La ciudad ecuatoriana de Otavalo quedó sitiada, aislada y con escasez de productos tras las violentas protestas en el país

La ciudad ecuatoriana de Otavalo vivió el martes una jornada de violentos enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad, la cual desencadenó decenas de heridos y 31 detenidos, según informó la Confederación de Nacionalidades Indígenas, en el marco de las protestas contra la suba del combustible.

La movilización, compuesta en su mayoría por indígenas que mantienen un paro desde hace semanas, se concentró en el sur de la ciudad y fue dispersada por policías y militares con gases lacrimógenos.

Otavalo, a unos 60 kilómetros de Quito, quedó prácticamente aislada por los bloqueos. El Gobierno envió un convoy con combustible, alimentos y medicinas que logró ingresar en la madrugada del martes, tras más de tres semanas de bloqueos en el norte de Ecuador.

La Confederación de Nacionalidades Indígenas denunció una “brutal represión” y reportó que las protestas dejaron medio centenar de heridos, algunos con lesiones graves, además de los 31 detenidos.

El ministro del Interior, John Reimberg, confirmó que también hay policías y un militar heridos en “ataques muy violentos” a la fuerza pública, aunque no precisó cifras.

Líderes indígenas sostienen que la violencia y el vandalismo son obra de infiltrados y rechazan que los responsabilicen de los disturbios. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) instó a las autoridades a establecer “un diálogo inclusivo, intercultural y genuino” y expresó preocupación por denuncias de uso excesivo de la fuerza.

“La CIDH recuerda que la protesta pacífica es un pilar de las sociedades democráticas y debe ser protegida”, expresaron en su comunicado y sumaron: “El uso de la fuerza solo puede aplicarse de manera excepcional y conforme a los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad y rendición de cuentas, de acuerdo con los estándares interamericanos”.

El paro nacional, iniciado el 18 de septiembre y centrado en la provincia de Imbabura, se mantiene en protesta por la eliminación del subsidio al diésel, cuyo precio subió de 1,80 a 2,80 dólares por galón. Los bloqueos paralizaron casi por completo la actividad comercial y turística en Otavalo. La Cámara de Turismo estima en dos millones de dólares las pérdidas diarias.

En este contexto, los residentes de la ciudad reportaron escasez de alimentos y dificultades de movilidad: “Es una situación desesperante porque se está acabando casi todos los alimentos y lo peor es que no hay quien venda”, explicó Jéssica Garcés, empleada en el centro de Otavalo.

La administración del presidente ecuatoriano Daniel Noboa justifica la eliminación del subsidio como una medida para combatir el contrabando de combustible en la frontera y redirigir los recursos a sectores vulnerables. El Estado afirmó que estas medidas se encuentran amparadas por las leyes, que prevén mecanismos de impugnación.

A la vez, indicó a la CIDH que “mantiene una política de diálogo abierto, inclusivo e intercultural con los distintos sectores sociales y organizaciones, (...) reafirmando su voluntad de resolver las tensiones por la vía democrática. No obstante, reiteró que “no tolerará actos de violencia ni manifestaciones que vulneren derechos fundamentales de otras personas o comprometan la paz social”, detalla el texto divulgado por la Comisión.

En contraposición, organizaciones indígenas aseguran que los reclamos “son justos” y que luchan “por todos los ecuatorianos”. Desde su inicio, las manifestaciones dejaron un muerto, decenas de heridos y cerca de 140 detenidos en todo el país. Por el momento, las partes continúan firmes en sus posiciones y no existen canales de diálogo abiertos.

(Con información de The Associated Press)