su declaración, Bolsonaro argumentó que la conducta fue consecuencia de un “episodio de alucinación” y de “paranoia” provocado por la interacción de medicamentos que está tomando y negó que se tratara de un intento de fuga.

Según el acta de la audiencia, presidida por la jueza Luciana Sorrentino, Bolsonaro sostuvo que sospechó que el dispositivo pudiera contener un sistema de escucha y decidió intentar abrirlo con un soldador, uso que atribuyó a un conocimiento técnico adquirido en años previos.

El ex mandatario explicó que el episodio se desarrolló cerca de la medianoche y que desistió de su acción poco después, cuando, según sus palabras, “recuperó la razón”. Añadió que este tipo de alteración no había ocurrido en el pasado y que lleva apenas días con la nueva medicación.

El ex presidente, que se encontraba en su domicilio junto a su hija; su hermano y un asesor en el momento del incidente, relató que manipuló la tobillera por la noche sin la asistencia de sus acompañantes. Sostuvo que después de darse cuenta de su error, se comunicó con los agentes responsables del monitoreo.

En su intervención ante la jueza, Bolsonaro insistió en que el dispositivo no llegó a ser cortado o removido en ningún momento y que no existía intención de escapar de su régimen de prisión domiciliaria.

La magistrada Sorrentino ratificó durante la audiencia que la prisión preventiva —dictada inicialmente por el ministro Alexandre de Moraes del Supremo Tribunal Federal (STF)— se mantendrá vigente, al considerar que todos los procedimientos policiales se realizaron conforme a la ley y que el ex presidente no presentó denuncias por irregularidades ni abuso de autoridad.

El proceso de audiencia de custodia sirvió exclusivamente para verificar el cumplimiento de los derechos fundamentales y la legalidad del arresto, sin que estuviera previsto discutir el fondo de la acusación.

Bolsonaro fue arrestado preventivamente el sábado tras la decisión de Moraes, quien fundó el pedido policial en la necesidad de preservar el orden público.

Según la sentencia, la convocatoria a una vigilia en la residencia donde Bolsonaro cumplía la prisión domiciliaria, organizada por el senador Flávio Bolsonaro —hijo del expresidente—, representaba el riesgo de desatar aglomeraciones que dificultaran la supervisión policial e incluso favorecieran una posible fuga.

En palabras del ministro, existía la intención de manipular la tobillera “para garantizar el éxito en la huida, facilitada por la confusión causada durante la manifestación”.

Durante la vista, Bolsonaro reiteró que no recibió ayuda de las tres personas presentes en su casa y que la manipulación se debió a un estado de ansiedad provocado por el uso de los medicamentos pregabalina y sertralina, recetados por diferentes médicos.

Destacó que la alteración resultante le generó una sensación de persecución y lo llevó a pensar que el sistema de monitoreo era una “escucha”.

Por procedimiento judicial, este lunes el pleno de la Primera Turma del Supremo Tribunal Federal evaluará si decide ratificar o revocar la prisión preventiva de Bolsonaro. La audiencia se celebrará sin la participación del ministro Moraes, autor de la decisión inicial.

Mientras tanto, la defensa del ex mandatario y de otros seis aliados condenados por la intentona golpista de enero tienen hasta el final del lunes para presentar apelaciones contra las sentencias dictadas.

Si la condena de 27 años y tres meses queda en firme tras los recursos, Bolsonaro deberá pasar a un régimen de cumplimiento efectivo en prisión cerrada, enlazando la prisión preventiva con la condena definitiva, conforme a las normativas penales brasileñas.

La continuidad de la prisión de Bolsonaro y la resolución sobre el futuro del caso quedan ahora en manos del Supremo Tribunal Federal, que deberá determinar si los motivos de seguridad alegados por la ministra instructora son suficientes para mantener la detención hasta el cierre definitivo del proceso judicial.

(Con información de AFP)