La administración de Luis Arce en Bolivia desembolsó más de cuatro millones de dólares en propaganda en los últimos meses de su gestión, según una investigación realizada por el medio de fact-checking Bolivia Verifica.
“A solo cuatro meses de cerrar su gestión y en medio de una profunda crisis económica, el gobierno de Luis Arce desplegó una ofensiva comunicacional y destinó al menos Bs 31,1 millones en publicidad y propaganda a través de 42 medios de comunicación de alcance local y nacional”, señala el reportaje. Al tipo de cambio oficial el monto equivale a 4,4 millones de dólares.
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Este gasto incluye desembolsos de ministerios y empresas estratégicas como Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YFPB), el Sistema de Impuestos Nacionales, la Autoridad de Supervisión Financiera y otras.
La fue obtenida por el medio a través del portal del Sistema de Información de Contrataciones Estatales de Bolivia (Sicoes) donde los 71 contratos que recoge el estudio estaban catalogados bajo el concepto de “servicio de difusión en medios televisivos, radio, prensa o redes sociales”.
De los 71 contratos, 29 corresponden al Ministerio de la Presidencia y el monto destinado por esta cartera de Estado representa el 77,5% del total de recursos empleados para promover la imagen del gobierno saliente.
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El manejo de la publicidad estatal ha sido objeto de controversia en las últimas décadas por la percepción de que se emplea de manera discrecional con el objetivo de favorecer a medios afines al Gobierno.
Diversos estudios señalan que recursos públicos destinados a la pauta oficial se concentran en ciertos medios presuntamente vinculados con sectores gubernamentales, mientras que otros, críticos o de línea independiente, quedan fuera de la pauta o reciben montos significativamente menores.
Una investigación reveló en 2024 que el gobierno de Bolivia destinó más de 500 mil dólares a un grupo de 28 medios de comunicación impresos y digitales con accionistas, gerentes o representantes vinculados a los gobiernos de Evo Morales (2006-2019) y Luis Arce, entre 2018 y 2023. Uno de los casos con mayor repercusión corresponde a un exministro de Morales y asesor de la Presidencia, Hugo Moldiz, propietario de un semanario.
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Un informe de Reporteros Sin Fronteras señala que “el Estado boliviano controla numerosos diarios” y que “mientras los medios de comunicación vinculados al Estado disfrutan de privilegios, los independientes están sufriendo fuertes presiones económicas, particularmente a través del reparto de la publicidad institucional, que tiene consecuencias a veces desastrosas y puede llevar al cierre”.
El nuevo gobierno no ha hecho referencia a la situación de la prensa en el país, tampoco se incluyeron propuestas en ningún plan gubernamental ni se lo abordó durante la campaña electoral. Sin embargo, la discusión sigue abierta, con propuestas de regulación legislativa y llamados de organizaciones periodísticas para sentar las bases de un nuevo relacionamiento.
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Sobre este tema, el director del periódico boliviano El País, Jesús Cantín, manifestó la urgencia de establecer mecanismos objetivos de distribución de recursos, pero también la de institucionalizar la relación comunicacional con los medios.
“Es necesario que haya una voz oficial a la que los medios puedan acceder”, señala el periodista que ve con buenos ojos la relación con el futuro Gobierno. “Rodrigo Paz siempre habló del bien público, tener medios de comunicación independientes y objetivos es un bien público”, afirmó.
En esa línea, la presidenta de Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB), Zulema Alanes, manifestó que tras una reunión nacional de los gremios periodísticos se determinó plantear al nuevo Gobierno un reglamento que establezca los parámetros de distribución de los recursos estatales para publicidad, entre otros aspectos sobre la relación con los medios y la protección a la libertad de prensa.
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En diálogo con Infobae, Alanes dijo que solicitaron una audiencia con el presidente Paz y que están a la espera de ser convocados.
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