El Congreso chileno destituyó a un juez por sus vínculos con el abogado Luis Hermosilla

De manera trasversal y por amplio quórum, el Senado chileno falló a favor la Acusación Constitucional (AC) contra el juez de la Corte de Apelaciones de Santiago, Antonio Ulloa, acusado de “notable abandono de deberes” por sus nexos con el abogado Luis Hermosilla, cuyo teléfono celular destapó el Caso Audios, una red de tráfico de influencias que golpeó a políticos, empresarios y jueces.

Ulloa -quien junto a las juezas Ángela Vivanco y Verónica Sabaj es el tercer magistrado que cae en desgracia por sus vínculos con Hermosilla-, quedó inhabilitado por cinco años para ejercer cualquier cargo público tras ser apuntado por tres hechos que fueron aprobados en el documento acusatorio: traspasar información sensible al abogado Luis Hermosilla, intervenir en nombramientos judiciales y no inhabilitarse en juicios en los que mantenía vínculos con intervinientes.

Aunque estaba suspendido, el magistrado seguía en su cargo pues la Corte Suprema no logró el quórum para destituirlo, a fines de septiembre pasado. Debido a esto, los diputados socialistas Daniel Manouchehri y Daniella Cicardini levantaron el juicio político en su contra, el que tuvo el visto bueno incluso de los candidatos presidenciales de distintos sectores como Jeannette Jara (Unidad por Chile), Evelyn Matthei (Chile Vamos) y el líder libertario Johannes Kaiser.

“Si hoy no entendemos la importancia de tener instituciones transparentes, libres de corrupción y que den confianza, la decepción de la gente pronto comenzará a convertirse en rabia”, sostuvo Manouchehri al inicio de su intervención.

El juicio

Apenas llegó al Congreso Nacional, Ulloa se mostró tranquilo y aseguró a la prensa apostada en el lugar que la AC en su contra no era más que una “vendetta política” de parte de Manouchehri y Cicardini, a fin de ganar votos en tiempos electorales.

“No formo parte de ninguna red de corrupción, yo me rijo por la institucionalidad”, sostuvo el defenestrado juez.

Ya en el juicio, su defensa, a cargo del abogado Domingo Hernández, arguyó que la Corte Suprema ya lo había “investigado y sancionado disciplinariamente (...) por estimarse que las imputaciones formuladas en su contra no tenían la gravedad necesaria para ameritar una sanción superior”.

Sin embargo, la mayoría de los senadores opinaron lo contrario, tal como expresó Iván Moreira (UDI), quien indicó en su alocución que “el Poder Judicial ha fallado en su deber esencial de ejercer el control disciplinario de sus pares (...) En este caso no se busca juzgar al ministro Ulloa por sus fallos, sino por sus actuaciones personales extrajurisdiccionales”.

De la misma opinión fue el socialista Juan Luis Castro, quien señaló que “cuando la justicia se ve comprometida por actos de parcialidad, filtración e influencia, no estamos frente a un error, sino que estamos ante una falta de deberes esenciales que la democracia no puede tolerar”.

Una vez finalizado el juicio político, Ulloa abandonó la Sala y dijo escuetamente a la prensa que “no me da vergüenza porque no he cometido delitos. Se ha violado el principio non bis in idem (que dice relación con juzgar dos veces a una persona por un mismo asunto). Solamente tengo pena por mis hijos”, dijo visiblemente afectado.

Abogado de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Ulloa ingresó al Poder Judicial en 1989 como oficial tercero del 4° Juzgado del Trabajo de Santiago y fue subiendo poco a poco en el escalafón judicial. En abril de 2021 asumió en plena pandemia el cargo de ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago. Llevaba 36 años en el Poder Judicial.