Bolivia atraviesa otro periodo de desabastecimiento de combustibles que afecta a diversos sectores productivos y genera malestar social. Las estaciones de servicio de todas las ciudades registran largas filas de vehículos, con tiempos de espera que superan las 24 horas en algunos casos.
La Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) admitió que existe un retraso de entre cuatro y cinco días en las asignaciones, pero aseguró que se están realizando los pagos pendientes a las cisternas que se encuentran cargadas en las afueras de la refinería de Palmasola, en Santa Cruz de la Sierra, lo que permitirá acelerar el despacho de combustible a los surtidores.
“Se espera llegar al 100% el día de hoy (martes) para cubrir la demanda que está se encuentra programada para para esta etapa”, informó Andrés Lamas, jefe de Análisis y Evaluación Técnica de la ANH, en entrevista con el canal Unitel
En medio de una creciente tensión por la escasez, transportistas de Cochabamba iniciaron este martes un bloqueo de carreteras. “Pedir disculpas a la población por este bloqueo, pero nos sentimos incapaces de soportar la falta de carburantes”, indicó uno de los choferes en una entrevista televisiva.
El impacto del desabastecimiento se extiende al sector industrial, que enfrenta dificultades para operar debido a la falta de combustible. La Cámara Nacional de Industrias (CNI) ha alertado que la producción de bienes esenciales como alimentos, bebidas y productos farmacéuticos está en riesgo, lo que podría afectar la seguridad alimentaria y sanitaria del país.
Por su parte, la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) ha calificado la situación como “insostenible”, advirtiendo que el agro está a punto de cruzar un “punto sin retorno”.
En ese contexto, el Comité Cívico de Santa Cruz elaboró dos proyectos normativos para agilizar la logística del suministro de combustibles y que las cisternas puedan realizar la entrega directa del combustible a las estaciones de servicio. Ambos documentos serán entregados este martes en La Paz.
El conflicto se agrava con declaraciones contradictorias en el Estado y una orden de captura contra el presidente de la petrolera estatal por una presunta exportación no autorizada.
El anterior martes, el presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Armin Dorgathen, informó que en las últimas dos semanas no había recibido los recursos suficientes para pagar a los proveedores y que en consecuencia el suministro se reduciría entre un 20 y 30 por ciento. “Nosotros como YPFB no podemos garantizar el suministro de combustible, ya que necesito que el Ministerio de Economía me garantice los recursos. Si a ustedes no les pagan el sueldo, ustedes no pueden garantizar en su casa la provisión de alimentos”, dijo en un contacto con periodistas locales.
Al día siguiente de estas declaraciones, un juez de una localidad fronteriza al sur del país emitió una orden de aprehensión en su contra por el presunto delito de “contrabando de exportación agravado”, presentado por dos funcionarios de la Aduana. Desde entonces no se conoce el paradero de Dorgathen ni si continúa en funciones.
En tanto, el ministro de Economía, Marcelo Montenegro, aseguró “el presupuesto está otorgado, no solo para compra de combustible, es para exploración, pago de titulares, no es un solo monto para combustibles”.
La crisis de combustibles se enmarca en un contexto económico complejo, caracterizado por una inflación de dos dígitos y una escasez de dólares que limita las importaciones. Sectores empresariales y sociales han expresado su preocupación por la situación, que amenaza con profundizar la crisis económica y generar mayores tensiones sociales en el país a pocos días de las elecciones presidenciales.
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