Dos presuntos miembros del Tren de Aragua fueron detenidos en Ecuador durante las protestas por el aumento del diésel

Dos ciudadanos de nacionalidad venezolana, presuntamente integrantes del grupo criminal Tren de Aragua, figuran entre las decenas de personas detenidas en el contexto de las protestas que sacuden Ecuador tras el reciente aumento del precio del diésel.

De acuerdo a la información del Ministerio del Interior, más de medio centenar de personas fueron arrestadas este lunes en distintas zonas, mientras la policía y el ejército intentaban contener manifestaciones impulsadas por el movimiento indígena en rechazo a la medida gubernamental.

El ministro del Interior, John Reimberg, confirmó que los extranjeros fueron capturados junto a dieciocho personas más en el municipio de Otavalo, provincia de Imbabura, al norte del país, luego de que manifestantes atacaran un destacamento policial.

Según el propio funcionario, el incidente dejó dos policías heridos y causó “daños materiales significativos” en las instalaciones. “Esto es algo que nos llama la atención, qué hacen estos venezolanos en estas manifestaciones, qué están haciendo aquí en el país. Es un tema muy curioso y tenemos que investigar de qué se trata”, afirmó Reimberg durante una entrevista televisiva.

La presencia de supuestos miembros del Tren de Aragua en las protestas ha despertado preocupación, ya que Ecuador enfrenta desde inicios de 2024 un “conflicto armado interno” declarado por el presidente Daniel Noboa en el marco de operativos contra bandas delictivas nacionales y extranjeras.

Noboa ha catalogado oficialmente a este grupo como “terrorista”, junto a otras organizaciones internacionales como Hamas, Hezbollah, la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, facciones disidentes de las FARC y el denominado Cartel de los Soles.

El Tren de Aragua es una estructura criminal originada en Venezuela y señalada por su expansión regional. La designación formal de “terroristas” por parte del gobierno ecuatoriano otorga facultades excepcionales a las fuerzas de seguridad para la persecución de sus miembros.

“Tenemos que investigar si existe algún vínculo entre los extranjeros involucrados y los hechos violentos registrados durante las protestas”, indicó el ministro Reimberg, quien reportó enviados y refuerzos policiales en las zonas de mayor conflicto.

Las protestas fueron organizadas por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), la coalición social más grande del país. El objetivo central de la movilización fue exigir la derogación de la reciente eliminación del subsidio al diésel, que generó un aumento del precio por galón de 1,80 a 2,80 dólares. Las manifestaciones adquirieron especial relevancia en las provincias andinas de Imbabura y Cotopaxi, donde se reportó la mayor concentración de participantes y tensión en las calles.

En respuesta a las movilizaciones, el Gobierno trasladó de manera temporal la sede ejecutiva a Latacunga, capital provincial de Cotopaxi, cuyos accesos amanecieron militarizados para impedir el avance de los manifestantes. El Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi (MICC), filial activa de la Conaie, había anunciado su intención de ejercer presión hasta lograr que el presidente abandonara la ciudad. “El Gobierno ha enviado refuerzos para controlar la situación en Imbabura”, detalló Reimberg al referirse al despliegue policial.

La eliminación del subsidio al diésel tiene como meta liberar cerca de 1.100 millones de dólares anuales, que el Ejecutivo planea destinar a protección social y estímulos para pequeñas y medianas empresas. A pesar de esta justificación, líderes indígenas afirman que el aumento del combustible eleva el costo de vida para amplios sectores, especialmente vulnerables en el entorno rural. Ya en 2019 y 2022 el movimiento indígena encabezó protestas masivas que derivaron en la suspensión de medidas similares durante las gestiones de Lenín Moreno y Guillermo Lasso.

El presidente Noboa, sin embargo, aseguró recientemente que no habrá negociación sobre la eliminación del subsidio y advirtió consecuencias legales para quienes participen en actos considerados como terrorismo o violencia organizada.

“Quienes incurran en actos de terrorismo, bloqueos ilegales de vías y violencia organizada serán sancionados conforme a la ley”, declaró el mandatario en cadena nacional. A la par, la Fiscalía General indicó a través de un comunicado que intervendrá con “firmeza” para procesar posibles delitos surgidos en el marco de la actual ola de protestas.

Autoridades ecuatorianas se mantienen en alerta ante la posibilidad de que grupos delictivos intenten aprovechar el contexto de conflictividad social para infiltrar y manipular las manifestaciones. La investigación sobre la actuación de los venezolanos y otros detenidos continúa abierta, en medio de un clima de tensión por la presión social y los desafíos en materia de seguridad interna.

(Con información de EFE)