El Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil acusó a Eduardo Bolsonaro, hijo del exmandatario Jair Bolsonaro, por presuntos intentos de obstaculizar la investigación sobre el golpe de Estado que derivó en la condena de su padre a 27 años de prisión.
Este viernes, los jueces de la Primera Sala del Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes y Flávio Dino votaron a favor de habilitar la acusación. Al mismo tiempo, Cristiano Zanin también emitió su voto a favor, mientras que la decisión de la ministra Cármen Lúcia permanece pendiente.
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La denuncia principal sostiene que Eduardo Bolsonaro intervino en la causa judicial contra su padre desde Estados Unidos, presionó a los magistrados del STF.
De acuerdo con el juez instructor Alexandre de Moraes, el diputado generó un clima de intimidación sobre las autoridades encargadas de juzgar a Jair Bolsonaro y habría buscado incidir en proyectos de amnistía en favor de los involucrados en la intentona golpista, como consta en los registros judiciales.
Además, según información de EFE, la fiscalía general de la República acusa a Eduardo Bolsonaro de gestionar ante el gobierno de Estados Unidos sanciones políticas y comerciales dirigidas a Brasil y a sus autoridades.
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De Moraes, primer juez de la Primera Sala del STF en pronunciarse, indicó que las sanciones incluyeron aranceles a exportaciones brasileñas, la revocación de visados a magistrados y funcionarios, así como medidas personales que lo impactaron junto a su esposa.
Eduardo Bolsonaro reside en Estados Unidos desde marzo, donde se define como “autoexiliado”. Ha presumido ante la prensa sus contactos dentro del Departamento de Estado y la Casa Blanca, adjudicándose influencia directa en las sanciones impuestas a Brasil.
El exmandatario Jair Bolsonaro, líder de la ultraderecha, fue condenado el 11 de septiembre a 27 años de prisión por conspirar para impedir la asunción de Luiz Inácio Lula da Silva, tras ser derrotado en los comicios de octubre de 2022.
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Las acciones atribuidas a Eduardo Bolsonaro incluyen la organización de encuentros con figuras destacadas de la ultraderecha estadounidense y la promoción de las Conferencias de Acción Política Conservadora (CPAC).
Estas actividades le han permitido fortalecer vínculos internacionales en el marco de la campaña a favor de la liberación de su padre, en paralelo a las disputas judiciales en Brasil y los debates acerca de una posible amnistía para los partícipes de la trama golpista.
La fiscalía insiste en que las conductas adjudicadas a Eduardo Bolsonaro constituyen un patrón de presiones y amenazas orientadas a influir en el poder judicial brasileño, así como a condicionar las investigaciones y las sanciones previstas para los acusados.
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Su “autoexilio” en Estados Unidos y su activismo internacional refuerzan, según las autoridades, su intento deliberado de interferir desde el exterior en los procesos internos. Eduardo Bolsonaro podría enfrentar hasta cuatro años de prisión.
(Con información de Europa Press y EFE)
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