Un manifestante indígena muerto, decenas de heridos y militares retenidos marcaron la jornada de este domingo en Ecuador, donde las protestas contra el aumento de los precios del combustible han escalado en violencia y desencadenado graves confrontaciones entre las comunidades indígenas y las fuerzas de seguridad.
La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) declaró un paro nacional indefinido tras el asesinato de Efraín Fuerez, de 46 años, en la provincia de Imbabura.
El hecho se registró este domingo en Cotacachi, al norte del país. Según denunció la Conaie, el comunero fue “acribillado con tres disparos” presuntamente realizados por miembros de las Fuerzas Armadas.
“Responsabilizamos a Daniel Noboa, exigimos una investigación inmediata y justicia para Efraín y su comunidad”, expresó la organización indígena en un mensaje divulgado junto al reclamo. Fuerez, padre de dos hijos, fue señalado por sus allegados como una figura clave en su entorno.
En redes sociales, la Conaie compartió un video que muestra a dos hombres tendidos en el suelo. Uno de ellos, según el relato, es la víctima fatal. El otro intenta auxiliarlo mientras, en la misma grabación, se advierte la presencia de uniformados que atacan a patadas a quienes permanecen en el asfalto.
Horas después del incidente, las Fuerzas Armadas informaron que 17 de sus efectivos permanecieron retenidos y 12 fueron heridos en el marco de los disturbios. El comunicado castrense indicó que el grupo custodiaba un convoy de alimentos en Cotacachi cuando resultó “violentamente emboscado por grupos terroristas infiltrados”.
La institución divulgó imágenes de soldados ensangrentados y un video donde uno de los militares, rodeado por una multitud, pide: “¡No me peguen!”.
La ministra de Gobierno, Zaida Rovira, calificó estos hechos como una “emboscada cobarde ejecutada por estructuras criminales -terroristas- que atacaron a nuestras Fuerzas Armadas”.
El gobierno atribuye parte de la responsabilidad de la violencia a la banda criminal venezolana Tren de Aragua, señalada por el presidente Daniel Noboa como factor detrás de las movilizaciones.
Noboa advirtió que quienes sean responsables de violar la ley durante las protestas enfrentarán cargos por terrorismo, penados con hasta 30 años de cárcel.
Las movilizaciones comenzaron el pasado martes, desencadenadas por un nuevo incremento en los precios de la gasolina y el diésel. La subida de los combustibles y la eliminación de subsidios provocaron históricamente movilizaciones similares en 2019 y 2022 durante los gobiernos anteriores. Los antecedentes marcan una fuerte capacidad de presión de la Conaie, que en el pasado ha logrado incluso la caída de varios presidentes entre 1997 y 2005.
Para intentar controlar la crisis, el Ejecutivo implantó un estado de excepción en ocho de las 24 provincias del país, y estableció toques de queda nocturnos en cinco de ellas. Las medidas excepcionales no frenaron el descontento. Manifestantes bloquearon carreteras usando barricadas y troncos, y confrontaron de forma directa a policías y militares en varios puntos del país.
La Conaie, a través de distintas publicaciones, acusó al gobierno de desplegar una “cacería sangrienta contra el pueblo”. Sostuvo que las fuerzas de seguridad “disparan balas reales, dinamita y armamento letal contra comunidades indígenas” e hizo un llamado urgente a organismos internacionales como las Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que monitoreen la situación.
También denunció interrupciones en la señal celular y en el acceso a internet en los sectores movilizados, lo que atribuye a un intento de silenciar denuncias y limitar la comunicación de quienes protestan.
Las cifras de la organización Alianza por los Derechos Humanos Ecuador reportan al menos 48 heridos y 100 personas detenidas desde el inicio de las manifestaciones. Advirtieron sobre la posibilidad de violaciones graves a los derechos humanos por el despliegue masivo de efectivos castrenses en Imbabura, donde fue muerto Fuerez.
La Fiscalía de Ecuador anunció la apertura de una investigación sobre la muerte del comunero indígena. Las autoridades judiciales buscan recopilar evidencia y esclarecer la responsabilidad en el uso de armas de fuego durante los enfrentamientos.
Las comunidades indígenas representan aproximadamente el 8% de la población ecuatoriana, estimada en 17 millones según el último censo, aunque dirigentes del movimiento afirman que estudios antropológicos elevan esa cifra hasta el 25%.
La tensión permanece elevada, con el paro nacional indefinido en curso y una respuesta gubernamental que combina advertencias penales, control estricto y operativos en las zonas de mayor conflicto. El desenlace de este nuevo ciclo de protestas podría definir el rumbo de las políticas de subsidio y las estrategias de diálogo entre el Estado y los movimientos sociales en Ecuador.
(Con información de AFP)
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