Unos 60.000 presos en Cuba, casi la mitad de su población penitenciaria estimada, están sometidos a trabajos forzados, en su mayoría sin salario y en unas condiciones “inhumanas y explotadoras” por motivos “económicos y punitivos”, denunció este lunes la ONG Prisoners Defenders.
El Primer Informe Integral sobre el Trabajo Forzoso en las Prisiones en Cuba, de 42 páginas, se basa en unas 160 entrevistas, de las que 53 fueron tabuladas y firmadas como declaración jurada, además de en otras fuentes documentales.
“Nos hemos encontrado una situación terrible. No tiene otro nombre que esclavitud”, aseguró en la presentación virtual del informe el presidente de Prisoners Defenders, Javier Larrondo, quien habló de “aberración” y algo “realmente repugnante”.
El texto habla de “condiciones de esclavitud” en “una desconexión absoluta e impune de la legislación internacional y cualquier derecho laboral”, y denuncia que la isla “consolida el trabajo forzoso” como “motor económico” y exporta su producción a Europa.
El documento de esta ONG, referente en el registro de presos por motivos políticos con Cuba, asegura que la gran mayoría de los afectados no firma un contrato laboral ni recibe un salario, o este es meramente simbólico, al no superar los cuatro dólares al mes.
Subraya que los presos, tanto políticos como comunes, trabajan un promedio de 63 horas semanales principalmente en la producción de carbón vegetal de marabú, en la zafra de caña de azúcar, la elaboración de tabacos y en la construcción.
La inmensa mayoría declara trabajar sin herramientas adecuadas, protección laboral o descansos suficientes, sometidos a grandes riesgos y haber sufrido, en consecuencia, “graves deterioros físicos y psicológicos”.
Además, todos los encuestados afirman haber sido coaccionados a trabajar mediante amenazas, violencia física o represalias, y la gran mayoría señala que fueron obligados a trabajar independientemente de padecer enfermedades crónicas o lesiones incapacitantes para esas funciones.
El estudio indica asimismo que los afrodescendientes y las mujeres están desproporcionadamente representados entre las víctimas del trabajo forzoso en prisiones cubanas y sufren formas agravadas de discriminación y violencia (incluida la sexual).
Exportación a Europa
El informe de Prisoners Defenders detalla que gran parte de esta producción por trabajo forzado es carbón vegetal de marabú, una mala hierba invasora cuyas ramas leñosas son especialmente apreciadas una vez quemadas en condiciones controladas.
Cuba exportó en 2023 un total de 61,8 millones de dólares de carbón vegetal, lo que convierte a este renglón en su sexto mayor rubro exportador y a la isla en su noveno mayor productor mundial.
El carbón vegetal cubano, prosigue el informe, se exporta a países europeos, principalmente a España, pero también Portugal, Grecia, Italia y Turquía. España a su vez vende gran cantidad de este material a Francia, Italia, Alemania, Países Bajos y Reino Unido.
El informe de Prisoners Defenders calcula que de cada saco de 15 kilos vendido en España, un recluso cubano recibe menos de 1 centavo de dólar en promedio, mientras los comercializadores en España perciben algo más de 21 dólares y la dictadura cubana cerca de 8.
La ONG argumenta que la única motivación de la dictadura cubana y a los comercializadores europeos es un “desmedido ánimo de lucro”, e insta a la Unión Europea (UE) a actuar con la diligencia debida y prohibir el comercio de “un producto de la esclavitud”.
El estudio cita además a 60 empresas europeas que comercializan carbón vegetal de marabú de origen cubano, de las que algo más de un tercio son españolas.
También denuncia el informe de Prisoners Defenders que al menos un 7,5 % de los puros cubanos se elabora por reos forzados a trabajar, incluidos los que se exportan al resto del mundo con marcas reconocidas como Cohiba.
“El comprador tiene una responsabilidad directa en el trabajo forzoso (…), ha pasado desapercibido a todo el mundo, pero es algo muy grave que tenemos que corregir", afirmó Larrondo.
A juicio del presidente de Prisoners Defenders, la comunidad internacional tiene “una responsabilidad” y hay leyes en Europa que prohíben comercializar productos del trabajo esclavo.
(Con información de EFE)
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