El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, denunció este lunes que un convoy que lideraba junto con miembros del cuerpo diplomático y delegados internacionales fue emboscado cuando se dirigía a la provincia de Imbabura, epicentro actual de las protestas indígenas contra la eliminación del subsidio al diésel.
El mandatario afirmó que el ataque ocurrió la noche anterior en Otavalo y divulgó imágenes del operativo, donde se aprecian vehículos oficiales con ventanas rotas y esquirlas en el vidrio.
“Se resisten a que Ecuador avance y eligieron la violencia”, denunció mediante un mensaje en la red social X.
“Ayer emboscaron en Otavalo otro convoy humanitario que yo mismo lideré junto a delegados de la ONU, la UE, el embajador de Italia y el nuncio apostólico. Nos respondieron con violencia”, agregó Noboa.
El mandatario, acompañado de altos funcionarios, reiteró que “Ecuador no puede retroceder”, y publicó material audiovisual de los hechos.
La portavoz de la Presidencia, Carolina Jaramillo, explicó en una comparecencia oficial que el convoy estaba encabezado por Noboa junto con los ministros del Interior, John Reimberg, y de Defensa, Gian Carlo Loffredo, además del nuncio apostólico Andrés Carrascosa, la embajadora de la Unión Europea Jekaterina Doródnova, la coordinadora residente de la ONU en Ecuador, Laura Melo, y el embajador de Italia, Giovanni Davoli.
Según Jaramillo, la comitiva buscaba llevar ayuda humanitaria a familias afectadas por el conflicto en Imbabura.
“Esta comitiva fue recibida por violentos que no representan a los ecuatorianos. Fueron agredidos con bombas molotov, piedras, voladores y obstáculos en la vía para impedir que la ayuda llegue a la población de Imbabura”, dijo.
Las autoridades ecuatorianas aseguran que los incidentes no son manifestaciones pacíficas y los calificaron de “actos terroristas”. Los hechos coinciden con el octavo día de protestas convocadas por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), organización que ha rechazado la eliminación del subsidio al diésel, medida adoptada por el gobierno como parte de su agenda de ajuste.
El pasado domingo, la ciudad de Cotacahi, también en Imbabura, fue escenario de otro incidente violento en el que murió un manifestante. El Gobierno atribuyó la tragedia a un ataque contra un convoy humanitario y precisó que sus fuerzas “ejercieron el uso progresivo de la fuerza, en defensa de la gente del sector, que necesitaba el convoy con ayuda humanitaria”.
Jaramillo informó además que doce militares resultaron heridos y otros diecisiete permanecen en paradero desconocido, al denunciar la presunta retención de uniformados en el contexto de los disturbios.
El presidente de Conaie, Marlon Vargas, respondió a las acusaciones del Ejecutivo y aseguró que la organización no es terrorista ni recibe apoyo de grupos criminales o mafias.
“El verdadero terror lo ha impuesto el Gobierno con su represión contra el pueblo”, señaló Vargas durante una rueda de prensa. El líder indígena desconoció cualquier retención ilegal de personal militar y sostuvo: “No somos pueblos que secuestramos. Eso es solamente un invento para ingresar al territorio, asesinar y fusilar”.
Según Vargas, existen personas infiltradas procedentes del propio gobierno en las protestas, motivo por el cual solicitó una investigación sobre los hechos recientes.
El Ejecutivo ecuatoriano sostiene que los actos de violencia obstaculizan el acceso de ayuda humanitaria a las zonas afectadas y rechaza categóricamente cualquier posibilidad de reversión al retiro del subsidio al diésel.
Por su parte, la Conaie reiteró que las protestas continuarán y que tampoco está dispuesta a ceder en sus demandas centrales. Ambas posiciones abren un escenario de confrontación prolongada, mientras la mediación internacional y la presencia de delegados de la ONU, la Unión Europea y representantes diplomáticos buscan frenar la escalada de tensión.
Las movilizaciones que afectan a la provincia de Imbabura forman parte de una oleada de descontento social que ha complicado la situación política en Ecuador. Mientras el gobierno defiende la eliminación de subsidios como condición necesaria para el equilibrio presupuestario, las organizaciones indígenas denuncian un impacto negativo sobre miles de familias dependientes del transporte y la producción rural, que sufren el aumento de precios ante la carestía de combustibles.
(Con información de EFE)
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