El Gobierno de EEUU evalúa imponer una subida del 100 % de aranceles a Nicaragua y su posible expulsión del acuerdo de libre comercio CAFTA tras determinar que el país centroamericano mantiene políticas “irrazonables” de derechos humanos y laborales que obstaculizan el comercio estadounidense.
La Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos (USTR) determinó que “las acciones, políticas y prácticas de Nicaragua relacionadas con los derechos laborales, los DDHH y las libertades fundamentales, así como el Estado de derecho, son irrazonables y obstaculizan o restringen el comercio estadounidense”.
Entre las medidas propuestas por la USTR contra el régimen de Daniel Ortega se incluyen “aranceles adicionales de hasta el 100 % sobre algunos o todos los productos nicaragüenses” de forma “inmediata o por fases durante un periodo de hasta 12 meses”, revela un informe publicado este lunes.
La entidad comercial estadounidense también propuso “la suspensión, el retiro o la prohibición de la aplicación de los beneficios del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana” (DR-CAFTA, en inglés).
La USTR aceptará comentarios públicos hasta el 19 de noviembre próximo, tras lo que decidirá si aplicar o no estas medidas.
En febrero pasado, el secretario de Estado, Marco Rubio, había adelantado que Washington estudiaría si expulsaba o no a Nicaragua del CAFTA, que desde su entrada en vigor en 2006 casi ha cuadruplicado las exportaciones nicaragüenses a EEUU.
Nicaragua es gobernada por el dictador Daniel Ortega desde 2007 y desde el 2025 junto con su esposa, Rosario Murillo, designada “copresidenta” tras una reforma de la Constitución Política.
Las investigaciones de la Oficina del Representante Comercial de EEUU sobre las posibles violaciones cometidas por el régimen sandinista comenzaron el 10 de diciembre de 2024 durante la Administración del demócrata Joe Biden, bajo la sección 301 de la Ley Comercial de 1974.
Entonces, la organización recibió más de 160 comentarios y varios testigos prestaron declaración durante una audiencia pública el pasado 16 de enero.
Después de analizar la información presentada, la USRT determinó que “el régimen de Ortega-Murillo ha cometido o permitido una serie de abusos de los derechos laborales internacionalmente reconocidos”, junto a otros “abusos de los derechos humanos y las libertades fundamentales, incluso contra personas y bienes estadounidenses”.
Esas políticas “afectan y restringen las oportunidades comerciales para las empresas estadounidenses en Nicaragua”, advierte el reporte, que también insiste en que el régimen nicaragüense “se dedica a desmantelar el Estado de Derecho” en el país.
En septiembre, el representante para América Central de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), Andrés Sánchez Thorin, denunció que las garantías básicas y fundamentales de derechos humanos “se han eliminado” en Nicaragua a través de una serie de reformas legales, incluida una “profunda” de la Constitución.
En comentario enviado a la agencia de noticias EFE tras la presentación en Ginebra de un informe sobre Nicaragua de la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos, Sánchez Thorin señala que este documento “describe cómo, desde 2024, reforma tras reforma, incluyendo una profunda reforma constitucional casi completa en 2025, Nicaragua ha tenido una transformación preocupante” en la que “el poder se ha concentrado cada vez más en manos del Ejecutivo” que encabezan Daniel Ortega y Rosario Murillo.
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