El gobierno de Ecuador, encabezado por el presidente Daniel Noboa, decretó un toque de queda nocturno en cinco provincias del país tras el aumento de protestas contra la eliminación del subsidio al diésel.
La medida, formalizada este jueves mediante un nuevo decreto ejecutivo, afecta a las provincias de Carchi, Imbabura, Cotopaxi, Bolívar y Chimborazo, con la finalidad de contener los bloqueos de carreteras y las manifestaciones registradas principalmente en regiones andinas del país.
El toque de queda restringe la circulación de personas y vehículos entre las 22:00 y las 5:00 del día siguiente. Durante esas horas, las fuerzas de seguridad están facultadas para detener a quienes transiten sin autorización. La disposición es uno de los principales instrumentos adoptados por el Ejecutivo ecuatoriano tras la convocatoria de un “paro nacional indefinido” por parte de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE).
La organización, que aglutina a los mayores colectivos indígenas y campesinos del país, rechaza las recientes decisiones gubernamentales que subieron el precio del diésel de 1,80 a 2,80 dólares por galón (3,78 litros).
La medida de excepción forma parte del Decreto Ejecutivo 146, con el que Noboa amplió el estado de excepción a la provincia de Chimborazo y reiteró la restricción de libertades para controlar las actuales jornadas de protesta. El decreto sostiene que “quienes circulen durante el toque de queda serán detenidos” y que las fuerzas del orden tienen autorización para intervenir en reuniones y manifestaciones públicas cuando exista una amenaza comprobada a la seguridad de la ciudadanía.
“El propósito del toque de queda es evitar la obstrucción de vías principales y salvaguardar los derechos fundamentales de los ciudadanos”, argumentó Noboa según el texto del decreto. El documento afirma que las protestas han obstaculizado el libre tránsito y han tenido impacto directo en la actividad social y comercial de las provincias afectadas.
Las provincias bajo toque de queda concentran un alto número de movilizaciones indígenas y bloqueos registrados en los últimos días, especialmente en áreas de importancia agrícola y de transporte.
“No vamos a abandonar la lucha hasta que se escuche nuestra demanda de justicia y de restitución de los subsidios al diésel”, afirmó el presidente de la CONAIE, Leonidas Iza.
Ante estos anuncios, el gobierno reiteró la permanencia de las restricciones al derecho de reunión y la acción coordinada entre Fuerzas Armadas y Policía Nacional.
El estado de excepción, vigente en ocho provincias durante 60 días, incluye la posibilidad de suspender reuniones públicas y desarticular posibles concentraciones vinculadas a las protestas.
“Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional pueden impedir y desarticular reuniones en espacios públicos donde se identifiquen amenazas a la seguridad”, destaca el texto.
Además, la autoridad mantiene la facultad de ampliar o reducir las restricciones dependiendo del desarrollo de los acontecimientos.
La decisión del Ejecutivo se produce en un contexto de alta tensión social y política, con advertencias desde organizaciones de derechos humanos sobre posibles excesos en la aplicación de la fuerza pública.
Hasta el momento se han producido varios arrestos ligados a bloqueos de vías, sin reportarse enfrentamientos de gran magnitud, aunque persiste el riesgo de escalada mientras las demandas sociales no sean atendidas.
El gobierno no informó cuándo se prevé levantar el toque de queda ni si dialogará con la dirigencia indígena para buscar salidas a la crisis. Los organismos multilaterales con presencia en Quito monitorean el desarrollo de los acontecimientos y advierten sobre el posible impacto en la estabilidad democrática y la economía ecuatoriana.
(Con información de EFE)
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