El número de personas detenidas en el contexto del paro nacional convocado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) ascendió a 121 hasta la madrugada del 13 de octubre, según un reporte oficial de la Policía Nacional. Las aprehensiones se produjeron en diferentes provincias, principalmente en Quito, donde se concentraron las movilizaciones contra la eliminación del subsidio al diésel y el incremento del precio del combustible.
De acuerdo con el parte policial difundido a las 04:00, entre los detenidos se registran 110 mayores y 11 menores de edad. Del total, 111 son hombres y 10 mujeres. La mayoría de los aprehendidos son de nacionalidad ecuatoriana (111), seguidos por cinco venezolanos, tres colombianos, un argentino y un español. Estos dos últimos ciudadanos fueron deportados.
El informe también detalla que 37 mayores y seis menores recibieron dictamen de libertad; 44 adultos y cinco menores fueron sometidos a medidas sustitutivas; y 24 personas permanecen con prisión preventiva. Dos más están a la espera de audiencia y una cuenta con boleta judicial. Las autoridades no especificaron los cargos formulados en cada caso, aunque en los reportes previos se mencionaron presuntos delitos de ataque o resistencia, obstrucción de vías y daño a bienes públicos.
La jornada del 12 de octubre fue una de las más tensas desde el inicio del paro nacional. Miles de manifestantes recorrieron las principales avenidas del centro de Quito en una movilización que se extendió por cerca de siete horas. La Policía Nacional y las Fuerzas Armadas emplearon gas lacrimógeno y vallas metálicas para contener el avance.
Aunque las autoridades calificaron las acciones como medidas de control ante “actos violentos y bloqueo de vías”, organizaciones sociales denunciaron el uso excesivo de la fuerza y detenciones arbitrarias. Brigadas de observadores de derechos humanos reportaron que algunos manifestantes fueron retenidos por portar carteles o distintivos alusivos al paro. Además, se registraron al menos seis agresiones a periodistas que fueron gaseados, golpeados o requisados por la fuerza pública, pese a estar acreditados para la cobertura.
En otras provincias, como Imbabura, Cotopaxi y Chimborazo, se registraron bloqueos de carreteras, cortes de tránsito y enfrentamientos esporádicos entre comuneros y efectivos policiales. En Imbabura, la vía Panamericana permaneció cerrada por varias horas, mientras que en Pichincha las protestas se extendieron hacia el sur de Quito, en sectores como la Villa Flora y Chimbacalle, donde se reportaron nuevos enfrentamientos al final del día.
La eliminación del subsidio al diésel, decretada por el presidente Daniel Noboa a inicios de octubre, desencadenó una ola de protestas que ya supera tres semanas. El precio del galón del combustible pasó de USD 1,80 a USD 2,80, una medida que el Ejecutivo justifica por razones fiscales y por el déficit acumulado en el presupuesto estatal. El movimiento indígena y diversos gremios de transportistas sostienen que la decisión agrava la crisis económica y encarece los productos básicos.
La Conaie ha insistido en que no se trata de una protesta partidista, sino de una movilización “por la vida y contra el hambre”. Su presidente, Leonidas Iza, ha acusado al gobierno de criminalizar la protesta social. Desde el Palacio de Carondelet, en cambio, el presidente Noboa defendió la actuación de las fuerzas del orden y reiteró que no se tolerará la violencia ni los bloqueos.
El Ministerio del Interior mantiene el despliegue de más de 8.000 policías en todo el país, mientras el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas apoya los controles en las zonas de mayor conflictividad. En Quito, varias calles del centro histórico permanecieron cerradas durante la mañana del 13 de octubre y se reforzó la seguridad en torno a edificios gubernamentales.
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