Un nuevo informe de Naciones Unidas que será presentado este martes en Ginebra alerta de un deterioro aún mayor de la situación en Nicaragua, señalando que ya no hay división de poderes, son persistentes las violaciones de derechos humanos, la represión y la censura, y se ha oficializado el paramilitarismo o el uso del ejército para evitar, por ejemplo, asambleas.
Las medidas comenzaron con la violenta represión gubernamental de las protestas de 2018. Desde entonces, la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo “ha transformado deliberadamente al país en un Estado autoritario”, según señaló un panel de expertos de la ONU en febrero.
Justo antes de esas declaraciones, una reforma constitucional terminó por desmantelar la división de poderes en el país.
El nuevo informe del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU al que tuvo acceso The Associated Press dibuja un panorama tremendamente preocupante en el que los poderes legislativo y judicial quedaron reducidos a “entidades coordinadas y subordinadas a la presidencia”, la fiscalía se convirtió en una oficina “bajo control presidencial directo” y se eliminaron “protecciones básicas de los derechos humanos”.
Denuncia “el reconocimiento constitucional de las fuerzas paramilitares, el uso institucionalizado de redes de informantes y vigilancia, y la aplicación indebida de delitos penales, que son amplios y vagos, a personas que simplemente ejercen sus derechos humanos o realizan su trabajo legítimo, como los defensores de los derechos humanos y los periodistas” con lo que “cualquier persona percibida como opositora por las autoridades puede ser objeto de represalias”.
Habla de “censura sistemática” de toda disidencia, de detenciones arbitrarias, torturas y violaciones al debido proceso, y denuncia los nuevos poderes de la presidencia para desplegar al ejército en el país, por ejemplo, para vigilar reuniones y asambleas.
En los últimos siete años la represión ha obligado a decenas de miles de personas a huir del país en busca de asilo, parte de los cuales han sido despojados de su nacionalidad, y al menos 1.894 organizaciones han sido ilegalizadas, entre ellas 850 organizaciones religiosas y más de 40 entidades educativas, incluidas universidades.
Por eso, la ONU, además de exigir a Ortega que cumpla con sus obligaciones en derechos humanos, pide a la comunidad internacional que apoye económicamente a la sociedad civil nicaragüense y a quienes han tenido que huir del país para evitar que sean devueltos a su nación. Eso podría pasar si sale adelante el plan de Estados Unidos, paralizado en agosto por sus tribunales, de eliminar el estatus de protección temporal para los nicaragüenses.
En mayo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) también alertó del empeoramiento de la situación en Nicaragua, junto con Cuba y Venezuela, sin que hiciera mella en la dictadura de Ortega y Murillo.
El pasado viernes, La CIDH otorgó medidas cautelares a favor de cinco opositores nicaragüenses detenidos y considerados críticos del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
Los beneficiados son Armando José Bermúdez Mojica, Olga María Lara Rojas, Pedro José López Calero, Jessica María Palacios Vargas y su hermano, el pastor evangélico Rudy Antonio Palacios Vargas. Estos cinco disidentes forman parte de los al menos 73 opositores y críticos del régimen sandinista que permanecen encarcelados en Nicaragua, y que organismos humanitarios reconocen como presos políticos.
En la resolución, fechada el 16 de septiembre, la CIDH explicó que otorgó las medidas tras concluir que los opositores enfrentan una situación de gravedad y urgencia, dado que sus derechos a la vida y a la integridad personal corren el riesgo de sufrir un daño irreparable en Nicaragua.
Según la parte solicitante, las detenciones ocurrieron el 17 de julio de 2025, cuando agentes de la Dirección de Operaciones Especiales de la Policía Nacional (DOEP) allanaron los domicilios de los opositores en Jinotepe, departamento de Carazo, “como represalia por su pertenencia a una familia opositora y crítica del Gobierno de Nicaragua”. Desde ese día, familiares y allegados afirman no tener información sobre su paradero ni su destino, hecho advertido por la CIDH.
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