Un día después de la operación policial más letal registrada en la historia de Brasil, las primeras certezas y numerosas incógnitas emergen alrededor del megaoperativo dirigido contra el Comando Vermelho en las favelas de Río de Janeiro. Con un saldo oficial de 132 muertos, entre ellos cuatro policías, la intervención en los complejos de Alemao y Penha evidenció la violencia extrema inherente a estas zonas de la ciudad.
Las autoridades estatales, encabezadas por el gobernador bolsonarista Cláudio Castro, aseguran que el objetivo era debilitar la estructura del grupo criminal que domina extensas áreas de la capital carioca y cuyo poder territorial ha superado recientemente al de las milicias parapoliciales.
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La llamada “Operación Contención” movilizó a las fuerzas de seguridad para ingresar a los enclaves considerados bastiones del Comando Vermelho. De acuerdo con las autoridades de Río, el operativo derivó en la detención de 113 personas, incluidos 10 adolescentes, y la confiscación de 91 fusiles y una cantidad significativa de estupefacientes, cuyo volumen y tipo aún no han sido precisados.
La Defensoría Pública elevó el número de fallecidos a 132, según datos recabados en los institutos forenses y en los lugares de los enfrentamientos, mientras que el Gobierno regional mantiene su cifra en 119. La mayoría de las víctimas, conforme a la versión oficial, eran supuestos miembros armados del grupo que opusieron resistencia.
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El desarrollo de la operación, la más mortífera en la historia contemporánea brasileña, superó el número de víctimas de la conocida masacre de Carandiru de 1992. En esa ocasión, 111 presos murieron durante una intervención policial en una cárcel de São Paulo, cifra que hasta ahora representaba el peor saldo letal causado por fuerzas del orden en el país. A nivel local, los antecedentes más cercanos corresponden a las intervenciones en Jacarezinho (2021) y Vila Cruzeiro (2022), con 28 y 25 muertos respectivamente, acciones que también tuvieron lugar bajo la gestión de Castro.
El ministro de Justicia, Ricardo Lewandowski, afirmó este miércoles que la operación fue planificada y ejecutada en su totalidad por el gobierno regional de Río de Janeiro, “sin conocimiento del gobierno federal” liderado por Luiz Inácio Lula da Silva. Lewandowski añadió que el Ejecutivo federal se mostró “aterrado” por la cifra de muertes y aseguró que Lula no había sido informado de antemano sobre el despliegue en las favelas.
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Mientras las fuerzas de seguridad retiraban gradualmente los cuerpos de la zona boscosa aledaña a los complejos intervenidos, habitantes de Penha y Alemao se organizaron por su cuenta para recuperar los restos de sus familiares. Sin asistencia oficial, decenas de personas emplearon camillas improvisadas para trasladar los cadáveres, depositándolos en la plaza São Lucas ante la mirada de residentes y periodistas.
El alto comisionado de la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, expresó su “horror” por la magnitud de la acción y exigió investigaciones exhaustivas que esclarezcan las causas y responsabilidades de las muertes, recordando a Brasil sus obligaciones ante el derecho internacional. El secretario general de la ONU, António Guterres, también pidió la apertura inmediata de una investigación.
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Desde el plano local, la cúpula policial de Río defendió la legitimidad y el alcance del operativo. El secretario de la Policía Civil, Felipe Curi, detalló que la acción fue el resultado de una planificación de un año destinada a acorralar a los narcotraficantes en el área boscosa, buscando minimizar riesgos para la población civil. Curi calificó la intervención como “el mayor golpe” propinado al Comando Vermelho desde su consolidación en la década de 1970, y recalcó que el operativo tenía la meta de llevar ante la justicia a 180 integrantes del grupo.
La Defensoría Pública y la fiscalía brasileña han reclamado transparencia sobre la identidad de las víctimas y detenidos, para aclarar si el operativo se enmarcó en las garantías del Estado de derecho. Según medios brasileños, uno de los arrestados sería Thiago “Belao” do Nascimento Mendes, presunto colaborador de “Doca” Alves de Andrade, señalado como líder del Comando en la región y quien habría logrado huir.
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Periodistas en el lugar documentaron que, tras el retiro de la policía, algunos miembros del Comando Vermelho reaparecieron en la favela armados y encapuchados, orientando a voluntarios en la recolección de cuerpos de sus compañeros muertos. Las autoridades informaron que, además de las detenciones, se incautaron 119 armas, 14 artefactos explosivos y toneladas de drogas durante la operación.
Organizaciones de derechos humanos, familiares y habitantes de las comunidades afectadas continúan exigiendo respuestas sobre el proceder de la policía y el respeto a las garantías fundamentales, mientras Río de Janeiro aún no logra recuperar la normalidad tras una de las jornadas más violentas de su historia reciente.
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(Con información de AFP y EFE)
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