La presentación del proyecto de ley de Presupuesto en Uruguay –que sienta las bases de la administración del presidente Yamandú Orsi– provocó varias polémicas. La propuesta entregada al Parlamento incluyó algunos cambios impositivos, como el gravamen para los depósitos en el exterior y el IVA a plataformas como TEMU. También se definió que se comenzará a cobrar el Impuesto Mínimo Complementario Doméstico, más conocido como impuesto global, para empresas que facturen más de 750 millones de euros por año.
A estos cambios impositivos se le sumó una modificación relacionada al fisco: el gobierno propuso que, para levantar el secreto bancario, no sea necesario tener una orden judicial.
Estas dos últimas propuestas respondían a una recomendación de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) que el Ministerio de Economía uruguayo –encabezado por Gabriel Oddone– pretende seguir.
Sin embargo, los planteos no fueron bien recibidos por legisladores de la oposición y por empresarios, que criticaron las propuestas. Ante esto, el gobierno dio marcha atrás y modificó los planteos.
El equipo económico concurrió este martes a la Cámara de Diputados, que discute el proyecto de ley, a presentar las modificaciones.
Respecto al impuesto mínimo global, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) dejó en claro que la propuesta alcanza a aquellas empresas con una facturación anual superior a los 750 millones de euros siempre que paguen actualmente el impuesto en el país de su casa matriz. Es decir, aquellas compañías que están radicadas en estados que no cobran este tributo, no deberán pagarlo en Uruguay.
Como ejemplo, Oddone mencionó a la multinacional finlandesa UPM, que tiene dos plantas de celulosas en Uruguay. “Para UPM este impuesto es neutro porque ya lo está pagando en Finlandia. Lo que va a tener en Uruguay es el cobro del impuesto y tendrá un certificado, que lo va a presentar en Finlandia y la administración tributaria finlandesa lo va a tener que reconocer”, dijo el ministro en una conferencia de prensa que brindó este miércoles.
“Hay otras empresas cuya matrices no están en jurisdicciones que estén comprendidas bajo el impuesto global, como las compañías norteamericanas, y es el caso de Pepsico. Lo que hemos logrado es, en la medida que hay compromisos preestablecidos en materia legal que impiden introducir gravámenes sobre compañías ubicadas en, por ejemplo, una zona franca, esas empresas están excluidas porque hay una garantía que el país le ha dado a las empresas para evitar ser gravadas por impuestos sobrevinientes”, agregó el ministro.
La posibilidad de que la Dirección General Impositiva (DGI) levantara el secreto bancario sin orden judicial recibió críticas de dirigentes de la oposición y el gobierno también decidió modificar el artículo. La nueva redacción vuelve a introducir la intervención de la Justicia, aunque de manera limitada: un juez tendrá 10 días para resolver si se debe levantar el secreto o no. Si durante ese período de tiempo el magistrado no se expresa, se levantará automáticamente.
Tras su comparecencia ante el Parlamento, Oddone explicó los cambios: “Lo que hace es mantener la intervención del Poder Judicial con algunos plazos establecidos, de manera tal de poder cumplir con lo que la OCDE establece en materia de plazos”.
Oddone explicó que en el MEF fueron “sensibles” a los planteos de quienes criticaron la propuesta y dijo entender que las “garantías” de los ciudadanos debían estar “bien custodiadas”.
La oposición sigue viendo con reparos los cambios que introdujo el Poder Ejecutivo. “Es el mismo perro con distinto collar”, dijo el diputado del opositor Partido Nacional Sebastián Andújar, en referencia a los cambios en el impuesto mínimo global.
“Desde el Partido Nacional, filosóficamente no vamos a votar todo lo que tiene que ver con agregados tributarios, los nuevos impuestos”, informó el legislador. Para Andújar, estos artículos generan un “cambio en las reglas de juego”.
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