El Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil acusó a Eduardo Bolsonaro, hijo del exmandatario Jair Bolsonaro, por presuntos intentos de obstaculizar la investigación sobre el golpe de Estado que derivó en la condena de su padre a 27 años de prisión.
Este viernes, los jueces de la Primera Sala del Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes y Flávio Dino votaron a favor de habilitar la acusación. Al mismo tiempo, Cristiano Zanin también emitió su voto a favor, mientras que la decisión de la ministra Cármen Lúcia permanece pendiente.
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La denuncia principal sostiene que Eduardo Bolsonaro intervino en la causa judicial contra su padre desde Estados Unidos, presionó a los magistrados del STF.
De acuerdo con el juez instructor Alexandre de Moraes, el diputado generó un clima de intimidación sobre las autoridades encargadas de juzgar a Jair Bolsonaro y habría buscado incidir en proyectos de amnistía en favor de los involucrados en la intentona golpista, como consta en los registros judiciales.
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Además, según información de EFE, la fiscalía general de la República acusa a Eduardo Bolsonaro de gestionar ante el gobierno de Estados Unidos sanciones políticas y comerciales dirigidas a Brasil y a sus autoridades.
De Moraes, primer juez de la Primera Sala del STF en pronunciarse, indicó que las sanciones incluyeron aranceles a exportaciones brasileñas, la revocación de visados a magistrados y funcionarios, así como medidas personales que lo impactaron junto a su esposa.
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Eduardo Bolsonaro reside en Estados Unidos desde marzo, donde se define como “autoexiliado”. Ha presumido ante la prensa sus contactos dentro del Departamento de Estado y la Casa Blanca, adjudicándose influencia directa en las sanciones impuestas a Brasil.
El exmandatario Jair Bolsonaro, líder de la ultraderecha, fue condenado el 11 de septiembre a 27 años de prisión por conspirar para impedir la asunción de Luiz Inácio Lula da Silva, tras ser derrotado en los comicios de octubre de 2022.
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Las acciones atribuidas a Eduardo Bolsonaro incluyen la organización de encuentros con figuras destacadas de la ultraderecha estadounidense y la promoción de las Conferencias de Acción Política Conservadora (CPAC).

Estas actividades le han permitido fortalecer vínculos internacionales en el marco de la campaña a favor de la liberación de su padre, en paralelo a las disputas judiciales en Brasil y los debates acerca de una posible amnistía para los partícipes de la trama golpista.
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La fiscalía insiste en que las conductas adjudicadas a Eduardo Bolsonaro constituyen un patrón de presiones y amenazas orientadas a influir en el poder judicial brasileño, así como a condicionar las investigaciones y las sanciones previstas para los acusados.

Su “autoexilio” en Estados Unidos y su activismo internacional refuerzan, según las autoridades, su intento deliberado de interferir desde el exterior en los procesos internos. Eduardo Bolsonaro podría enfrentar hasta cuatro años de prisión.
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(Con información de Europa Press y EFE)
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