Después de anunciar la rescisión del contrato con el astillero español Cardama para la compra dos dos patrullas oceánicas, el gobierno de Yamandú Orsi en Uruguay dio un paso más y presentó una denuncia penal en la Fiscalía por una presunta estafa o fraude cometido por la empresa española al presentar la garantía.
Cardama tuvo varias dificultades para conseguir una garantía que activara el contrato con el Estado uruguayo. Finalmente, después de pedir varias prórrogas, la consiguió en la empresa inglesa Eurocommerce. Cuando vencía el plazo de la garantía, el gobierno fue a ejecutarla pero se encontró con que esta empresa está en proceso de liquidación en el Reino Unido, carece de un domicilio real y no tiene empleados.
Hace una semana, el presidente Orsi instruyó al embajador ante el Reino Unido para que fuera a las oficinas de Eurocommerce. Pero cuando llegó hasta allí, se encontró con que esa compañía no funcionaba. Por el contrario, allí había una inmobiliaria que pertenecía a un ruso.
Esto, según dijo en una conferencia de prensa, dio “fuerte indicios” de que hubo fraude contra el Estado uruguayo o que directamente había sido estafado.
Fue por eso que el viernes de la semana pasada llegaron hasta la sede de la Fiscalía el secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, y el prosecretario Jorge Díaz, dos de los funcionarios más cercanos al mandatario Orsi para presentar la denuncia penal.
“Acá lo importante es que se intentó defraudar al Estado uruguayo y lo importante es que se investigue quiénes fueron los responsables, si hay cómplices o no”, dijo Sánchez, quien tiene un cargo similar al de jefe de gabinete, en una rueda de prensa.
“Hay todo un debate político, hay toda una discusión que se va subiendo de tono, que no es la intención del Poder Ejecutivo. Nosotros estamos acá defendiendo los bienes públicos de los contribuyentes. Hay un contrato que tiene que tener garantía y no tiene garantía. O sea que, por tanto, hay que parar el contrato. Creo que es el acto de responsabilidad que hace el gobierno”, agregó Sánchez.
En parte, sus comentarios fueron una respuesta a dirigentes de la oposición que ocuparon cargos durante la administración Luis Lacalle Pou, que fue el que firmó la compra de las patrullas. Con la llegada de Orsi a la Presidencia, hubo un cambio de signo político del gobierno. Las autoridades anteriores aseguran que lo que está detrás de esta denuncia es una “maniobra política” que apunta al expresidente.
La respuesta de Cardama
Después del anuncio del gobierno de la rescisión del contrato, el dueño del astillero español, Mario Cardama, realizó una ronda de medios en la que criticó la decisión del gobierno. En su defensa expresó que las patrullas oceánicas se están construyendo –que una de ellas está en un 60% montada– y que ya se compraron los materiales para terminar este proceso.
Cardama lamentó que el gobierno no le haya comunicado a él la decisión antes de hacerlo públicamente.
En entrevista con El País, el empresario dijo que le escribió a Eurocommerce para que le diera una explicación porque no fue advertido ni del cambio de dirección ni del proceso de liquidación en el que se encontraba. “Puede haber una irregularidad. Pero por parte del banco. A mí me está engañando”, se defendió.
“Yo fui estafado. Si yo he estafado al gobierno uruguayo… realmente a mí me han estafado. Me han mentido. Me han dado una garantía que es mentira”, dijo Cardama.
El director del astillero español lamentó que el gobierno no le haya dado la “oportunidad” de presentar otra garantía y aseguró que hubo “mala fe”.
En la mañana de este domingo, en tanto, el astillero español emitió un comunicado en el que solicita “la apertura de un diálogo inmediato y constructivo” con Uruguay para “superar cualquier diferencia de interpretación y encauzar el proyecto”. “En ausencia de tal instancia, la empresa se reserva el derecho a ejercer las acciones legales que correspondan para la protección de sus legítimos derechos e intereses”, señaló.
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