
La Policía uruguaya llegó a la casa de la familia Sant’Anna Trindade, en la ciudad de Salto, sobre el río Uruguay, justo frente a población argentina de Concordia. Buscaba al ex sacerdote Juan José. Lo encontró arreglando las plantas. Los agentes le pidieron que los acompañara hasta la comisaría a tomarle declaración y le prometieron un trámite sencillo. No querían hacer demasiado bochinche en un barrio acostumbrado a la tranquilidad.
Era finales de septiembre y había pasado un mes desde que el diario El País uruguayo había publicado una investigación que reactivó una historia de abusos sexuales que se había extendido durante varios años en Bolivia, donde Juan José Sant’Anna había liderado una comunidad religiosa. La periodista Mariangel Solomita había ido al encuentro de este ex sacerdote que llevaba 17 años allí, viviendo escondido en la tranquilidad de ese barrio.
El caso tuvo una fuerte repercusión en Bolivia y la Justicia local actuó y, tras la detención de Sant’Anna, pidió su extradición al país. Ahora comenzó la cuenta regresiva para que la Justicia uruguaya defina si se autoriza o no ese proceso, que puede derivar en que sea condenado a 30 años de cárcel. Y, mientras tanto, el viejo religioso de 54 años pasa sus días en la cárcel.

En 2005, cuando tenía 36 años, el uruguayo fue ordenado sacerdote en Tapacarí, una localidad pobre de apenas 23.000 habitantes cercana a Cochabamba. Tiene calles de piedra y tierra, y casas de barro y madera. Allí dirigió el ala masculina del Internado Ángel Gelmi, que albergaba a 72 varones de entre 8 y 17 años. Fue el 27 de octubre de 2007 que las autoridades bolivianas comenzaron a estudiar la posible ola de abusos llevada adelante por Sant’Anna.
Para hacer el pedido de extradición a la Justicia uruguaya, los investigadores de Bolivia debieron hacer una actualización de documentación, de los que surgen detalles de la causa que, cuando la causa se reactivó, no se conocían. El diario El País informó este lunes nuevos hitos de la investigación, que muestran el modus operandi de Sant’Anna cuando era un religioso de la Iglesia Católica.
En el expediente se detalla que un grupo de psicólogos constató que el cura agredió sexualmente a distintos internos que tenían entre 6 y 18 años, algo que “habría estado ocurriendo desde hace mucho tiempo”. Esto se conoció el 30 de octubre de 2007.

Por esas fechas, una monja contó que se había encontrado a un niño llorando, quien le explicó que estaba así de triste porque el cura “lo molestaba mucho”. Al día siguiente la mujer volvió a buscarlo y él le repitió el relato. Le dijo que tanto a él como a otros menores los llevaba a la habitación.
De acuerdo a estas versiones, Sant’Anna invitaba a los menores a ver videos a una habitación. Una vez allí, cerraba la puerta con llave, se desnudaba, desnudaba a los niños y los abusaba de diferentes maneras. Se supo que, en algunos casos, hasta usó narcóticos para sedarlos.
Sant’Anna tocaba a los menores e intentó violarlos. Incluso uno de los adolescentes salió corriendo del baño.
En aquel 2007, Sant’Anna huyó a la casa de sus padres en Uruguay, esa que sería su escondite durante 17 años. El 16 de noviembre de 2007 se emitió la primera orden de arresto contra él, días más tarde fue imputado y al año siguiente se publicó otra orden de detención. Pero no se concretó nunca. En 2011, el Vaticano envió su orden de dimisión.
Ahora en Bolivia existe una Comunidad Boliviana de Sobrevivientes, formada por hombres que en su niñez fueron abusados por religiosos.
En 2007, Sant’Anna había sido imputado por delito de abuso deshonesto, que tiene una pena de seis años. Todavía no se había legislado el delito de violación contra niños, niñas y adolescentes. Este delito tiene una pena de 20 años, pero si se suman los agravantes pueden llegar a 30. Eso es lo que pide la Comunidad Boliviana de Sobrevivientes, quienes ya se reunieron con la fiscal del caso y con la Defensoría.
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