Dos instituciones públicas defendieron al presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Armin Dorgathen, de una denuncia penal por la que el jueves se emitió una orden de captura en su contra.
La investigación realizada por la Fiscalía Departamental de Tarija (sur) surge a raíz de la denuncia realizada por supuestos funcionarios de la Aduana Nacional, quienes lo acusan de haber exportado gas sin contar con una resolución de autorización. Según la denuncia, la operación incumplió los requisitos que establecen las normas bolivianas. En ese sentido, un fiscal de la localidad fronteriza de Yacuiba emitió la orden de aprehensión por el presunto delito de “contrabando de exportación agravado”.
Tras darse a conocer la noticia, YPFB y la Aduana Nacional rechazaron las acusaciones y afirmaron que todas las operaciones de la petrolera se realizaron en el marco de la ley. En una conferencia de prensa conjunta de ambas instancias, Óscar Claros, gerente de Contratos de Exportación de Gas Natural de YPFB, afirmó que todos los procesos de exportación fueron legales y que no hubo daño económico al Estado.
En tanto, Kathia Serrudo, presidenta de la Aduana, señaló que no se registraron irregularidades en la comercialización de gas y que los contratos se hicieron en el marco del Decreto Supremo 28174, que establece que las exportaciones de gas a Brasil y Argentina, derivadas de compromisos que están vigentes, no requieren autorización de la “Superintendencia de Hidrocarburos”, una entidad reguladora del sector hidrocarburífero que dejó existir y fue reemplazada por la actual Agencia Nacional de Hidrocarburos.
“Revisamos ese contrato y verificamos que se presentó debidamente la documentación. Era un contrato a Brasil y como lo presentó Yacimientos, se acogió al decreto“, justificó Serrudo.
La presidenta de la Aduana agregó que la denuncia fue realizada por dos funcionarios recientemente destituidos y no descartó que se trate de “una venganza”. “Queremos pensar que es una represalia, una venganza hacer esta denuncia utilizando los logos de la Aduana, cuando el Código Penal señala que es usurpación de funciones que se ejerza funciones públicas de haber cesado en el desempeño o después de habérseles comunicado”, declaró ante los medios y agregó iniciará acciones legales por el presunto delito de “usurpación de funciones” contra los dos ex funcionarios.
Dorgarthen también es investigado junto a otros funcionarios en un caso que involucra a Botrading, una empresa subsidiaria de YPFB con sede en Paraguay, que fue creada en 2019 para mediar en la importación de crudo, diésel y gasolina con el objetivo de reducir costos y no depender de traders privados.
Sin embargo, según una investigación legislativa, la firma habría realizado contratos con presunto sobreprecio que derivaron en denuncias de uso indebido de influencias, enriquecimiento ilícito, incumplimiento de deberes, falsedad y corrupción.
Estos casos se dan cuando Bolivia atraviesa una nueva crisis en el suministro de combustible. Según informó Dorgathen el martes, para esta semana se prevé una disminución de hasta el 30% en la dotación debido a las crecientes dificultades de importación por falta de dólares.
El país importa casi el 90% del diésel y el 56% de la gasolina que necesita para cubrir la demanda interna y además subsidia parcialmente ambos productos, lo que supone uno de sus mayores gastos públicos. Para este año, el Presupuesto General del Estado (PGE) destinó cerca de 56 millones de dólares para combustible, una cifra que según YPFB resulta insuficiente para cubrir la demanda.
A menos de un mes del cambio de Gobierno, el tema del combustible ha centrado el debate en las campañas políticas. Tanto el senador Rodrigo Paz como el ex presidente Jorge Quiroga, que disputarán el balotaje el domingo 19 de octubre, han planteado políticas para solucionar la recurrente escasez y el levantamiento parcial del subsidio.
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